El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre inteligencia artificial, y que pretende facilitar que los usuarios puedan diferenciar fácilmente los contenidos que son reales de los que son virtuales, además de evitar el uso perverso de esta tecnología.
El texto, que se tramitará por la vía de urgencia, seguirá ahora los trámites preceptivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado la trascendencia de la futura Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, y se ha referido a la IA como un "poderoso" instrumento que puede favorecer el crecimiento económico, la lucha contra muchas enfermedades o el desarrollo de nuevos fármacos; pero también una herramienta para difundir bulos, expandir el odio y atacar a la democracia.
Adaptación del reglamento europeo
El anteproyecto establece una serie de obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial de acuerdo con la clasificación recogida en el reglamento europeo, que ha entrado recientemente en vigor. Una de las prohibiciones más importantes que establece es la del uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, por ejemplo la identificación de perfiles con adicciones para incitarles a consumir.
Igualmente, impide la explotación de vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica para alterar comportamientos causando un daño grave; así como la clasificación biométrica de las personas por raza u orientación política, religiosa o sexual. También, la puntuación de individuos o grupos como método de selección para denegar ayudar o préstamos; o la detección de emociones en el trabajo para promociones o despidos, entre otras.
Estas prácticas podrán ser sancionadas con multas u otras medidas adicionales a partir del 2 de agosto de 2025. Para estos usos, considerados como "prohibidos", las sanciones oscilarán entre los 7,5 y los 35 millones de euros, o entre el 2% y el 7% del volumen de negocio mundial, si esta última cifra es superior.
Además, se regulará el uso de la inteligencia artificial en sistemas de alto riesgo, como los incorporados a sistemas industriales, juguetes, transportes, sanidad, infraestructuras críticas, educación, empleo, migración, justicia o procesos democráticos.
Estos sistemas deberán cumplir una serie de obligaciones y, en caso de incumplimiento, se exponen a sanciones en función de su gravedad. Por ejemplo, las infracciones muy graves se castigan con multas de entre los 7,5 y los 15 millones de euros o hasta el 2% y el 3% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior; y las graves, entre 500.000 euros y 7,5 millones de euros o entre el 1% y el 2% del volumen de negocio mundial.
Evitar la ultrasuplantación o deepfake
La nueva ley considerará infracción grave no cumplir con la obligación de etiquetar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo generado o manipulado con inteligencia artificial y que muestren a personas reales o inexistentes diciendo o haciendo cosas que nunca han hecho o en lugares donde nunca han estado, lo que constituye una ultrasuplantación (conocida como deepfake).
El ministro Óscar López ha dado los principales detalles de esta nueva norma y ha explicado que se trata de la "tercera pata" que completa ese "gran escudo europeo" que defiende los "derechos digitales en un contexto como el actual", después de los anteproyectos de ley que regulan los servicios digitales y los medios de comunicación. Así, ha señalado que este texto busca proteger los derechos digitales "frente a un uso negativo" de la inteligencia artificial y lo hace "identificando prácticas prohibidas y también sistemas de alto riesgo".
Las autoridades encargadas de vigilar los sistemas prohibidos serán la Agencia Española de Protección de Datos para sistemas biométricos y gestión de fronteras; el Consejo General del Poder Judicial para sistemas de IA en el ámbito de la justicia, la Junta Electoral Central para sistemas que IA que afecten a procesos democráticos y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) en el resto de los casos.
La aprobación de este anteproyecto en el Consejo de Ministros se ha producido varios días después de que el PP haya difundido a través de las redes sociales dos vídeos creados por inteligencia artificial; el primero, titulado "La isla de las corrupciones", fue publicado y después eliminado tras las protestas de la República Dominicana, y en él, y sobre imágenes del país caribeño, se cargaba contra el PSOE y los presuntos casos de corrupción que afectan al partido.
En el segundo, que el PP tituló "La manifestación que no verás hoy" (publicado el 8-M; Día de la Mujer) se suceden imágenes virtuales de varios dirigentes o exdirigentes de la izquierda y de la esposa del presidente del Gobierno, y entre ellas una de Pedro Sánchez junto al exministro José Luis Ábalos con un "catálogo" de mujeres.
La IA podría elevar el PIB español un 8%
El ministro para la Transformación Digital también ha indicado, que de acuerdo con distintos informes independientes y sectoriales, el PIB de España podría crecer un 8% solo con la inteligencia artificial en los próximos 10 años, lo que supone 100.000 millones de euros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro ha esbozado las líneas generales de un informe sobre la implementación de la IA en España.
En este contexto, ha destacado la estrategia de impulso de la IA en España desde 2020. A este respecto, ha apuntado que el centro de supercomputación de Barcelona está entre los 10 ordenadores más poderosos, que España ha sido seleccionada como una de las siete fábricas de IA en Europa y que Alia, la nueva herramienta de IA en España que ofrece un lenguaje propio, ya está en marcha.
Ha indicado que se está abordando en un caso sanitario con la Asociación Española de Cardiología en la investigación de los diagnósticos y tratamientos de la insuficiencia cardíaca, también con Hacienda para acelerar los trámites, al tiempo que se están estudiando decenas de casos de uso de los distintos ministerios y que ya se han seleccionado 20 para mejorar la calidad y velocidad del servicio.
Asimismo, ha apuntado que se han transferido a las comunidades autónomas 223 millones de euros para aplicar la IA en la sanidad, que el 'kit digital' que ha beneficiado a 645.000 pymes y autónomos, que se están haciendo inversiones tecnológicas estratégicas en el sector privado de la mano de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. También ha recordado que España ha aprobado una carta de derechos digitales y cuenta con la agencia estatal Aesia (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial).