La Fiscalía Anticorrupción cree que hay "poderosos indicios" de que el exministro José Luis Ábalos cometió un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias, por beneficiarse de que la 'trama Koldo' le pagara a su expareja el piso de Plaza de España en Madrid, así como la casa de Cádiz y el dinero que el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama le dio a su exasesor Koldo García.
Así lo ha indicado en su escrito de respuesta al recurso que puso Ábalos por las medidas cautelares que le impuso el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga el caso Koldo y al que ha tenido acceso RTVE.
"Baste señalar, en lo que se refiere solo al delito de cohecho, que el disfrute por la pareja del entonces ministro de una vivienda pagada por el entorno de Víctor de Aldama, el alquiler con opción de compra de un chalet previamente adquirido al efecto a instancias del referido Víctor de Aldama y hasta la entrega en metálico de importantes cantidades una vez más por Víctor de Aldama a Koldo García, asesor --más bien, "asistente", en palabras del propio aforado-- para su reparto o satisfacción de distintas necesidades de Ábalos Meco constituyen poderosos indicios de entrega de las dádivas o favores que integran este tipo delictivo", apunta.
Para la Fiscalía, se trata de "delitos de indiscutible gravedad que exigen activar, al menos", las medidas cautelares que han sido ya acordadas por el magistrado instructor Leopoldo Puente: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante la justicia.
Para evitar que pueda "sustraerse de la acción de la Justicia"
Anticorrupción entiende que dichas medidas son necesarias para que Ábalos "no pueda sustraerse a la acción de la Justicia" y comparezca en la causa "cuando fuere llamado". A su juicio, son medidas "plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria", como señala el magistrado.
En el marco de su escrito, el Ministerio Público recuerda los argumentos de Ábalos para pedir que se levantaran dichas medidas cautelares. "Plantea el recurrente que hasta la fecha ha comparecido a declarar voluntariamente y no ha dado muestras de pretender sustraerse a la acción de la Justicia, circunstancias que, junto al hecho notorio de su condición de diputado, han sido tenidas en cuenta por la Fiscalía para no solicitar otras medidas más restrictivas de su libertad", señala.
Este miércoles, el instructor confirmó su decisión de mantener la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte, aunque accedió a permitir que el ahora diputado del Grupo Mixto comparezca quincenalmente ante el Supremo o ante el Juzgado Decano de Valencia, localidad en la que reside.
Ineco traslada al fiscal que existió actividad laboral de la expareja de Ábalos
En relación con la declaración como testigo de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, en la que afirmaba que Ineco, la empresa donde ejercía como su superior el hermano de Koldo, Joseba García, que estuvo contratada pero "nunca la llamó para trabajar" y que durante dos años "no hizo nada" mientras cobraba "unos 1.060" euros al mes, la compañía ha puesto a disposición del fiscal documentos que según asegura demuestran que existió actividad laboral por su parte.
La empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes, ofrece al fiscal una relación de documentos como el contrato laboral, los registros de control horario, la solicitud de vacaciones y los cursos internos de formación que realizó, según escrito al que ha tenido acceso RTVE.es.
También ofrece certificaciones mensuales de los trabajos realizados por Ineco, revisados, aprobados y abonados por el cliente Adif Alta Velocidad y la relación jurídica entre esta empresa y Adif Alta Velocidad que causó la contratación de Jésica Rodríguez.
En el texto remitido al fiscal, Ineco se pone a su disposición para facilitarle estos y otros documentos que le sean requeridos en la investigación.