El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este martes que la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha cambiado su jurisprudencia introduciendo "otros criterios diferentes a los que marca específicamente el estatuto" tras anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, a quien ha defendido como "la mejor fiscal" para el cargo.
García Ortiz ha dicho en La noche en 24 horas el fallo no le ha causado "sorpresa" y que no consideró que el nombramiento conllevara una incompatibilidad con el trabajo de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón. "Era tan evidente que no existía, que plantearlo al Consejo Fiscal era una táctica dilatoria", ha dicho.
A su juicio, el Supremo ha elevado el nivel de exigencia ante los nombramientos discrecionales que hace el fiscal general el Estado pidiendo criterios adicionales a los que exige el Estatuto del Ministerio Público, subiendo así "a la disputa política". "Prácticamente el fiscal general podía nombrar a la persona que considerara más idónea y más conveniente porque los requisitos legales estaban ahí", ha asegurado.
García Ortiz ha apuntado que la sentencia del TS se ejecutará, se asumirá y se leerá lo que quiere decir, aunque previsiblemente, ha augurado, se tendrá que "volver al lugar de origen", es decir, al inicio del Consejo Fiscal para "examinar si esa incompatibilidad existe o no".
En cuanto a si espera también un nuevo varapalo por parte del Consejo Fiscal sobre si existe incompatibilidad o no en el nombramiento, García Ortiz ha insistido en que entiende que "no existe", si bien deberá acatar lo que decida el Consejo Fiscal porque es "decisorio en nuestro país". Asimismo, el fiscal general ha asegurado que en cuanto tenga el fallo se podrá "en marcha" para cumplir lo que indique la sentencia.
Sobre la "marejada" de críticas
Preguntado por las críticas recibidas por su labor y su elección por parte del Ejecutivo, ha dicho asumirlas y ha recordado que alrededor de la figura del fiscal general del Estado suele haber "marejada", "más cuando es de un gobierno progresista".
No obstante, ha recordado que el fiscal general "no puede defenderse" ni "salir a la opinión pública a contestar a las barbaridades". "Si desciende a la arena política, pierde la neutralidad y la imparcialidad; está atado a su cargo", ha subrayado.
Asimismo, ha sostenido que es necesario debatir sobre el modelo de elección de quién está al frente de la Fiscalía General (FGE). "Es nombrado por el Ejecutivo, está en la Constitución", ha explicado García Ortiz, que ha remarcado que no es algo que "se haya inventado el Gobierno de la nación", sino un sistema que lleva aplicándose "40 años". "Quizá habrá que llegar a un consenso sobre cómo se nombra y si vamos a respetar los términos constitucionales", ha agregado.
Y aunque el PP ha pedido su dimisión, él ha asegurado que no se lo plantea, al tiempo que ha recordado que tampoco el Gobierno puede cesarlo, ya que su autonomía está blindada.
"A dos fiscales no se les puede intimidar en el ejercicio de su labor"
Por otro lado, preguntado por la querella del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por presunto delito revelación de secretos, García Ortiz ha defendido el deber del Ministerio Público de rebatir una información "parcial y falsa" que afecta a su trabajo.
"Perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces", ha manifestado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya aceptado investigar la querella.
García Ortiz ha señalado que al ponderar el deber de confidencialidad, se estimó que debía prevalecer "el derecho a la información y a conocer una información veraz", siendo "proporcionados y moderados". Y en este contexto, ha considerado que "a dos fiscales no se les puede intimidar en el ejercicio" de su trabajo por parte de quienes presuntamente han cometido un delito.
Por otro lado, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha expresado que aunque "quizá no sea bueno que el Fiscal General se manifieste sobre ello", lo que es "evidente" es que "llevamos cinco años con una anomalía constitucional por la voluntad inequívoca de uno de los partidos que no quiere llegar a un acuerdo".
"Alguna solución tendremos que tener, esto no puede prolongarse hasta que uno de los partidos tenga mayoría en las elecciones, porque es una anomalía que está desprestigiando a las instituciones", ha lamentado.