La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont al manifestar que "no se emplearon fondos europeos" ni hubo enriquecimiento personal, como sostiene el juez Pablo Llarena, mientras que su defensa ha insistido en que el Alto Tribunal no es el órgano competente para aplicarle la ley, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), puesto que es diputado del Parlament catalán.
Esta postura se ha expresado en una vista pública en el Tribunal Supremo para revisar los recursos del expresidente catalán y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión de Llarena que rechazó perdonarles el delito de malversación. En ese mismo auto acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.
A la tesis del Ministerio Público se ha sumado también la Abogacía del Estado y los letrados de los procesados.
La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido estimar los recursos. En su opinión, "decir que los actos fueron conducidos a obtener un beneficio patrimonial es cuando menos sorprendente" porque "nadie dijo que fuera encaminado" a ello.
Además, en contra del criterio del juez y de la Sala, "no han sido empleados fondos europeos de la UE" y "no se ha producido merma alguna en el presupuesto europeo", que era otro de los argumentos para no aplicar la amnistía a los líderes del 'proces', ya que "los fondos pertenecían exclusivamente a la Generalitat y esto está acreditado".
En la misma línea se ha pronunciado la Abogacía del Estado, quien también ha defendido que hay que aplicar la amnistía porque no hay beneficio personal de carácter patrimonial.
La defensa insiste en que el TS no es competente
Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont y Toni Comín, Gonzalo Boye, ha sostenido en la vista que el Supremo no es competente para aplicar la Ley de Amnistía a los procesados del 'procés', ya que en la actualidad el primero no es eurodiputado y al segundo no se le reconoce tal condición. "Esta facultad y deber de aplicación de la ley corresponde al TSJ de Cataluña y no a la Sala Segunda del Supremo, (...) porque Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña", ha sostenido.
Al hilo, el letrado ha señalado que "a estas alturas no es necesario entrar en un gran debate sobre la aplicación o inaplicación de la Ley de Amnistía". "Podemos acogernos al voto particular de Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada", ha añadido. Con todo, ha incidido en que cualquier decisión que adopte el Supremo "conllevaría la vulneración del juez preestablecido por la ley", porque debería pronunciarse el TSJ catalán.
En la sesión también ha estado presentes la acusación popular ejercida por Vox. Para la letrada de la formación de Santiago Abascal, Marta Castro, hubo "financiación ilegal" porque, ha defendido, "no se pueden utilizar fondos públicos con fines políticos ilícitos".