El Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha mostrado escéptico ante la petición del expresidente estadounidense, Donald Trump, para gozar de inmunidad judicial absoluta por haber sido mandatario, aunque algunos jueces se han inclinado por no resolver totalmente el asunto y devolverlo a tribunales inferiores. De la decisión del Alto Tribunal dependerá que se anule o no el juicio en contra del ahora candidato republicano pendiente en un tribunal federal de Washington por injerencia electoral y por el asalto al Capitolio.
En una audiencia histórica de más de dos horas, los nueve magistrados que conforman el Tribunal (seis conservadores y tres progresistas) han interrogado al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben sobre la potencial inmunidad del político exmandatario.
La mayoría de jueces han mostrado escepticismo al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas por la inmunidad y no aquellas que tienen carácter personal. Sin embargo, también ha habido magistrados conservadores que han sido críticos con el manejo del caso por parte de la Fiscalía y que han sugerido devolverlo a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para que determine si las actuaciones de Trump fueron de carácter público o privado.
Las juezas progresistas, por su parte, se han manifestado muy contrarias a la inmunidad absoluta de Trump. Aunque se desconoce cuándo emitirá su respuesta, el Tribunal suele publicar sus decisiones en junio, antes del receso de verano.
No consta en la Constitución ni en las leyes, pero los presidentes de Estados Unidos en activo han gozado históricamente de una inmunidad frente a procesos judiciales relacionados con sus funciones, para así evitar una violación a la separación entre el poder ejecutivo y el judicial.
El equipo del exmandatario busca alargar lo máximo posible el litigio de cara a las elecciones del próximo noviembre ya que, en caso de regresar a la Casa Blanca tras los comicios, podría ordenar al Departamento de Justicia cerrar las acusaciones federales en su contra.
La Fiscalía presiona para tomar una decisión cuanto antes
Mientras tanto, la Fiscalía especial liderada por Jack Smith presiona al Alto Tribunal para que tome una decisión rápida, de tal manera que se puedan retomar los preparativos del juicio del asalto al Capitolio. El litigio tendría que haber comenzado el pasado 4 de marzo, pero fue suspendido por la petición de inmunidad presentada por Trump.
Al ser interrogado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, nombrada por el propio Trump, el abogado del exmandatario republicano ha admitido que algunas de las acciones llevadas a cabo por su cliente tras las elecciones de 2020, en las que Biden se alzó con la victoria, tuvieron carácter "privado" y probablemente no estén protegidas por la inmunidad.
Después, el magistrado conservador Samuel Alito ha presionado al fiscal con la idea de que dejar desprotegidos a los expresidentes "desestabilizaría" la democracia porque abriría la puerta a que los nuevos mandatarios encarcelaran a sus predecesores por venganza.
Por su parte, Elena Kagan, nombrada por Barack Obama, ha recordado que los redactores de la Constitución se oponían a la existencia de un "monarca" que estuviera "por encima de la ley" y Ketanji Brown Jackson, nominada por Biden, ha sugerido que el indulto que recibió Richard Nixon tras el escándalo del Watergate demuestra que los exmandatarios sí que pueden ser procesados judicialmente.
A diferencia de Trump, sin embargo, Nixon no fue imputado formalmente por ningún delito. Su sucesor, Gerald Ford (1974-1977), le concedió un indulto preventivo por cualquier delito que hubiera podido cometer durante su Presidencia para evitar que fuera enjuiciado en el futuro, en una decisión llena de polémica que dividió al país.
Trump afronta la recta final de la campaña electoral bajo la sombra de cuatro causas penales abiertas contra él, que suponen las primeras imputaciones judiciales por este tipo de delitos contra un expresidente en toda la historia del país. Ha sido acusado de la injerencia electoral en Georgia, del intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, de llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca a su residencia de Mar-a-Lago tras abandonar el cargo y de haber realizado sobornos en negro a la actriz porno Stormy Daniels.
Pese a todo, el exmandatario no cesa en el intento de sacar el máximo partido a sus imputaciones, y él y su equipo recurren a publicaciones incendiarias en internet, transmisiones en directo de su camino hacia los juzgados o discursos multitudinarios al finalizar sus comparecencias. De hecho, su popularidad en el Partido Republicano permanece prácticamente intacta, ya que ha conseguido situarse como ganador en las primarias de su formación sin problema alguno.