El trámite parlamentario de la primera ley contra el desperdicio alimentario se ha retomado este martes, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley que decayó al adelantarse las elecciones generales, una ley "prescriptiva", según ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que establece entre otras medidas, la "obligación" del productor o el distribuidor, de donar alimentos que estén "en condiciones de consumo".
La ley de prevención de la pérdida y del desperdicio alimentario establece como fecha de entrada en vigor de estas medidas el 1 de enero de 2025, para dar tiempo a los operadores de poderse adaptar, ha dicho Planas, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"No estamos perdiendo tiempo, es una ley de contenido prescriptivo, pero también pedagógico y de prevención", ha señalado el ministro sobre el tiempo transcurrido desde que el Consejo de Ministros aprobó por primera vez el proyecto, el 7 de junio de 2022.
Unos 65,5 kilos o litros de comida se desperdician anualmente por persona en España, lo que supone 1.170 millones de kilos de alimentos, según ha asegurado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una cifra que ha calificado de "muy importante", aunque ha habido "algún progreso".
En España, el desperdicio se ha reducido un 6,1% en 2022 en relación con el año anterior, y el 29% de los hogares, un 3% más, han manifestado que el desperdicio es nulo o casi nulo, según una encuesta elaborada por el Ministerio. "Hay que continuar", ha advertido Planas. "Son muy buenas noticias que refuerzan que estamos en la buena vía y tenemos que continuar progresando en un proyecto de ley y el Gobierno espera suscitar el mayor apoyo parlamentario para la misma", ha asegurado el ministro.
"Es curioso porque hay una correlación donde son los países de mayor nivel de renta los que desperdician menos y los de menor nivel de renta los que desperdician más, probablemente por la dificultad del mantenimiento en buenas condiciones de alimentos y bebidas", según el ministro.
Convenios con bancos de alimentos
La primera ley contra el desperdicio alimentario estaba ya en trámite parlamentario, la había aprobado el Ejecutivo el 7 de junio de 2022 con el fin de evitar el desecho de alimentos sin consumir y favorecer que se aprovechen mejor, pero decayó con el adelanto electoral y de este modo, con la aprobación por el Consejo de Ministros se retoma su tramitación.
Según ha explicado Planas, la ley también establece la obligatoriedad para las tiendas, a partir de 1.300 metros cuadrados de superficie, de "tener un convenio o acuerdo establecido con bancos de alimentos, ONG dedicadas a esta tarea para proveer de alimentos utilizados en una fecha próxima a su final de vida".
La norma también fija la obligación de establecimientos como bares, restaurantes y tabernas de facilitar a los ciudadanos que lo pidan al final de la comida "un envase para retirar la comida o la bebida que no haya sido utilizada".
La "jerarquía de uso", la "columna vertebral"
Además, se contempla la posibilidad de que aquellos alimentos que no hayan sido utilizados por ninguna de estas vías, se aprovechen para la fabricación de otros productos como cremas o mermeladas.
Y en un siguiente paso, siguiendo con la "columna vertebral de este proyecto de ley" que es la "jerarquía de uso", hay "una segunda vuelta de tuerca", la utilización de los alimentos para los animales, para la fabricación de compost o de productos energéticos.
El desperdicio en el sector primario se produce normalmente por voluntad ajena al productor, según ha señalado Planas, y están claramente situadas, un 40%, en la transformación, otro 40% en los hogares, "de ahí la gran importancia pedagógica de esta ley", un 15% en el sector de la restauración y solo un 5% en la distribución.
Hay otros temas en o que se refiere al consumo humano en los que "se puede profundizar" para combatir el desperdicio alimentario, como la fecha de caducidad y consumo preferente que los fabricantes establecen.