El juzgado de Catarroja que instruye la investigación sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre en Valencia ha citado como investigados a la entonces consellera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat en aquella fecha, Emilio Argüeso.
Ambos, cesados a finales de noviembre y principios de diciembre, tendrán que declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia en una fecha todavía por determinar. Sin embargo, por el momento la magistrada ha rechazado citar como investigado ni como testigo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sin perjuicio de que pueda solicitarlo voluntariamente.
A la vista de la instrucción realizada hasta el momento y de las peticiones de diligencias que han realizado algunas de las partes, la juez ha decidido comunicar al jefe del Consell -que es aforado y solo podría citarle el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)- la presente resolución para que tenga conocimiento de las actuaciones, conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y pueda solicitar su personación.
Asimismo, ha inadmitido a trámite la querella presentada contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y otros cuatro cargos de la CHJ, ante la "inexistencia de indicios" contra ellos.
La jueza llama a declarar a los dos imputados como "partícipes en el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población" y señala que, por el momento, se atribuye ese proceso de adopción "a la máxima autoridad", la consellera "que tenía en dicho momento atribuido dichas facultades, así como por su relevancia orgánica y por ende decisoria" al secretario autonómico.
Así lo ha decidido en dos autos notificados este lunes a las partes personadas en el procedimiento. En la primera de las resoluciones, la instructora eleva a 225 el número de víctimas mortales, junto a tres personas desaparecidas, que incluirá estas diligencias previas. Se trata de las primeras citaciones como investigados que acuerda la instructora.
Pradas asegura que busca "poder ayudar a que se conozca la verdad"
En un comunicado emitido horas después de hacerse público los dos autos de la jueza y al que ha tenido acceso RTVE, Pradas ha asegurado que se personará en el procedimiento "a fin de tener conocimiento de lo instruido y de las resoluciones dictadas durante varios meses y hasta la fecha, dado que lo único que conocemos es lo publicado por los medios".
La exconsellera ha expresado que "siempre" estará en disposición de "poder ayudar a que se conozca la verdad" sobre la gestión de la catástrofe en unas horas y unos días que describe como "muy duros" en los que estuvo "desde el primer momento hasta el último atendiendo las funciones institucionales" que le correspondían.
Sin embargo, ha asegurado que "por respeto a las víctimas, a los damnificados y a la instrucción judicial" no se pronunciará de nuevo hasta el momento de su declaración.
La Generalitat señaló a Pradas como responsable
La Generalitat Valenciana trasladó a la jueza que investiga la gestión de la dana del pasado mes de octubre que la decisión de mandar la alerta correspondió a la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, que estaba a cargo del Cecopi.
Horas antes de que expirase el plazo de cinco días que había dado la magistrada a la Generalitat para responder quién ordenó enviar el SMS de alerta a las 20.11 del 29 de octubre, el Gobierno de Carlos Mazón ha asegurado que Pradas dirigía el centro de coordinación de emergencias en el momento del envío y que además la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se encontraba allí formando también parte del comité.
La jueza de Catarroja no imputa a Mazón por su condición de aforado pero le ofrece declarar voluntariamente
La juez admite por tanto la querella interpuesta por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud respecto a ambos ex responsables autonómicos mientras que la rechaza respecto a los otros querellados: el director general de Emergencias, una jefa de servicio, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y el presidente de la CHJ.
El aviso fue "tardío y erróneo"
La instructora del caso ha reiterado en este auto que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20.11 horas del 29 de octubre "fue tardío y erróneo"; señala que la dana "no fue un fenómeno meteorológico imprevisto", ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.
A juicio de la magistrada, esas previsiones "debieron llevar a una convocatoria en la mañana" de ese día del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), "al objeto cuanto menos de avisar a la población".
El auto desgrana la información oficial y detallada sobre la alerta meteorológica que ofreció durante toda la jornada la televisión autonómica À Punt, incluidas diversas conexiones en directo desde localidades afectadas como Chiva o Utiel, donde se daba cuenta minutos después de las 15.00 horas del desbordamiento del barranco del Gallo (que toma caudal abajo el nombre del Poyo) o del río Magro, respectivamente.
Los anuncios sobre la situación, notificados "con antelación suficiente"
De este modo, para la titular del juzgado, la convocatoria del Cecopi, a las 17.00 horas de ese día, "se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor".
Según la magistrada, el Cecopi "es un órgano de coordinación" en materia de emergencias con otras administraciones, pero "ello es completamente independiente de las decisiones que se pueden tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación a la población de las medidas de protección".
La juez entiende que los anuncios sobre la "gravedad de la situación" se produjeron "en diversos ámbitos y con una antelación suficiente", a través de Aemet, las llamadas al teléfono de emergencias de la Generalitat 112, los medios de comunicación o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
"El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios (...) sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (...) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión", afirma.
El Gobierno considera "demoledor" el auto
Horas después de darse a conocer este auto, el Gobierno lo ha calificado como "demoledor" para el Consell y espera que se aclare lo que ocurrió en la tragedia.
Así lo ha expresado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a su llegada al acto en el Congreso: "Máximo respeto con las investigaciones judiciales, las instrucciones de las mismas y que se aclare todo lo que ocurrió, aunque el auto es demoledor", ha resumido.
Al hilo de esta cuestión, Torres ha recordado que él ya dijo "claramente" que el día de la dana a las ocho de la mañana "ya había un aviso rojo" y que estábamos ante una situación que "requería evitar desplazamientos porque la situación podía ser, como finalmente fue, catastrófica".
Sobre el auto de la jueza también se ha pronunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que igualmente cree que el "demoledor" auto "deja al PP aún más a los pies de los caballos" y ve "inaudito" haya hecho falta que sea un juez quien diga todo esto cuando a su juicio era "claro y cristalino desde el primer momento".