El presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado este miércoles una orden ejecutiva para eliminar las prestaciones federales dirigidas a personas migrantes indocumentadas y mejorar los criterios de verificación para la obtención de esas ayudas.
Según ha divulgado la Casa Blanca, la orden pretende "evitar que los recursos del contribuyente sean un imán y alimenten la inmigración ilegal a EE.UU., y asegurar con el peso máximo de la ley que ninguna prestación financiada por el contribuyente va a extranjeros no cualificados".
El texto reconoce que, por ley, los migrantes indocumentados están excluidos de la mayoría de prestaciones federales, pero acusa a la Administración precedente, del demócrata Joe Biden, de gastar "inapropiadamente" el dinero en ellos.
La medida cita como objetivo específico impedir que los fondos federales para estados y localidades sean destinados a las "políticas santuario", en referencia a leyes que protegen de la deportación a los indocumentados y se aplican en grandes urbes del país como Nueva York o Los Ángeles.
Todas las agencias y departamentos ejecutivos deberán identificar cualquier programa que reciba fondos federales y que "permita que los extranjeros ilegales obtengan dinero o prestaciones públicas no dinerarias" para tomar las "acciones apropiadas", indica el texto.
El DOGE identificará las fuentes de financiación
Además, Trump ha ordenado al "administrador" del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que según ha reiterado es Elon Musk, coordinarse en un plazo máximo de 30 días con otros altos funcionarios para identificar "todas las otras fuentes de financiación federal de los extranjeros ilegales".
Bajo el título 'poner fin a la subvención de las fronteras abiertas', la orden también exige mejorar la verificación de la idoneidad de los receptores de prestaciones para que se excluya a los migrantes indocumentados.
La orden supone un paso más en la política de mano dura contra la migración ilegal prometida por Trump en las elecciones, y cuyo emblema es la detención masiva de personas indocumentadas en EE.UU. y su posterior deportación a sus países de origen.
"¡Puedo confirmarlo! No más prestaciones federales para extranjeros ilegales", ha resumido en la red social X la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, citando a un periodista del canal Fox que entregaba la noticia.
Rechazado un recurso de Trump para revocar la ciudadanía por nacimiento
Un tribunal de apelaciones estadounidense, además, ha rechazado este miércoles un recurso de emergencia de la Administración Trump para hacer efectiva la revocación de la ciudadanía por nacimiento, lo que encamina la medida hacia el Tribunal Supremo de EE.UU.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó al inicio de su mandato una orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con un estatus temporal nacidos en territorio estadounidense, como parte de su reforma del sistema migratorio.
La orden fue pausada temporalmente por el juez federal John C. Coughenour, de Seattle, tras una demanda de cuatro fiscales de estados demócratas, y quedó paralizada de manera más permanente tras una batería de demandas similares, incluyendo las de otras autoridades y organizaciones de derechos civiles.
El tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, ha respondido este miércoles a un recurso de emergencia del Departamento de Justicia para dejar sin efecto el fallo del juez Coughenour, en lo que supone la primera acción a nivel de apelaciones, y ha rechazado esa petición.
El panel de apelaciones, que incluye a una jueza nombrada por Trump en su primer mandato, Danielle Forrest, ha señalado que abordará en profundidad la cuestión más adelante y ha argumentado que no se trataba de una emergencia que requiriera una intervención rápida, según CNN.
Con la orden, Trump cuestiona la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que se refiere a la ciudadanía por nacimiento, y dice que deben existir normas más estrictas para convertirse en ciudadano.
Ratificada en 1868, después de la Guerra Civil, la Enmienda 14 señala que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen.