Arranca la última semana de agosto y con ella el nuevo curso político, donde el Consejo de Ministros se reunirá por primera vez tras el paréntesis estival y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de gira por tres países africanos para reforzar la lucha contra la migración irregular, una de las asignaturas pendientes para la nueva temporada.
Aunque no será la única materia de vital importancia para el Ejecutivo, en un año en el que solo ha podido aprobar cinco leyes en el Congreso de los Diputados. Entre ellas, la más polémica ha sido la ley de amnistía, que sigue trayendo cola.
Los presupuestos generales del Estado, la Financiación Autonómica o la reducción de la jornada laboral son otros asuntos de Estado que marcarán el arranque de este curso político que volverá a estar señalado por la alta tensión.
“El Gobierno sabe perfectamente que va a ser una legislatura de muy poca producción porque a efectos prácticos tiene en el parlamento una mayoría muy heterogénea”, ha auspiciado el politólogo Pablo Simón a TVE.
Y es que la oposición ya ha empezado a calentar motores con la entrevista que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado a Europa Press y donde ha dejado claro que no bajará ni un punto la presión sobre el Gobierno, a pesar de que el ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, ha vuelto a pedir su apoyo para sacar adelante la ley de Extranjería.
“La situación de decadencia de nuestro país y el desafío nacional en el que se encuentra España es evidente”, apuntaba el político gallego en dicha entrevista a la agencia de noticias.
La crisis migratoria, el primer escollo que solventar
Sin duda, el gran caballo de batalla de este inicio de curso será el asunto migratorio, tras empezar las vacaciones y no haber logrado sacar adelante en el Congreso esa modificación de la ley de Extranjería para aliviar la situación de los menores migrantes que llegan a Canarias.
La negativa del Partido Popular y de Junts evitó que la propuesta de modificación del artículo 35 de dicha ley propuesta de manera conjunta por PSOE, Sumar y Coalición Canarias saliera adelante. Se pretendía que todas las comunidades acogiesen a los menores migrantes no acompañados cuando el cupo de Canarias, Ceuta o Melilla excediese del 150% de su ocupación máxima.
"Hay una crisis migratoria como consecuencia de una ausencia de política migratoria. Y el presidente del Gobierno, que debería haber hecho este viaje hace años, lo hace ahora en plena crisis migratoria en España", aseguraba Feijóo este mismo sábado.
El PP ha endurecido su discurso sobre la migración irregular y ha acusado directamente a Sánchez de ser un “irresponsable” porque el país “está viviendo una crisis migratoria como nunca”.
Feijóo insistió en señalar, en su cambio a una posición más dura, que "la inmigración irregular" no pueden "aceptarla" y criticó a los que vienen a España de forma "ilegal a través de mafias" para "no cumplir las leyes españolas".
Clavijo asegura que los menores que llegan a Canarias no tienen condiciones "dignas" y urge a un acuerdo sobre la ley de extranjería
Este mismo lunes, el presidente de Canarias, Víctor Clavijo, volvió a insistir en la necesidad de “dar un empujón” a la reforma de la ley de extranjería en los próximos diez días para "atender con dignidad a los menores" y mostró su preocupación por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas cuando las condiciones de navegación mejoren y mandó de nuevo un aviso: “Estamos sobrepasados”.
Además, fuentes del Gobierno admiten que hay por delante un otoño complicado y caliente, aunque aseguran que se están poniendo todos los servicios del Estado para intentar controlar esta situación y que no haya una hecatombe, como dijo Clavijo en una entrevista en El Mundo.
Junts, un agente clave en la estabilidad de la legislatura
Y precisamente, que esa ley salga adelante depende en gran medida del apoyo de Junts, que se ha convertido en un socio clave para el Ejecutivo de Sánchez, además de su punto de mayor inestabilidad y eslabón más impredecible.
Los independentistas votaron “no” a la modificación de la ley de Extranjería y también votaron “no” a que los Presupuestos Generales pudieses salir adelante. Una situación que se podría complicar después de que ERC diese el apoyo a Salvador Illa para convertirle en el nuevo president de la Generalitat.
“Hay dos partidos cuyo concurso es fundamental, ERC y Junts, que es el actor una vez más clave que marcará si esos presupuestos finalmente se aprueban y que determinarán si hay legislatura o no”, ha valorado el politólogo Pablo Simón a TVE.
