El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado este lunes que "es perfectamente posible" que el BBVA mejore el precio de la opa. No obstante, cree que igualmente "la operación será mala para España" si no se dan condiciones "suficientes o razonables".
"El banco vale mucho más de lo que se está ofreciendo por él", ha señalado en una entrevista en La hora de la 1. También ha puesto foco en la competencia y, según González-Bueno, la operación que plantea el BBVA ha generado posiciones en contra. "Ha habido 79 organizaciones que se han presentado ante la CNMC, frente a lo que suele ser una media de tres", ha puntualizado. Con todo, confía en que la CNMC y el Gobierno defiendan "verdaderamente" los intereses de todas las pymes de España.
De todas maneras, González-Bueno se ha mostrado convencido de que una mejora del precio tampoco hará cambiar la opinión mayoritaria de los accionistas, que cree será contraria a la aceptación de la opa. "Sin duda los accionistas defenderán sus intereses. Lo que no cambia es que o hay 'remedies' o condiciones que sean razonables y suficientes o esta operación será mala para España", ha indicado.
Para el CEO del Sabadell, las fusiones "no son ni buenas ni malas", sino que incluso en su banco "está a favor de las fusiones", pero "hasta cierto punto".
"Cuando ya han desaparecido todas las cajas de ahorros, cuando ha desaparecido el Banco Popular, cuando han desaparecido centenares de instituciones y queda el Banco Sabadell y otros tres, porque sería igual de malo que desapareciese el Santander o que desapareciese el BBVA o que desapareciese CaixaBank, no puede ser", ha añadido.
Intervención del Gobierno
Por otro lado, González-Bueno ha señalado que los 'remedies' planteados por BBVA (también llamados remedios, son los compromisos para que la CNMC despeje sus dudas sobre el impacto en el crédito a pymes y el mercado de adquirencia) son "de comportamiento".
"¿Qué quiere decir? Durante 18 meses BBVA no va a subir los precios; durante tres años no va a reducir los volúmenes. Esto tiene dos problemas: primero, no hay quien lo controle ni verifique porque si se reducen los volúmenes BBVA dice que es porque se lo han pedido. Luego tiene otro problema fundamental que es qué pasa después de 18 meses o qué pasa después de tres años. Estos remedios que plantea BBVA son totalmente insuficientes", ha defendido.
En esta línea, ha pedido "unas condiciones que garanticen que va a haber competencia". "Lo tendrá que hacer la CNMC y el Gobierno. Pero es una obligación social no política. Y después que decidan los accionistas en función del precio, pero con condiciones que no perjudiquen al conjunto de la nación", ha recalcado.
González-Bueno ha subrayado que el Gobierno puede intervenir en la fase 3, en función de las condiciones de la opa, "no por motivos de competencia pero sí por motivos de bienestar social y bien social", lo que incluye, a su juicio, el equilibrio territorial.
Cabe recordar que, actualmente, la operación está siendo analizada en fase 2 por la CNMC. En caso de que sea aprobada con compromisos, condiciones o se prohíba, se elevaría al Ministerio de Economía, que podría decidir, a su vez, elevarla al Consejo de Ministros.
Posibles daños en el empleo
De las 79 organizaciones que se habrían presentado ante la CNMC, según el CEO del Sabadell, se encuentran organizaciones empresariales, colegios de economistas, autoridades de defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, Cataluña. También los sindicatos, que habrían trasladado posibles efectos en el empleo, según González-Bueno: "Los sindicatos han señalado que no solo iba a destruir empleo en el Sabadell, sino en las pymes".
"Esperamos que la CNMC, en fase 2, y luego el Gobierno en fase 3, defiendan verdaderamente los intereses no solo de los accionistas, que eso ya lo hacemos nosotros, sino por supuesto de todas las pymes de España, ya que una de cada dos pymes son clientes de Sabadell", ha indicado.
Con todo, González-Bueno ha mencionado que tanto la derecha como la izquierda, "nacionalistas, no nacionalistas", del ámbito político se ha opuesto a la operación porque es "malo para la economía y las pymes", que representan el 70% de la actividad económica del país.
"Si se quedan sin financiación o esa financiación es más cara, eso va a tener repercusiones en el empleo, va a tener repercusiones en el crecimiento y, por lo tanto, es un tema social, no es un tema político, no es de unos contra otros, porque por una vez en la vida parece que estamos todos de acuerdo", ha trasladado.