El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado a Francia más información para conocer el contenido que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el control interno del software Pegasus. Ha acordado esta diligencia en el marco de la causa que lleva el nombre de dicho software, abierta a raíz de la infección llevada a cabo en el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los dispositivos de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, y Luis Planas, respectivamente, también fueron infiltrados por el software de espionaje israelí.
En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha acordado emitir una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París para recabar información sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI).
De forma paralela, ha emitido una nueva comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Israel en la que reitera la necesidad de contar con la información solicitada a NSO Group y la declaración testifical de su consejero delegado (CEO), con el fin de poder identificar a los autores de los hechos investigados.
En su auto, el instructor explica que los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional ponen de manifiesto que "el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados, ya que el código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraídos y enviados a sus servidores de mando y control".
Asimismo, dichos informes expresan que el uso de software de tipo spyware comercial "hace prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos, más allá de la coincidencia de parte de la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto para atacar los dispositivos objeto de estas actuaciones y los analizados por las autoridades francesas".
Con tales premisas, según indica el auto, los informes del CNI concluyen que "resulta imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación en la presente causa".
De ahí que ahora Calama considere que el avance de la investigación que dirige en la Audiencia Nacional requiere "llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas".
Reitera la comisión rogatoria a Israel
Por otro lado, el magistrado ha enviado una nueva comisión rogatoria a Israel para que facilite la información requerida en una anterior remitida en mayo de 2022, con una posterior ampliación y un recordatorio de que no ha habido respuesta de las autoridades de este país.
Calama considera que resulta "imprescindible" para determinar la identidad de los autores de los hechos investigados que Israel facilite la información requerida a NSO Group y la declaración como testigo de su CEO, que se encuentra en territorio israelí.
Por último, en una providencia, el juez acuerda dar traslado a las autoridades judiciales de Francia de los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional-CNI para que, a la vista de su contenido puedan interesar, en su caso, una información complementaria.
Torra lleva a España a Estrasburgo por el espionaje con Pegasus
Paralelamente, este mismo jueves también se ha conocido, relacionado con el caso Pegasus, que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra ha llevado por primera vez a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El expresidente alega en una demanda que él mismo fue víctima de ese 'software' cuando estaba en ejercicio.
Torra, al que un informe de la agencia Citizen Lab reconoce que fue espiado con Pegasus en 2020, y el exdiputado de Junts Josep Costa, cuyo móvil fue infectado con el 'software' malicioso en 2019, han anunciado la presentación de sendas demandas ante el TEDH, al que piden que condene a España por vulnerar sus derechos fundamentales.
Tras resaltar que fue espiado entre mayo y julio de 2020, cuando era presidente de la Generalitat, Torra se ha mostrado indignado de que ese hecho "no haya tenido ninguna repercusión política", pese al contexto en que tuvieron lugar las infecciones: en plena pandemia y cuando ya estaba próxima su inhabilitación por desobediencia.