Ese “no” de Junts a los objetivos de déficit que acompañan al techo de gasto para 2025 dejó en el aire los futuros Presupuestos del año que viene. La senda de estabilidad, la primera ajustada a las nuevas reglas fiscales europeas, fue rechazada por 178 votos en contra y 171 a favor.
Todo apuntaba a que los objetivos de déficit iban a salir adelante con el apoyo de la mayoría de la investidura, pero ya iniciado el debate, el portavoz de Junts, Josep María Cruset, anunció que su formación votaría en contra y lo asoció a la baja ejecución de presupuestos anteriores en Cataluña.
Otra encrucijada es la de los presupuestos que tendrá que salvar Sánchez, para lo que necesitará lograr el ´sí’ de los de Puigdemont si no quiere volver a prorrogar los Presupuestos y que podría poner al borde del abismo su legislatura.
Cataluña, un éxito del diálogo que depende de ERC
El pasado 8 de agosto, Illa fue investido presidente de Cataluña gracias al apoyo de ERC en un pleno que estuvo marcado por la llegada y huida del líder de Junts y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un claro pulso al Gobierno central.
Un apoyo de los ‘republicanos’ que Illa logró gracias a la promesa del Gobierno de Sánchez de lo que él mismo definió como “una financiación singular” para Cataluña.
Una calificación que desató la indignación, principalmente, de las comunidades gobernadas por el PP, aunque no únicamente, también el fuego amigo llegó desde Castilla La-Mancha, donde su presidente, el socialista Emiliano Gacía-Page, quien calificó este planteamiento de "grosero" y de "desprecio" al resto de territorios. También aseguró "no” se aprobaría en el Congreso, tras mandar un claro mensaje a Sánchez: "Hasta aquí".
Una dura negociación que ha llevado a Illa a ser el nuevo president de Cataluña con la intención de poner fin al ciclo independentista que tuvo en el 1-O su punto más álgido. Sánchez quiere cerrar una etapa de convulsión e inestabilidad y sumarse la victoria de la normalización de Cataluña tras una década donde la brecha entre los independentistas y el Estado parecía insalvable.
Aunque para lograr tal propósito, el apoyo de ERC será indispensable y dependerá de ellos que el nuevo Govern de Illa pueda llegar a buen puerto. Su portavoz, Raquel Sans, ha advertido de que su grupo retirará el apoyo parlamentario al PSOE si incumple el pacto de investidura con la financiación singular para Cataluña.
ERC reaccionó así a las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que negó que el acuerdo fiscal para Cataluña pactado con los republicanos para la investidura de Illa sea un concierto económico, e invitó a las comunidades autónomas a "inspirarse" en ese pacto para "poder explorar otras rutas y caminos" en el sistema de financiación autonómica.
"Si el PSOE no cumple con su palabra, ERC no dará apoyo a ninguna iniciativa del PSOE. O deberá buscar mayorías alternativas, o Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones, porque los acuerdos, y lo que está firmado, Montero es plenamente consciente. Puede llamarlo como quiera, pero si no se cumplen estos acuerdos, ERC tendrá que retirar cualquier posible apoyo al PSOE", aseguraba la portavoz de ERC.
En busca del apoyo de la CEOE a la reducción de la jornada laboral
Pero no solo Cataluña es uno de los actores clave en esta legislatura, otros retos como la reducción de la jornada laboral también están en los pendientes de este Gobierno de Coalición, una materia que está liderando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El Ministerio de Trabajo retomará el próximo lunes 9 de septiembre la negociación sobre la reducción de jornada laboral con el objetivo, cada vez más ajustado, de cerrar un acuerdo en el que esté la patronal CEOE y tener aprobado el cambio normativo necesario antes de final de año.
Tras terminar julio con una nueva propuesta sobre la mesa, el Gobierno y los agentes sociales se dieron el mes de agosto de paréntesis forzado para volver al diálogo en septiembre con los deberes hechos, es decir, con una respuesta concreta a los aspectos que entran en juego en un cambio que afectará a millones de trabajadores en España.
El acuerdo del Gobierno PSOE-Sumar fija reducir la jornada máxima semanal desde las 40 horas vigentes a las 37,5 horas en 2025, pasando por las 38,5 horas ya desde este 2024.
Todo este panorama político mientras sigue pendiente la investigación judicial a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Además, también hay acuerdos todavía pendientes como el nombramiento del presidente de la CNM, RTVE o del Banco de España, escollos menores una vez logrado el acuerdo para la renovación del CGPJ, un ‘match ball’ que salvó el Gobierno antes de las vacaciones.