El tribunal de apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos ha suspendido la entrada en vigor de la ley migratoria de Texas que permite la detención y expulsión de migrantes sospechosos de ingresar irregularmente al estado. El Tribunal Supremo había levantado su restricción a la misma este martes.
El tribunal federal presidido por el juez Samuel Alito ha bloqueado la legislación, conocida como SB4, poco después de que el Supremo la dejara ponerse en marcha hasta que esta misma corte se pronunciara, lo que solo ha requerido varias horas.
Un panel de tres jueces ha decidido disolver una decisión anterior que permitía la implementación de la ley tras la medida del Supremo y, finalmente, bloquear esa ley estatal que convertía en un crimen cruzar irregularmente desde México a Texas.
Su futuro sigue en el aire
Culmina así, por el momento, una serie de idas y venidas entre el Supremo y este tribunal federal con sede en Nueva Orleans. Tras extender la suspensión a la ley, el Supremo decidió levantarla y dejar en manos del Quinto Circuito la decisión sobre la entrada en vigor.
Ese tribunal ha anunciado que este miércoles escuchará argumentos sobre la ley, con lo que el futuro de esta criticada legislación sigue en el aire.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
México critica la ley y dice que no aceptará repatriaciones
Por su parte, el Gobierno de México ha reprobado la decisión del Supremo al denunciar que fomenta la separación de familias, la discriminación y el perfilamiento racial contra la población migrante.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, ha expresado en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El Ejecutivo, además, ha reiterado "su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”.
La cancillería ha señalado que reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos.
“En ese sentido, México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, ha enfatizado.
El gobernador asegura que han dejado a Texas "a su suerte"
Abbott firmó la medida, que otorga a los funcionarios locales poderes delegados durante mucho tiempo al Gobierno estadounidense, el pasado diciembre, defendiendo que era necesaria por la incapacidad de Biden de hacer cumplir las leyes federales. El presidente, dijo, "ha dejado a Texas a su suerte" en la lucha contra a lo que el gobernador se refiere desde hace meses como "invasión".
Las llegadas de migrantes irregulares a EE.UU. han superado los 6,3 millones desde 2021, alcanzando cifras récord en los últimos meses de 2023. En diciembre, se superaron los 300.000 encuentros fronterizos, según datos de la Oficina de aduanas y protección de fronteras del Gobierno, y solo el año pasado 2,5 millones de personas cruzaron de manera irregular la frontera sur.
Ahora, la nueva ley convierte en delito menor el hecho de que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular y contempla que la falta se convierte en un crimen grave (con penas de hasta 20 años de cárcel) en caso de reincidencia.
La medida permite, además, que la Justicia texana pueda expulsar a migrantes sin un proceso legal previo, así como arrestar a cualquier individuo que ingrese a EE.UU. de manera ilegal.
Tenía prevista su entrada en vigor el 5 de marzo
La ley tenía prevista su entrada en vigor el pasado 5 de marzo. Sin embargo, el 29 de febrero un juez federal de la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas se puso del lado de los demandantes y paralizó el proceso de manera temporal.
La decisión coincidió con la visita del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, por separado, a la frontera sur de ese estado para avanzar sus campañas electorales en torno a la inmigración.
En esta ocasión, los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la ley mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones, y el lunes, el juez Samuel Alito bloqueó la medida de forma indefinida a espera de que el pleno votará sobre esta solicitud. Sin embargo, la votación de los seis jueces que conforman el Tribunal, de mayoría conservadora, permite que la ley entre en vigor hasta que haya un fallo final en el caso.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también ha celebrado la decisión del Alto Tribunal en su cuenta de X, donde ha asegurado que “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU (Unión Estadounidense para las Libertades Civiles”.