El Consejo de Ministros ha vuelto a presentar este martes el límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto, y los mismos objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas que rechazó en julio el Congreso de los Diputados. Se trata de un paso previo en la tramitación de los Presupuestos de 2025, que el Gobierno ha confirmado que presentará antes de que finalice el año, a pesar de no tener aún los apoyos necesarios.
"El Gobierno va a presentar los Presupuestos de 2025, ya sea con la senda aprobada hoy o con la anterior que estaría vigente en ausencia de esta", ha advertido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, muy crítica con el "ruido" que a su juicio el PP está generando en estos días.
Al igual que en julio, el límite de gasto planteado por el Ejecutivo se sitúa en los 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Se trata de una cifra histórica tras cuatro ejercicios de crecimientos consecutivos y que, en palabras de Montero, tiene a las comunidades autónomas y los ayuntamientos como principales beneficiarios.
"Si creen que obstaculizan al Gobierno presentar los Presupuestos, les digo que desistan", ha insistido, para después pedir a los de Alberto Núñez Feijóo "un mínimo de cordura" para que aprueben los objetivos de déficit que llegarán al Congreso y que marcan el pistoletazo de salida a la tramitación de las cuentas anuales del próximo año.
Y es que, según Montero, de no hacerlo "perjudicarían la capacidad de gasto de comunidades autónomas y ayuntamientos, al negarle mayor margen fiscal". "Si el PP y otros partidos votan en contra de esta senda, les estarán obligando a hacer un ajuste de 6.600 y 4.950 millones, respectivamente, en los próximos dos años", ha puntualizado.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado este martes la postura de la vicepresidenta. "Quiere que las comunidades logren equilibrio presupuestario y ella seguir en déficit", ha acusado en una entrevista por la tarde en 'La economía en 24 horas'. El diputado 'popular' le ha pedido un "reparto equitativo del déficit" y le ha reprochado que no haya querido sentarse con ellos para este trámite y los que siguen para la elaboración de los presupuestos generales del Estado.
Juan Bravo (PP), a Montero: "Quiere que las comunidades logren equilibrio presupuestario y ella seguir en déficit"
Misma senda fiscal y de deuda
Estas cifras se asientan sobre una senda fiscal que dejará el déficit público en el 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027, todas ellas marcadas por la reactivación de las reglas fiscales europeas, las cuales fueron suspendidas desde 2020 tras la irrupción de la COVID-19.
La Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, ha reiterado Montero. Así, se contempla una flexibilización del déficit para las comunidades en el periodo 2025-2027, con una tasa del -0,1%, frente al superávit presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad. Ello implica dos décimas más de margen.
También los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán con una senda de estabilidad más beneficiosa. Para el año 2025 y 2026, el objetivo de estabilidad municipal será de equilibrio presupuestario -esto es, que los gastos igualen a los ingresos—, cuando la senda vigente hasta ahora contemplaba un superávit del 0,1% y del 0,2%, respectivamente.
También se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.
El Gobierno confía en aprobar las cuentas anuales
A finales del mes de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, que es el primer paso para la aprobación de las cuentas públicas, tras el inesperado voto en contra de Junts.
Entonces, la formación independentista lo achacó a la baja ejecución para Cataluña de los anteriores presupuestos y esta vez amenaza con hacer lo propio en caso de que no se cumplan los acuerdos alcanzados en materia de financiación. "Vamos a cumplir íntegramente con el acuerdo con ERC", ha recalcado la vicepresidenta.
Pero no son los únicos que muestran reticencias. También desde ERC recelan del cumplimiento de los acuerdos y no han garantizado aún su apoyo a unas nuevas cuentas públicas, como tampoco otros socios del bloque de la investidura como Podemos o Coalición Canaria, que en este caso amenaza con retirar el apoyo al Ejecutivo por la crisis migratoria.
Será la cuarta vez este año que la Cámara Baja examina unos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 hasta en dos ocasiones, aunque finalmente esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña, y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.