El juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha decidido dirigir las pesquisas hacia el expresident catalán Carles Puigdemont y ha citado este lunes como investigada (anteriormente imputada) a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas, según ha informado el tribunal en un comunicado.
Esta citación llega en plena negociación entre el PSOE y Junts sobre la amnistía a los implicados en el 'procés' que podría beneficiar al líder de Junts y a la 'número dos' de los republicanos. Ambos han huido de la Justicia española: el primero a Bélgica tras el referéndum de 2017 y la segunda a Ginebra en 2018, horas antes de ser procesada por el Tribunal Supremo. Pocas horas después de que se conociera el auto de García Castellón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado el recurso contra el mismo.
El magistrado, que investiga la causa por los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019, ve un "rol de liderazgo" de Puigdemont en esta causa y cree "acreditado" que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, y donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic, un movimiento surgido tras aquella sentencia y que protagonizó grandes acciones como el corte de los accesos del aeropuerto de El Prat. Además, afirma que los hechos investigados podrían calificarse "de terrorismo".
Imputación tras el informe de la Guardia Civil sobre Rovira
El juez ha tomado esta decisión días después de recibir un informe de la Guardia Civil que coloca a Rovira en el centro de la causa. El instituto armado sostiene que Rovira es, "con mucha probabilidad", la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada 'Threema' que actuaba bajo el seudónimo de 'Matagalls' y que tenía "un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma".
La resolución acuerda además citar como investigados al entonces jefe de oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, al exsecretario general de ERC y exconseller Xavier Vendrell, al empresario próximo al independentismo Oriol Soler -ambos integrantes del "estado mayor" que organizó el referéndum ilegal del 1-O-; al consejero de Òmnium Oleguer Serra, los empresarios Josep Campmajó, Jaume Cabani, a Marta Molina, dirigente de ERC, al periodista Jesús Rodríguez y a Nicola Flavio.
Ofrece a Puigdemont declarar voluntariamente
En el auto, García Castellón ofrece a Puigdemont la posibilidad de comparecer voluntariamente antes de emitir un suplicatorio, un paso necesario ya que el expresident catalán tiene la condición de aforado como eurodiputado. En todo caso, este suplicatorio debería emitirlo el Tribunal Supremo, el órgano que investiga la causa contra el líder independentista. Lo mismo ocurre con Ruben Wagensberg, secretario cuarto de la Mesa del Parlament y diputado de ERC, también aforado.
La resolución señala que resulta necesaria la citación del 'expresident' para ser "oído" y apunta a que "su citación, en este momento no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio”.
Según el juez, está "acreditado" que Puigdemont acudió a las reuniones anteriormente citadas en base a varios mensajes analizados del dispositivo de Alay. En dichos mensajes, se da por sentado que Puigdemont era informado de las actuaciones a través de Òmnium Cultural y se habla de una "coordinación de la campaña" de Tsunami Democràtic por las que las decisiones y dudas "son consultadas" a Puigdemont.
"Rol de liderazgo de Puigdemont" en la causa
Finalmente, expone el juez, "el rol de liderazgo de Puigdemont" en esta causa parece también inferirse de una conversación con el empresario Josep Campmajó, con quien discute sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la publicación de la sentencia del 'procés'.
Menciona, por ejemplo, informaciones de medios de comunicación que ubicaban a Puigdemont en una reunión celebrada en Ginebra el 30 de agosto en la que habrían participado también Rovira, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a quien ha citado como testigo. El magistrado ve "llamativa" su presencia en "la gestación de la organización".
Califica los actos investigados de "terrorismo"
Según las investigaciones practicadas, el juez infiere "indiciariamente" que Tsunami Democràtic "fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
El análisis de los informes policiales revela, prosigue el auto, que Tsunami Demcràtic fue fruto de "una planificación" efectuada por diferentes personas para la ejecución de "acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas" de modo que comprometieran "la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España".
Entre los hechos investigados está el bloqueo de infraestructuras críticas como el aeropuerto de Barcelona-El Prat, el intento de bloqueo del aeropuerto de Madrid, los altercados en el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid el 18 de diciembre de 2019 y en la huelga general del 18 de octubre; García Castellón cree también que Tsunami "trató de influir" en las elecciones generales de noviembre de 2019.
"Los hechos anteriormente descritos pueden ser constitutivos de diversas infracciones", expone la Audiencia Nacional, aunque el juez entiende que, desde la provisionalidad inicial de este momento, pueden tener la consideración de "actos de terrorismo".
La Fiscalía recurrirá el auto al considerar que no es terrorismo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá esta decisión ya que considera que las actuaciones del Tsunami Democràtic no encajan en el delito de terrorismo y, al haber desaparecido el de sedición por la reforma del Código Penal -el delito por el que se inició la causa-, esta solo puede seguirse por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.
Según han informado fuentes fiscales a RTVE, la Fiscalía estaba preparando un informe para entregárselo al juez García Castellón en el que defendía que la investigación debía tener lugar en los tribunales de Barcelona, pero este finalmente ha emitido el auto sin esperar a este texto.
Puigdemont: "Un golpe de Estado con togas"
El expresident catalán ha considerado la decisión de García Castellón como un episodio más del "golpe de Estado permanente" que se revive "con sables o con togas". "¡A por ellos! Por no perder la costumbre", ha escrito en X, antes Twitter, y ha añadido: "Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla".
Esquerra Republicana, por su parte, ha asegurado que las recientes decisiones de la Audiencia Nacional demuestran "la fuerza y la importancia de la amnistía" y cree que los movimientos judiciales son "la respuesta de los poderes reaccionarios". Ven la decisión como una "reacción causa-efecto, un movimiento tan previsible como aberrante".
Mientras, desde Sumar critican el auto como "un ataque gravísimo a la democracia" para entorpecer las negociaciones de investidura. "Acusar a Puigdemont y Rovira de terrorismo por unas protestas muchos años después con el objetivo de hacer tambalear la negociación sobre la amnistía es un ataque gravísimo a la democracia", ha expresado en redes Jaume Asens, negociador del partido de Yolanda Díaz con los independentistas. También lo ha calificado de "una banalización que ofende a las víctimas del terrorismo" y les ha trasladado su "solidaridad".
Asociaciones de periodistas como el Grup de Periodistes Ramon Barnils han expresado su apoyo al reportero de La Directa Jesús Rodríguez, también imputado. "El Tsunami Democrático no tuvo nada que ver con el terrorismo y él y La Directa se han significado para destapar las cloacas policiales contra el independentismo y los movimientos sociales", han escrito en Twitter.