El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido apartar a los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver sobre si sigue siendo o no el jefe del Ministerio Público, según fuentes de la Fiscalía a RNE, al considerar que podrían no ser objetivos, ya que se trata de los mismos jueces que anularon los dos nombramientos de Dolores Delgado, en uno de ellos acusándole de "desviación de poder" por haberla propuesto como fiscal togada.
García Ortiz ha presentado el incidente de recusación contra los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que tienen pendiente de resolver el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado.
Se da la circunstancia de que los magistrados que García Ortiz pide apartar son los mismos que esta semana han acordado anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esto sucede porque la Sección Cuarta es a la que le corresponden los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que en este caso la recusación se solicita para cuatro de los cinco magistrados de la sección y que no se ha recusado a la quinta magistrada que la conforma, dado que no participó en la deliberación y fallo del pasado noviembre relativa a la designación de Delgado como fiscal togada de la Sala de lo Militar del Supremo, que es en la que se basa el incidente de recusación.
Además, según estas mismas fuentes, la petición de recusación ha sido presentada a título personal por el propio fiscal general y no por la Abogacía del Estado.
Cree que podrían no ser objetivos
Se trata de los mismos magistrados que el pasado noviembre dictaron una sentencia que tumbó el nombramiento de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal togada del Supremo, al acusar a García Ortiz de "desviación de poder" al considerar que "su finalidad fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal".
Es por ello que el fiscal general entiende que estos magistrados podrían no ser objetivos para determinar su continuidad o no al frente de la institución, una vez que el Consejo General del Poder Judicial le consideró "inidóneo" para el puesto precisamente por, entre otras cuestiones, aquella sentencia del Supremo.
Además de estos motivos, García Ortiz añade referencias como el caso del magistrado José Luis Requero, quien al día siguiente de aquella sentencia contra Delgado firmó un artículo en La Razón en el que dijo que "basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados", añaden las fuentes.
Por ello, pide que su caso sea revisado por otros magistrados que no tengan pronunciamientos o referencias contra él, como entiende sucede ahora con esta sección de la Sala de lo Contencioso.
La Sala del 61 del Supremo
En caso de que los magistrados recusados no se aparten, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) - en su artículo 227- contempla que será la conocida como 'Sala 61' la que tendrá que pronunciarse sobre la petición planteada por García Ortiz.
Esta Sala Especial cuenta con 15 magistrados: el presidente interino del Supremo, los presidentes de Salas, los cinco magistrados más antiguos y los cinco más recientes de cada una de dichas Salas.
La resolución corresponde a la llamada Sala del 61, una sala especial del Supremo cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación.
Entre sus competencias figura la de estudiar, como dice la propia ley, "los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala", como sucede en este mismo caso.
Con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, a la cabeza, la Sala del 61 está formada por cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.
La APIF interpuso un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.
García Ortiz, denuncian, "se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias".
Por ello consideran que "no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno".