Las defensas jurídicas de los encausados por el 'procés', entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras, o el secretario general de Junts, Jordi Turull, han presentado este martes sus peticiones formales para reclamar que se les aplique la ley de amnistía, cuya entrada en vigor se ha hecho efectiva tras la publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
A partir de ahora, su aplicación queda en manos de los jueces y tribunales que tengan sobre la mesa causas vinculadas al 'procés'. Estos son el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, a parte de más de 300 causas en juzgados y tribunales de Cataluña, quienes tienen dos meses para ello, según detalla el texto.
El BOE también ha abierto el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya ha anunciado que la impugnará. Paralelamente, casi todas las comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' también harán lo propio, según avanzaron tras su aprobación en el Congreso. En este caso, la ley fija un plazo de tres meses para poder impugnar desde su publicación.
Turull y Junqueras, entre los solicitantes
Según ha podido confirmar RTVE, Turull ha sido uno de los primeros en reclamar ante el Supremo la extinción de responsabilidad penal, que se le eliminen los antecedentes penales y que de forma inmediata se dé por finalizada la pena de inhabilitación, que tenía vigente hasta 2030, tras ser condenado por el desafío independentista en Cataluña del 1-O.
En su escrito, la defensa de Turull sostiene que, una vez derogado el delito de sedición, su caso cuenta con un "pleno ajuste" a los requisitos que establece la Ley de Amnistía para que no se le aplique la condena por malversación, ante la "ausencia de enriquecimiento personal". Respecto del delito de desobediencia por el que fue también condenado en concurso con el de malversación -cuando se derogó el delito de sedición-, remarca que la propia Ley contempla que deben ser amnistiados cuando fueron ejecutados para permitir la celebración de consultas populares.
También han hecho lo propio las defensas jurídicas de Esquerra, según recoge Efe, quienes han presentado este martes a las nueve de la mañana "todos los escritos pidiendo que se aplique la ley", con la voluntad de "cerrar las 37 causas que afectan a dirigentes del partido".
Entre los encausados republicanos que piden la amnistía -algunos con dos y hasta tres causas abiertas- figuran el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, además de Anna Simó, Ruben Wagensberg, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga o Xavier Vendrell, entre otros.
Por su parte, el abogado del expresident catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que no presentará por el momento ningún escrito porque esperará a ver qué hacen los jueces, confiando en que el juez Pablo Llarena "respetará lo que dice la ley". En una entrevista en el Café de ideas con Gemma Nierga, ha señalado que tiene medidas revistas por si la ley no sale adelante.
Cafè d'idees - Gonzalo Boye confia que els jutges aplicaran la llei d'amnistia
Los jueces disponen de dos meses para aplicarla
Desde la publicación de la ley este martes, los jueces y tribunales disponen de dos meses para aplicar la norma. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la justicia europea.
Ante este contexto, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado "convencido" este martes de que el Poder Judicial aplicará la ley de amnistía: "Es lo que tiene que hacer y lo que confío que haga". En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Illa ha celebrado la entrada en vigor de la ley, destacando que es una norma "muy importante", y ha deseado que sea aplicada por parte del Poder Judicial "de acuerdo con la voluntad expresada por el Poder Legislativo, que es quien hace las leyes".