Trece de los 35 miembros de la Junta de Fiscales de Sala han pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que se negase a declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, donde declaró como imputado el miércoles pasado por un presunto delito de revelación de secretos en la causa abierta que tiene Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Solo respondió a las preguntas realizadas por su defensa y negó que filtrase esos correos entre la fiscalía y el abogado del empresario.
"Desde la última Junta de Fiscales de Sala en la que vuestra excelentísima comunicó su decisión de continuar con el desempeño del cargo de fiscal general del Estado se han producido hitos en la causa que se sigue contra vuestra excelentísima en el Tribunal Supremo que hacen imprescindible -por el bien de la Institución que dirige y de los miembros que la integran- su renuncia a dicho cargo", se recoge el escrito publicado por los 13 fiscales firmantes.
Entre los firmantes de esta misiva están las que fueran fiscales generales Consuelo Madrigal y María José Segarra, el ex jefe de Anticorrupción Manuel Moix, los fiscales del 'procés' Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno y la jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán.
Además, también la firman los fiscales de sala Francisco Moreno, Javier Huete, Pikar Martín, José Miguel de la Rosa, Elvira Tejada y Antonio Narváez.
Los 13 indican al jefe del Ministerio Público que su renuncia "no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad" y que dejaría "intacta" su presunción de inocencia.
Los firmantes insisten en que García Ortiz debe dimitir porque "la imagen" de la Fiscalía está siendo sometida a "una tensión insoportable". "Su permanencia al frente, al tiempo que viene siendo investigado (...), provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto, pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales", manifiestan.
En este sentido, sostienen que la comparecencia del fiscal general como investigado en el Supremo, "negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho".
"Puede hacerlo como investigado Álvaro García Ortiz, nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de 'velar por la independencia de los tribunales", apuntan.
"Supera las previsiones más pesimistas"
El pasado miércoles, García Ortiz se acogió a su derecho de contestar solo a su abogado y no al magistrado Ángel Hurtado al considerar que ha vulnerado su derecho de defensa con el registro que ordenó en su despacho y con su decisión de denegarle varias diligencias que había pedido para defenderse, como suspender su declaración para que González Amador compareciese antes.
Los firmantes entienden que "el avance de la instrucción de la causa" y sus "hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal". "El panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental", añaden.
Así las cosas, defienden que "los escenarios procesales" por los que García Ortiz está "obligando a transitar" a la Fiscalía son "claramente reveladores de la necesidad de su dimisión".
"En esta tesitura, en un Estado de Derecho, no cabe otra decisión que la renuncia de (García Ortiz) al cargo que ostenta para preservar a la Institución", señalan los firmantes.