El Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA) —creado por la Iglesia Católica en España— ha cumplido su primer año de trabajo con un balance de 39 dictámenes de reparación integral resueltos de un total de 89 solicitudes recibidas. Las indemnizaciones económicas, que oscilan entre los 3.000 y 100.000 euros, están destinadas a víctimas de abusos sexuales en casos donde la acción penal ha prescrito o la justicia formal no puede actuar.
La Iglesia española indemniza a 39 víctimas de abusos sexuales
El organismo, compuesto por profesionales independientes del ámbito jurídico y terapéutico, ha recibido 89 solicitudes desde febrero de 2025. De estas, 32 pertenecen a casos en diócesis y 57 a congregaciones religiosas. Según la comisión, el resto de los casos están a la espera de recibir los informes de las instituciones eclesiásticas correspondientes para poder dictaminar. La resolución de cada caso, una vez recibida la documentación, se realiza en un plazo no superior a tres meses.
Los Jesuitas en Cataluña registran 145 denuncias por abusos sexuales a menores desde 1948
Indemnizaciones a las víctimas y recomendaciones a la Iglesia
La reparación integral que ofrece el plan abarca tres aspectos clave: una indemnización económica por el daño moral, otra retribución económica para cubrir los costes presentes y futuros de los tratamientos psicológicos o terapéuticos, y una serie de recomendaciones para que la institución eclesiástica afronta el proceso de acompañamiento a la víctima.
El Plan PRIVA está dirigido a víctimas de abusos sexuales a menores de edad o personas con discapacidad intelectual. La vía para solicitar la reparación es a través de un formulario en la web 'Para dar Luz'. El dictamen final con la propuesta de reparación se envía a la autoridad eclesial responsable y, si no se puede llevar a cabo, la Conferencia Episcopal Española o CONFER son las encargadas de responder de manera subsidiaria.
La comisión asesora de PRIVA está formada por diez miembros, entre los que se encuentran un representante de la Conferencia Episcopal Española y uno de CONFER, además de ocho profesionales independientes que trabajan de forma voluntaria para garantizar la "independencia y el rigor" en el proceso de reparación.