El Consejo Constitucional chileno, de mayoría conservadora, ha aprobado este lunes por amplio margen su propuesta de nueva Constitución, que incluye artículos polémicos sobre derechos reproductivos y migración y que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre. Este texto final podría sustituir a la actualmente vigente, aprobada en 1980 al amparo del dictador Augusto Pinochet.
El texto, compuesto por 17 capítulos y 216 artículos, ha contado con 33 votos a favor del bloque opositor, el ultraderechista Partido Republicano (22) y la coalición de derecha Chile Vamos (11), y los votos en contra de los 17 consejeros de la izquierda oficialista.
El órgano, elegido en las urnas el pasado mayo, entregará oficialmente el 7 de noviembre al presidente Gabrie Boric la propuesta de Carta Magna, que tiene altas probabilidades de ser rechazada en el referéndum, según todas las encuestas.
"Hemos elaborado un texto que tiene el potencial de convertirse en una herramienta fundamental para sacar al país del estancamiento, la inseguridad y la inestabilidad política y social", ha señalado en su última intervención la presidente del Consejo, la ultraderechista Beatriz Hevia.
Los defensores del texto argumentan que garantiza "libertad" y "seguridad" y da "certezas económicas y jurídicas" al país, mientras que sus críticos lo tachan de "partidista" y dicen que perpetúa el modelo neoliberal que instaló la Constitución actual, vigente desde la dictadura (1973-1990) y reformada decenas de veces en democracia.
Artículos con mucha polémica
"Estaban dadas las condiciones para alcanzar el objetivo de construir un gran acuerdo. Es lamentable constatar que esa voluntad no estuvo de parte de algunos", ha apuntado Edmundo Eluchans, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
El socialista Alejandro Köhler ha lamentado también la "falta de acuerdos" pero ha culpado a las derechas por "imponer un texto excluyente, dogmático, retrógrado y polarizante (...) que favorece solamente a los empresarios y a los poderosos, a los privilegiados de siempre".
Los conservadores han destacado que el texto pone énfasis en la "libertad de elegir" en temas de pensiones, salud y educación, así como en la migración irregular, la seguridad y el terrorismo.
Entre los artículos más polémicos destacan "el derecho a la vida de quien está por nacer" -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.
"La Constitución que estamos proponiendo es mejor que la actual, mucho mejor, porque se hace cargo de los desafíos de un Chile muy diferente al de 1980", ha indicado el republicano Luis Silva, uno de los consejeros más mediáticos.
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Preocupación por cometer "los mismos errores que en el pasado"
Por su parte, los progresistas han criticado que la propuesta "va en contra de los derechos de las mujeres" y "presenta graves problemas técnicos, que solo se traducirán en judicialización".
La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, ya abogó el mes pasado por que la nueva Constitución represente a toda la población chilena y "no solo a un sector del país", mientras que reconoció su "preocupación" ante la posibilidad de que se cometan "los mismos errores que en el pasado".
La izquierda tampoco está conforme con cómo ha quedado el Estado social de derecho, una de sus aspiraciones históricas, y denuncia que hay artículos que perpetúan el actual Estado subsidiario y consagran constitucionalmente el sistema privado de salud o el criticado modelo de pensiones de capitalización individual.
"Construyeron una Constitución sin derechos sociales garantizados, con un Estado social de derecho de papel", ha agregado el consejero comunista Fernando Viveros.
Asimismo, el único representante indígena, Alihuen Antileo, consejero independiente, se ha manifestado en contra, calificando la propuesta de "excluyente" y afirmando que "tiene un sesgo revanchista, hasta con un sesgo racista".
Se trata del segundo proceso constitucional que vive Chile, tras el que concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención izquierdista.
Si este nuevo texto finalmente se rechaza en diciembre, seguirá vigente la actual Constitución y el Gobierno del presidente Gabriel Boric ya ha adelantado que no impulsará un tercer proceso.
Con esta medida se cierra una etapa del segundo proceso constitucional que ha vivido el país latinoamericano en menos de cuatro años, tras el estallido popular de 2019. El 4 de septiembre de 2022 fue rechazado con casi un 62 por ciento de votos en contra un primer borrador constitucional redactado por una clara mayoría progresista. El Consejo Constitucional está formado por 50 miembros (25 hombres y 25 mujeres) elegidos en mayo de este año, donde el Partido Republicano obtuvo la mayoría de los escaños. La función del organismo ha sido redactar el nuevo texto vedado por las doce Bases Institucionales pactadas por los partidos políticos.