Miles de personas se han concentrado en una docena de ciudades españolas para protestar contra el desahucio de Maricarmen. Las movilizaciones, convocadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, han denunciado el lanzamiento judicial al tiempo que exigían responsabilidades políticas.
Bajo el lema "Nos vemos esta tarde! Si nos quieren fuera de nuestras casas, nos tendrán enfrente", las organizaciones llamaban a salir a las calles para combatir los ataques al derecho a la vivienda, la especulación inmobiliaria y la inacción institucional.
Convocatorias simultáneas en doce ciudades
En Madrid, la concentración principal comenzaba a las 19:00 horas frente al inmueble donde se ubica el polémico ático de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Cerca de 10.000 personas, según datos de la Delegación de Gobierno, se manifestaban al grito de "vergüenza", "fuera fondos buitre", "el ático para Maricarmen" y "Ayuso dimisión", tras el desahucio de la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.
Los manifestantes han conseguido cortar la calle con pancartas en las que se podía leer "fondos buitres fuera de nuestras ciudades" y megáfonos al grito de "Maricarmen no estás sola". Además, han lanzado bengalas y humo con los colores rojo y amarillo.
A la protesta se han unido diferentes sindicatos, colectivos de todas las edades, estudiantes y representantes de la oposición como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, así como los líderes de Podemos Ione Belarra, Pablo Fernández e Irene Montero.
Durante la tarde también ha habido protestas ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en Barcelona con la presencia de unas 1.500 personas según los organizadores y 250 según los Mossos. En Oviedo, la participación se estima en torno a 200 manifestantes. También ha habido concentraciones en Cádiz, Valencia, Palma, Huelva y Málaga. Asimismo, las movilizaciones se han repetido en Sevilla y en Ávila. El calendario de protestas también ha reunido a cientos de personas en Toledo y Guadalajara.
Exigencias al Ejecutivo y choque normativo
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha criticado al Gobierno central por mantener paralizado el Real Decreto-Ley de Vivienda anunciado en junio. Los colectivos han señalado la responsabilidad de PP, Vox y Junts, que votaron en contra de la moratoria antidesahucios y tumbaron el decreto que permitía prorrogar los contratos de alquiler.
Por ello, exigen al Gobierno el desbloqueo inmediato del decreto y piden a los grupos parlamentarios que garanticen su aprobación antes de que finalice la legislatura. En respuesta, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado que el Ejecutivo ha llevado tres veces al Parlamento la prohibición de los desahucios, siendo rechazada por la Cámara. Rodríguez ha instado a aprobar cuanto antes una nueva propuesta para paralizar los lanzamientos de forma permanente. No obstante, el sindicato ha reprochado a la ministra que utilice este caso para eludir responsabilidades y culpar únicamente al Ejecutivo regional madrileño.
El desahucio coincide con la celebración en Madrid de un congreso internacional sobre inversión inmobiliaria. Frente a este evento, el Sindicato de Inquilinas celebrará del 24 al 27 de septiembre una contracumbre internacional de vivienda que reunirá a un centenar de organizaciones de diversos países para reforzar la lucha contra la especulación y defender el derecho a la vivienda.
Traslado al hospital entre muestras de apoyo
El desahucio concluyó la mañana de este miércoles con la salida de Maricarmen en camilla, asistida por el personal sanitario. En ese momento, las personas concentradas arroparon a la anciana entre gritos de "no estás sola" y proclamas de "asesinos" dirigidas al dispositivo policial. La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón.
El Sindicato de Inquilinas denunció en redes sociales que la propiedad rechazó una oferta de alquiler que habría permitido a Maricarmen continuar en su hogar. Según la organización, una donante anónima estaba dispuesta a aportar la suma necesaria para completar la renta exigida. A pesar de contar con esta solución sobre la mesa, la propiedad rehusó el acuerdo y se consumó la expulsión de la inquilina.
Un desalojo marcado por la tensión y el despliegue policial
La ejecución comenzó a primera hora en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. La comisión judicial llegó al inmueble a las 9:30 horas, donde desde la noche anterior permanecían activistas del Sindicato de Inquilinas acompañando a Maricarmen.
A las puertas del edificio se congregaron cientos de personas para intentar frenar el desahucio. La Policía Nacional estableció un cordón de seguridad con decenas de agentes y cerca de una decena de vehículos, junto a efectivos del Samur Social. La línea policial impidió el acceso y, al principio, vetó la entrada a los medios de comunicación.
Casi el 65 % de los desahucios en España se deben al impago del alquiler
Fuentes del Ministerio del Interior explicaron después que se priorizó la seguridad y que se ordenó permitir el trabajo periodístico dentro del perímetro. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid se desmarcó del operativo, señalando que la Policía actuó por mandato judicial y expresando su oposición al desahucio.
Durante la mañana se vivieron momentos de tensión, empujones y enfrentamientos que derivaron en cargas policiales. Los agentes retiraron a los manifestantes sentados frente al portal. Una vez despejado el acceso, emplearon un ariete para forzar la puerta de entrada al edificio. Tras acceder al interior, los sanitarios del Samur subieron a la vivienda, donde permanecían únicamente allegados de la anciana y cuatro integrantes del sindicato.