Un día después de ser expulsada del piso en el que vivió durante 71 años, Maricarmen no tiene dónde dormir. Ha pasado su primera noche en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid en un delicado estado de salud y no ha podido recoger sus pertenencias. Salió únicamente con una sábana y en camilla, una imagen desoladora que se ha convertido en la chispa de una gran movilización social y que ha encendido también la batalla política sobre la vivienda, primera preocupación para los españoles según las encuestas.
El hartazgo y la indignación se hicieron patentes tan solo unas horas después del desalojo de esta anciana de 87 años, cuando miles de personas salieron a las calles en 12 ciudades en una protesta prácticamente improvisada. En Madrid, la concentración convocada por el Sindicato de Inquilinas frente al polémico ático adquirido por la Comunidad de Madrid llegó a sacar a la calle a unas 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno.
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha reclamado precisamente que este caso "sirva de ejemplo y permita poner de relieve una realidad vergonzosa que estamos viviendo desde hace muchísimos años en nuestro país: se desahucia a las personas diariamente sin alternativa habitacional y no se regula ni se legisla para garantizar el derecho a la vivienda", ha apuntado en RNE.
El desahucio de Maricarmen: "Espero que sea el motor que ponga de relieve una realidad vergonzosa"
44 desahucios al día
Aunque el desahucio de Maricarmen ha sido especialmente mediático, no es, ni mucho menos, una realidad aislada. En el primer trimestre de 2026 se dieron, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 4.005 desahucios, una media de 44,5 al día. Son un 45% menos que en el mismo periodo del año anterior, y es el número más bajo en más de una década, aunque aquí solo computan los que tienen resolución judicial, ha aclarado el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Fernando de los Santos, en TVE. No se contabilizan, por ejemplo, los casos de inquilinos que reciben un burofax y dejan sus casas silenciosamente.
Los más numerosos, un 65%, se producen por impago de alquiler, en medio de una subida de precios que parece no tocar techo. La ley de vivienda permite topar los precios, pero esto solo se ha aplicado en Cataluña y parcialmente en el País Vasco, Navarra y Galicia. No en la Comunidad de Madrid, donde el precio por metro cuadrado es el más caro de España.
Casi el 65 % de los desahucios en España se deben al impago del alquiler
Las administraciones, entretanto, se culpan las unas a otras: el Ministerio de Vivienda a la Comunidad de Madrid y viceversa. De los Santos ha recordado que los desahucios no son "una inevitabilidad natural". "Hay unos responsables directos, no se pueden pasar la pelota". En primer lugar, ha señalado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que "debe dimitir" por un operativo policial "violento" y desmedido, con 12 furgones policiales y más de 100 efectivos.
Pero también ha mencionado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que "se está comprando un ático y tenía dinero de sobra" para comprar el piso de Maricarmen y que "se reúne con fondos buitre"; al alcalde, José Luis Martínez Almeida, por no ofrecer una solución habitacional alternativa, y al Gobierno central. Concretamente al PSOE, que se abstuvo cuando el Congreso debatió el pasado 15 de septiembre una proposición de Sumar para prohibir la compra especulativa por parte de fondos buitres.
Está asimismo en el foco la sociedad propietaria del piso de Maricarmen, Urbagestión, que ha rechazado todas las ofertas que se les han trasladado, incluida la compra del piso o pagar la renta "que ellos quisieran", según ha denunciado la abogada de esta vecina del barrio de Retiro. Este mismo jueves el escritor y músico James Rhodes ha desvelado en TVE que se ofreció a pagar el alquiler o incluso adquirir el inmueble. Pero "se negaron a todo": "Es de comportarse como tiburones", ha lanzado. "Este fondo no ha querido negociar absolutamente nada, lo que querían es lo que pasó ayer, que se ejecutara el desahucio", ha lamentado Duro.
James Rhodes ofreció a Urbagestión pagar el alquiler o comprar el piso de Maricarmen: "Se negaron a todo"
La vivienda vuelva a la primera línea política
La expulsión de Maricarmen también ha provocado todo un terremoto político, devolviendo la vivienda a la primera línea del debate tras meses opacada por la crisis en Ceuta o los casos de corrupción. En el desahucio estaban presentes líderes de Sumar, Podemos, ERC o Compromís, y el asunto llegó hasta Nueva York, donde se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participando en la Asamblea General de la ONU.
Allí, Sánchez calificó de "tragedia social" la expulsión de esta vecina del barrio de Retiro de Madrid, culpó a los grupos que tumbaron en varias ocasiones el decreto de prórroga de los alquileres -PP, Vox y Junts votaron en contra-, y prometió aprobar un nuevo decreto "cuanto antes".
Este jueves, el socio minoritario de Gobierno, Sumar, ha elevado la presión y ha exigido al PSOE llevar el decreto al Consejo de Ministros del próximo martes, así como expropiar la vivienda en la que vivía Maricarmen. Y si la ministra de Vivienda culpaba el miércoles a Ayuso por no dar una respuesta a la anciana desahuciada, hoy la presidenta madrileña ha cargado contra el Gobierno. "Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan en España al año, a manos de la Policía que gestiona Sánchez", y en cumplimiento de "unas leyes que este gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas".
Mientras, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones "que se adopten medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables". El desalojo de Maricarmen "confirma que existen deficiencias, incluso legales, que habría que subsanar lo antes posible", pide en una carta, y en la que también requiere que los distintos gobiernos "ofrezcan soluciones inmediatas cuando se produzcan situaciones como la vivida por María del Carmen Abascal". "Se constituye como una referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder", remata.
El caso ha adquirido tal relevancia que hasta el relator de Vivienda de Naciones Unidas, Koldo Casla, se ha pronunciado para denunciarlo. "No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa", ha escrito en redes. "No debe producirse un desahucio sin alternativa habitacional", ha añadido.
¿Es el decreto la solución?
Tanto el PSOE como Sumar se encomiendan al decreto de vivienda tumbado en abril, que prorrogaba los alquileres e impedía los desahucios. Pero Beatriz Duro, la abogada de Maricarmen, ha criticado que "ninguno" de los decretos aprobados desde la pandemia "ha sido suficiente para paliar la situación grave que vive el país". Desde 2020 hasta 2025 ha habido decretos que han suspendido desahucios en algunas circunstancias, pero han sido "parches que se han puesto porque no se ha legislado para proteger el derecho a la vivienda".
"Lo que hay que hacer son medidas públicas que permitan dar alternativas habitacionales, construir vivienda pública y regular los precios de los alquileres. Que personas con trabajo no puedan pagar el alquiler carece de sentido", ha afirmado.