El Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa una propuesta para regular el uso de los móviles en los centros educativos, una medida que llega en plena ola de peticiones por parte de las familias para que las instituciones pongan solución al uso precoz de estos dispositivos por parte de los menores y para que apliquen una normativa común en toda España.
Aunque la ministra Pilar Alergía alegaba hace unas semanas que la solución no pasaba "por medidas coercitivas" porque "sería como poner puertas al campo", este miércoles su departamento decidió plantear la prohibición de los teléfonos en Primaria durante todo el horario lectivo, mientras que en la ESO solo se usará si se considera una herramienta educativa y cuando lo requiera el profesor. "Es una medida dirigida para dar una respuesta global a una inquietud social", ha defendido Alegría en una entrevista en TVE.
Hasta ahora, solo estaba regulado en tres comunidades: Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma que vetó en 2014 el uso del móvil en todos los centros educativos en Infantil, Primaria y Secundaria. Después se sumaron Galicia, a través de un decreto autonómico de 2015, y Madrid, en el curso 2020/21. En el resto de comunidades, en cambio, se daba a los colegios autonomía para decidir si prohibían los smartphones o no.
Ante la gran disparidad de leyes e instrucciones en cada región, muchas familias y docentes se han movilizado a través de redes sociales para pedir que se unifiquen criterios y que se lleven a cabo proyectos para educar en el uso responsable.
Por ejemplo, las profesoras Ángela Sánchez-Pérez y Natalia Jiménez presentaron el 30 de noviembre más de 60.000 firmas ante el Congreso de los Diputados para pedir la restricción del uso de móviles en menores de 14 años "a todos los niveles".
También surgieron plataformas como Adolescencia Libre de Móviles, donde se han coordinado los padres y madres para sacar adelante iniciativas y poner el foco en los problemas derivados de los usos y abusos de estos dispositivos.
Comunidades que aplican medidas o las refuerzan
El pasado 4 de diciembre, la Junta de Andalucía decidió dar un paso adelante ante las demandas sociales y publicó una instrucción para regular los móviles en los centros escolares.
En el documento, la Consejería de Educación andaluza establecía que se limitase su uso en "el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares". Sí que establecía algunas excepciones, como que el empleo del dispositivo esté "expresamente previsto" en el proyecto educativo. La Junta, además, ha pedido al Consejo Escolar un informe sobre el impacto negativo de los móviles en todas las etapas educativas.
En base a la ordenanza, los colegios e institutos ha comenzado ya a preparar un reglamento interno en el que establecen las sanciones, los protocolos o los horarios establecidos, entre otros aspectos.
El uso del móvil limitado en los centros - Ver ahora
Por su parte, pese a ya contar con medidas para las horas lectivas, la Xunta de Galicia estudia prohibir los teléfonos fuera del aula, como en recreos, comedores, entradas y salidas del centro o actividades extraescolares. Un veto total que, no obstante, aplican ya el 75% de los centros, según datos del Gobierno autonómico.
La Xunta aplicará esta medida en enero a todos los colegios e institutos públicos y concertados con el fin de "mejorar la convivencia", si bien queda por determinar hasta qué edad llegará esta prohibición, si hasta los 16 o 18 años.
Desde Castilla-La Mancha también apuestan por que haya "una regulación más específica". No obstante, el consejero de Educación subraya que "tenemos que educar en el uso de los móviles fuera del ámbito educativo".
Cataluña, Canarias, Murcia y Asturias, dispuestas a "dar un paso adelante"
Por su parte, la Generalitat de Cataluña anunció en noviembre que prepararía un marco regulador "con la participación de la comunidad educativa" para "acompañar" a los centros en la toma de decisiones. Este mismo jueves, el presidente catalán, Pere Aragonès, se ha mostrado partidario de debatir con el conjunto de la comunidad educativa ante una cuestión "compleja" que "debe hacerse bien".
El Govern ha pedido también la colaboración del Consell Escolar de Catalunya, que el 12 de diciembre concluyó en un informe que era necesario un marco regulatorio para restringir el uso de los móviles en los institutos, pero rehusó su prohibición porque "sería necesario regular el empleo de los portátiles, ya que las propias aplicaciones del móvil se pueden tener en el ordenador"
Al considerar los riesgos para la salud mental, el texto propone un uso del móvil más limitado en la secundaria y no tanto en estudios superiores, y aboga por definir su utilización en los diferentes espacios del centro y en las actividades no lectivas.
Mientras tanto, en Murcia, el consejero de Educación Víctor Marín ha afirmado que el Gobierno regional está dispuesto a "dar un paso adelante" en el uso de los dispositivos móviles, aunque "siempre escuchando la opinión de los expertos y defendiendo su uso responsable". No obstante, recuerda que el pasado mes de noviembre el gobierno autonómico anunció la creación de un grupo de trabajo compuesto por expertos de todos los ámbitos educativos. En la región, es un tema que concierne a la autonomía pedagógica de cada centro.
En Canarias, la Consejería de Educación también anunció en noviembre que consultaría al Consejo Escolar sobre este tema y afirma que se ha hablado de forma "no oficial" acerca de cómo se gestiona el uso de los dispositivos en los centros porque es un tema "que se debe empezar a valorar formalmente".
Por otro lado, aunque el Gobierno de Asturias rechazaba la posibilidad de prohibir los móviles y abogaba más por dar autonomía de gestión a los colegios, tras el anuncio del Ministerio, la consejera Lydia Espina se ha mostrado dispuesta a negociar con la comunidad educativa la regulación. En el caso de Infantil y Primaria, ha señalado que esos centros deben ser "espacios libres de móviles", si bien ha advertido de que el foco no debe ponerse en ese ámbito porque el uso de móviles entre su alumnado es "absolutamente residual y muy anecdótico".
El Gobierno estudiará la situación con las CCAA y expertos
Alegría ha avanzado que analizará este asunto con las comunidades autónomas y con el Consejo Escolar del Estado el próximo mes de enero, aunque ha afirmado que la propuesta ha sido bienvenida por los consejeros de Educación y por importantes instituciones como Save the Children o la Fundación Anar.
Así, ha insistido en que si hay acuerdo con las partes, se podrá dar "una respuesta conjunta", y "luego se verá como se materializa desde el punto de vista legislativo".
La ministra, además, ha querido subrayar que tendrán en cuenta la necesidad de que haya excepciones y ha puesto de ejemplo el de los niños diabéticos, "que necesitan usar el móvil porque es su elemento de seguridad". “Por supuesto, esto está garantizado”, ha reiterado.
Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia creará un grupo de 50 expertos para realizar un diagnóstico y plantear un plan de acción coordinado con Educación y las comunidades para proteger a los menores de la exposición a los móviles y a las pantallas en general.
El departamento que dirige Sira Rego prevé que este grupo celebre su primera reunión en el primer trimestre de 2024 y, tras las conclusiones, la ministra no descarta que haya que crear un marco regulatorio y espera que haya "dos velocidades", con medidas "más urgentes" y otras "estructurales, de legislatura".
"Las nuevas tecnologías han venido para quedarse, configuran una parte de las relaciones sociales. Y es imprescindible analizar este fenómeno (...) La cuestión no es tanto la prohibición sino el cómo sé utiliza el móvil", ha defendido en 24 horas de RNE la ministra, que ha avanzado que en el grupo de trabajo también estarán incluidas las voces de las familias y de la juventud.