La proposición de ley de amnistía del PSOE pactada con el independentismo no se ha elaborado con nombre y apellidos pero va a beneficiar, según estiman los socialistas, a 309 independentistas y a 73 policías. Algunos de estos rostros son de sobra conocidos, como el expresidente catalán Carles Puigdemont, aunque hay otros dos ‘expresidents’ a quienes también aplicará la ley si se aprueba en el Congreso: Artur Mas y Quim Torra. A la lista se suman los condenados del ‘procés’, que todavía mantienen las penas de inhabilitación, o los procesados por los preparativos del referéndum del 1-O, entre otros.
Una vez aprobada, quedará suprimida toda la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el proceso independentista entre 2012 y 2023. Aquí, un repaso de las caras más conocidas a las que beneficiará previsiblemente la medida de gracia:
Carles Puigdemont y sus colaboradores
Puigdemont, bajo cuyo mandato se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y que posteriormente declaró unilateralmente la independencia y fue cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución, está procesado en el Tribunal Supremo por malversación agravada y por desobediencia. Ya no lo está por sedición después de la reforma impulsada por el Gobierno en el Congreso la pasada legislatura que derogaba este delito.
El líder de Junts huyó de España en 2017 para no afrontar la justicia española. El juez Pablo Llarena mantiene contra él órdenes de detención nacional e internacional que se han topado en varias ocasiones con la justicia europea. De hecho, el también eurodiputado fue detenido en marzo de 2018 en Alemania y en septiembre de 2021 en Italia, pero quedó en libertad en ambas ocasiones. Ahora, el TS está pendiente del TJUE para reactivar la euroorden a Bélgica.
Puigdemont también está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la causa de Tsunami Democràtic, en la que analiza como posibles delitos de terrorismo los disturbios y acciones promovidos por esta plataforma tras la sentencia del 'procés', entre ellos el bloqueo de infraestructuras críticas como el aeropuerto de El Prat. Y es también uno de los 35 encausados en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés', por la que piden hasta cinco millones. De aprobarse la amnistía, Puigdemont podría regresar a España sin ninguna causa pendiente.
La medida de gracia incluye aquellos actos de "asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables" del proceso independentista. Así, otro rostro de la amnistía puede ser el jefe de oficina de Puigdemont en Waterloo Josep Lluís Alay, que fue uno de los escoltas que le acompañaba cuando fue detenido en Alemania (lo que le valió un procesamiento por encubrimiento). Alay está además siendo investigado en un Juzgado de Barcelona junto con el exconseller Xavier Vendrell con por el caso 'Voloh' por el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. Ambos están imputados asimismo en la Audiencia Nacional por 'Tsunami Democràtic'.
La amnistía se aplicaría también al exconseller del Interior Miquel Buch y al mosso Lluís Escolá, que fueron condenados cada uno con cuatro años de cárcel después de que Buch encubriera con un contrato como asesor la labor de escolta de Escolá a Puigdemont.
Otros huidos del ‘procès’: Ponsatí, Comín, Puig y Rovira
La amnistía prevé dejar “sin efecto las órdenes de busca y captura” a los responsables del 'procès', lo que aparte de Puigdemont beneficiará presumiblemente a los exconsellers huidos.
Esto aplica a Toni Comín y Lluis Puig, procesados por el Supremo por desobediencia y malversación, y Clara Ponsatí, procesada también por desobediencia y una de las encausadas en el Tribunal de Cuentas.
También beneficiaría a Marta Rovira, actual secretaria general de ERC, que permanece prófuga en Bélgica. Está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O y también está imputada por delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional por la causa del Tsunami Democràtic, en la que la Guardia Civil la sitúa en el centro de estas operaciones, mientras que el juez ve en Puigdemont un claro "rol de liderazgo".
Otros rostros de la amnistía serían la exdiputada en el Parlament de la CUP Anna Gabriel y la exconsellera Meritxell Serret, que huyeron en un primer momento de España pero acabaron regresando y presentándose ante el Supremo. El Alto Tribunal derivó la causa de Gabriel, procesada por desobediencia por la DUI, a la Audiencia de Barcelona por no estar ya aforada, mientras que Serret fue condenada en abril por el TSJC a un año de inhabilitación por desobediencia en el referéndum del 1-O.
Los expresidentes catalanes Artur Mas y Quim Torra
La amnistía beneficiará previsiblemente a otros dos expresidentes catalanes: Artur Mas y Quim Torra. Mas fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un año y un mes de inhabilitación por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y por el Tribunal de Cuentas a pagar 4,9 millones por los costes al erario público de la misma. Torra fue condenado e inhabilitado por desobediencia en septiembre de 2020 por mantener en sede institucional los lazos amarillos a favor de la libertad de los condenados del ‘procés’.
La amnistía también se aplicará previsiblemente a otras ‘caras’ de la consulta del 9-N, como la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau, condenados también como Mas por el Tribunal de Cuentas.
Junqueras y los otros condenados del ‘procès’
La ley permitirá previsiblemente hacer ‘borrón y cuenta nueva’ a los nueve condenados a prisión por el Tribunal Supremo por delito de sedición y malversación en la sentencia del ‘procès’: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras (líder de ERC), los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Joaquim Forn, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los entonces presidentes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. También los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santiago Vila, que fueron condenados solo por malversación (no llegaron a pisar la cárcel).
Pese a que los nueve condenados por sedición fueron posteriormente indultados de la pena de cárcel (tras cumplir dos años de prisión), el Supremo fijó para ellos una inhabilitación de entre nueve y 13 años como cargo público que quedaría suspendida por la amnistía, aunque no sería inmediatamente, ya que el TS tiene dos meses para aplicarla. Los condenados también están procesados en el Tribunal de Cuentas.
Quienes prepararon el 1-O
La amnistía beneficiará también a aquellos que están pendientes de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los preparativos del 1-O, entre los que están la consellera catalana de Cultura, Natàlia Garriga, el presidente de ERC en el Parlament, Josep María Jové, y el exsecretario de Hacienda del Govern Lluís Salvadó. Para estos dos últimos, la Fiscalía pide seis años y tres meses y siete años de cárcel, respectivamente, por malversación agravada, prevaricación y desobediencia al considerarles los 'arquitectos' del referéndum. Para Garriga pide un año de inhabilitación por desobediencia grave.
Más allá de estos altos cargos, la ley se aplicaría también a los directores de colegios que pusieron las urnas el 1-O, así como alcaldes y manifestantes.
Los procesados por terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic
La amnistía se aplicará a aquellos procesados por terrorismo que no tengan condena firme, lo que beneficiaría a los encausados por los CDR y Tsunami Democràtic, encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés y por los disturbios en las manifestaciones contra la misma.
También se aplicará a las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas, por lo que los afectados no tendrán que devolver al Estado lo que se les reclama por la desviación de fondos públicos a las consultas soberanistas o al 'procès'.
Más allá del independentismo, la amnistía beneficiará a los policías y guardias civiles procesados por las cargas a votantes en el referéndum ilegal del 1-O.