La Audiencia de Las Palmas ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa del jugador del Real Madrid Raúl Asencio contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Esta sede judicial acordó también proseguir la investigación en su contra por la presunta difusión de un vídeo de contenido sexual explícito de una menor de 16 años.
El auto concluye que, "con la provisionalidad propia" del momento procesal, presuntamente Asencio recibió en su móvil, en junio de 2023, un vídeo de carácter sexual protagonizado por una menor de 16 años, que "lejos de borrar, lo exhibe cuanto menos a otra persona", por lo que estaría incurriendo "no solo" en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, sino en el de pornografía infantil castigado con prisión de uno a cinco años en cuanto exhibiese ese vídeo a un tercero, lo que con independencia del resultado de las diligencias acordadas, "ya proporcionan de momento suficientes evidencias como para rechazar la pretensión de sobreseimiento provisional instada en su recurso".
Otros tres futbolistas implicados
Según el auto difundido este martes por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Sección Primera de la Audiencia confirma la decisión de continuar con la investigación y desestima el sobreseimiento provisional solicitado por la defensa del canterano madridista, que figura en la causa junto con otros tres jugadores de los equipos filiales del Real Madrid.
Conforme a la investigación abierta, en junio de 2023 dos de los futbolistas presuntamente grabaron la relación sexual que mantuvieron con dos chicas, una de ellas menor, en el municipio turístico de Mogán, en la que estuvo presente un tercero y cuyas imágenes, supuestamente, difundió Asencio a un contacto una vez que le llegó a su teléfono móvil.
El auto explica que la existencia del vídeo y de su contenido, unido a la conducta penalmente relevante que se le atribuye al jugador, consistente en recibirlo y exhibirlo, ha quedado acreditada indiciariamente por el resultado de otras diligencias practicadas en tiempo y forma, y valorables a estos efectos.
Así, alega que se dispone de la declaración testifical del amigo al que Asencio enseñó el vídeo, que explica con detalle su contenido, sin que se aprecien razones que hagan dudar de su verosimilitud, así como del examen de la Brigada de delitos tecnológicos de la Guardia Civil del teléfono del jugador.
Lejos de borrarlo, lo exhibe
La Audiencia señala que "es racional concluir, obviamente con la provisionalidad propia de este momento procesal", que en efecto el defensa madridista recibió en junio de 2023 en su móvil un vídeo de visualización única, que lejos de borrar, exhibe cuanto menos a otra persona, incurriendo con ello no solo en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, que pudiera ser leve, sino también en uno de pornografía infantil castigado con prisión de uno a cinco años, por exhibir el vídeo a un tercero.
Además, el auto señala que del informe de la Guardia Civil se infiere que el propio Asencio, a través de un mensaje de voz que remitió a este amigo, admitió más adelante, en septiembre, que efectivamente le había exhibido ese vídeo. Por ello, añade que, con independencia del resultado de las diligencias acordadas en el auto ahora cuestionado, se dispone de momento de "suficientes evidencias" para rechazar el sobreseimiento.
Relaciones grabadas sin consentimiento
El procedimiento, en el que están implicados también los canteranos Andrés García, Ferran Ruiz y Juan Rodríguez se inició a raíz de la denuncia presentada en Gran Canaria por una mujer tras descubrir que circulaba por WhatsApp un vídeo de su hija, de 16 años, manteniendo relaciones sexuales.
Esta primera denuncia señala que las relaciones sexuales fueron consentidas, pero que fueron grabadas sin la autorización de las jóvenes que, tiempo después, supieron que esas imágenes estaban circulando en redes y aplicaciones de móvil.
Poco después, la segunda mujer, mayor de edad, también denunció la difusión de un vídeo de contenido sexual que, presuntamente, habrían grabado alguno de los investigados mientras mantenían relaciones consentidas, si bien no lo fueron la grabación y posterior difusión de las imágenes.