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Qué se aprueba y qué se queda fuera del nuevo decreto 'ómnibus' tras el pacto del Gobierno y Junts

  • Se recupera la revalorización de las pensiones, las bonificaciones para el transporte o las ayudas por la dana

  • Incluye una medida adicional: un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos

Qué medidas se aprueban y qué se queda fuera del decreto 'ómnibus' tras el pacto del Gobierno y Junts
DIANA FRESNEDA
Tiempo de lectura 6 min.

El acuerdo entre el Gobierno y Junts firmado este martes recoge parte de las medidas incluidas en el decreto 'omnibus', que fue rechazado la pasada semana en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP, Vox y la formación catalana. En total, se incorporan 29 de las 80 iniciativas que contenía la anterior norma, entre otras, se recupera la revalorización de las pensiones, las bonificaciones para el transporte público o las ayudas relativas a la dana.

A su vez, se suman otras medidas en materia de vivienda, como la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. Y quedan fuera de este decreto todas las medidas tributarias, que se negociarán más adelante, según Junts; las ayudas a empresas electrointensivas o iniciativas relacionadas con fomentar la vivienda protegida.

El nuevo decreto-ley entrará en vigor este jueves, tras su publicación nuevamente en el BOE este miércoles, pero deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes. Estas son las principales claves:

¿Qué medidas incluye el nuevo decreto?

Revalorización de las pensiones. El Gobierno aprobó el pasado diciembre un incremento de las pensiones contributivas del 2,8% para 2025, conforme al IPC; mientras que las pensiones mínimas se revalorizan un 6% y las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un 9%.

A su vez, el Gobierno recupera la subida de las cotizaciones para aumentar los ingresos de la Seguridad Social. También sube el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y se aplica, por primera vez, la llamada cuota de solidaridad con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

Bonificaciones a los abonos y títulos de transporte. Se reactiva este jueves el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y en los servicios de cercanías/media distancia de Renfe y las rebajas del 30% (de hasta el 50% en copago con las comunidades autónomas) de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano.

También los sistemas públicos de alquiler de bicicleta se mantienen dentro de las bonificaciones del transporte público con un 50% de descuento en los abonos.

Ayudas por la dana. Amplía los préstamos e incrementa las ayudas a los dueños de parcelas agrarias que fueron destruidas por las lluvias torrenciales del pasado mes de octubre. Además, permite al Gobierno de la Comunidad Valenciana “formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo” de forma excepcional con el fin de ejecutar los planes de reconstrucción necesarios.

Ayudas a los afectados por del volcán de la Isla de La Palma. Entre otras, se incluyen los ERTE, la prestación por cese de actividad a los autónomos o la extensión de la moratoria hipotecaria en los municipios afectados. Hasta el 30 de junio de 2025.

Prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, así como la prórroga de la situación de excepcionalidad del bono social de la luz destinado a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, que se reforzó para dar respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.

Moratoria de desahucios, que estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2025.

Creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos afectados por la ocupación ilegal de su vivienda.

El escudo 'antiopas' se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026, para proteger de inversores extranjeros intracomunitarios a las empresas de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, salud y orden público.

Despidos por costes energéticos. Se amplía la prohibición de despidos para aquellas empresas que se beneficien de ayudas directas por la subida de los costes energéticos.

La cesión al PNV del palacete de París que ocupó el Gobierno vasco en el exilio, actualmente sede del Instituto Cervantes. La institución podrá seguir ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030, abonando desde el 1 de enero de 2025 una renta de mercado.

¿Qué se queda fuera?

Salario mínimo interprofesional (SMI). El Gobierno ha decidido no incluir en el decreto la prórroga, ya que espera en próximos días aprobar la nueva cuantía para 2025 con efectos retroactivos.

Medidas tributarias. Entre otras, se excluye la bonificación en el IRPF para los contribuyentes que hagan reformas de eficiencia energética en sus viviendas y la subida de 1.500 a 2.500 del límite de ingresos procedentes de un segundo pagador, que exime de presentar la declaración de la renta si los ingresos totales no superan los 22.000 euros anuales.

Vivienda. Se queda fuera el mecanismo para traspasar al SEPES inmuebles de titularidad del Estado para destinarlos a alquiler asequible y la simplificación de los trámites para la construcción o rehabilitación de vivienda protegida, que se aprobó anteriormente.

Ayudas a industrias electrointensivas, que tenía previsto prorrogarse hasta final de año, y la prórroga del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga. En ambos casos, Sánchez ha señalado que formarán parte de un paquete económico que se aprobará más adelante.

Impuesto a la banca. No se incluye la corrección prevista para limitar el impacto contable del nuevo gravamen sobre las entidades financieras.

Entregas a cuenta para las comunidades autónomas. La anterior norma contemplaba 9.600 millones de euros que se repartirían de forma anticipada entre los diferentes Gobiernos para gasto público.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El decreto establecía a la CNMC como organismo de control y sancionador de los servicios digitales para hacer cumplir el reglamento europeo en la materia.

Subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente.

Otras cuestiones que no están incorporadas en la norma son la modificación de la Ley de la Sociedad de la Información o del servicio postal porque, según Junts, suponían la vulneración de las competencias de Cataluña.