La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles que su partido registrará en el Congreso una proposición de ley que obligue a los bancos a crear un fondo de garantía que sirva para cubrir una posible oleada de impagos hipotecarios tras la subida de los tipos de interés. Para Podemos, con esta exigencia se compensaría el desembolso que hizo el Estado en el rescate bancario de la crisis que dio comienzo en 2008.
Esta propuesta contempla también el desarrollo normativo de la dación en pago, además de mecanismos para forzar la renegociación de contratos en periodos de crisis y potenciar la quita de deuda, aplicada en la cuota mensual del cliente y atendiendo a la proporcionalidad de sus ingresos.
Todas estas propuestas las ha avanzado Belarra durante un acto de campaña en Tarragona para apoyar a los 'comunes' en las elecciones del 28M, y donde ha defendido que la banca debe empezar a "devolver" el rescate bancario" a la gente de este país.
"Tienen que empezar a devolver los 60.000 millones"
"60.000 millones que tienen que empezar a devolver nutriendo este fondo para que la gente viva un poco mejor y tenga un último resguardo cuando no pueda pagar la hipoteca", ha apuntado para advertir de que, sin esta medida, puede haber una "epidemia" de ejecuciones hipotecarias y el Gobierno progresista debe garantizar que despliega una respuesta distinta al PP.
La propuesta, en fase final de redacción tras varios meses planeando su iniciativa, se registrará tras estos comicios y desde la formación subrayan que no han contactado previamente con el Ministerio de Economía, competente en materia financiera, aunque incide que el PSOE es consciente de sus posiciones desde hace tiempo.
Concretamente, los morados auguran que la revisión de cuotas hipotecarias, que en muchos casos se darán en junio, va a provocar una fuerte subida y, por ello, prevén un incremento "masivo" de los impagos de préstamos hipotecarios y créditos al consumo, con "terribles consecuencias sociales y económicas para el conjunto de la población".
Para evitarlo, ahondan en la idea de que la banca sufrague de forma obligatoria con recursos propios ese fondo de responsabilidad social, para levantar así una "suerte de seguro" para proteger a la población y al propio sector, con vistas a ejecutar ejecuciones hipotecarias "masivas".
Además, el plan de los morados es que el fondo esté dirigido por una comisión gestora, cuya composición mayoritaria recaerá en el sector público con representantes de ministerios implicados como Economía, Hacienda, Agenda Urbana, Consumo y Derechos Sociales, del Banco de España y de las entidades. Dicha comisión, según los planes de Unidas Podemos, establecerá con ayuda del Banco de España la fórmula de cálculo de las aportaciones dinerarias del sector financiero, en base a criterios como el tamaño del banco, su cartera de clientes, el riesgo crediticio que asumen y una estimación de posibles contingencias y "externalidades negativas" del sector bancario.
Las citadas fuentes explican que su idea es que el fondo no tenga un límite definido y, por tanto, no estaría topado de los 64.000 millones del rescate financiero que ya se consideran "irrecuperables", como apuntó el propio Banco de España.
El Tribunal de Cuentas sostiene que el coste de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se elevó a los 71.833 millones de euros a fecha de 1 de enero de 2022, lo que supone un incremento de 5.256 millones de euros con respecto al último cálculo.
A su vez, defienden que su creación provocaría una suerte de competencia virtuosa entre las entidades para ordenar el sector financiero, dado que los bancos velarían por no caer en prácticas de alto riesgo de su política crediticia, ya que si incurren en activos tóxicos tendrían que aportar más dinero a este mecanismo de garantía.
Dacón en pago y obligación al banco para renegociar
Tras incidir en que su plan busca llevar a la práctica los acuerdos del Congreso en 2020 de medidas anticrisis y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE), Podemos pide también la limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario, una demanda "histórica" planteada por diversos colectivos sociales. Así, para corregir la "injusticia" de perder la vivienda y condenar al cliente a una deuda "perpetua" o pérdida de avales otorgados por familiares, Podemos pide plasmar en la legislación la entrega del inmueble para saldar el crédito hipotecario, que ahora es un mecanismo voluntario que requiere un difícil acuerdo con la entidad financiera.
Por otro, plantea la opción al deudor del derecho de tanteo y retracto preferente ante casos de cesión de créditos, pensado para que en caso de que su banco venda su deuda a otra entidad, como un fondo de inversión, dentro de productos financieros se dé la opción al hipotecado de abonar el importe tasado, dando así por saldada la deuda.
Otro de los ejes de la futura proposición de ley es la regulación de la cláusula 'rebus sic stantibus', la obligación de renegociar nuevos términos de contrato hipotecario cuando se den circunstancias excepcionales, como pérdida de empleo, subida de tipos, crisis económica o una catástrofe natural. Para ello, la idea de Podemos es fijar tres vías, siendo la primera la extrajudicial con un acuerdo de revisión entre bancos y clientes. También se recoge la opción de la conciliación voluntaria en sede judicial y la tercera sería la actuación ordinaria de los tribunales, para que un juez determine si está justificado aplicar nuevas condiciones al crédito hipotecario para garantizar la viabilidad del contrato.
Al hilo, plantea por ley dar soluciones obligatorias en caso de ausencia de renegociación, al constatar que los términos del contrato son imposibles de cumplir por el cambio del contexto económico, con el despliegue de "quitas" hipotecarias sobre la cuota mensual o activando la dación en pago. Máxime cuando este recurso presenta cifras "ridículas", al haberse empleado en 19 casos entre 2012 y 2019.
El enfoque de los morados es que el alza de la hipoteca no supere en ningún caso el 10%, siempre atendiendo a criterios proporcionales de ingresos, lo que permitiría al banco preservar su beneficio y al cliente la garantía de abonar el crédito restante.