Miles de policías nacionales y guardias civiles se han manifestado este sábado en Madrid para reclamar la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos y unas pensiones de jubilación “dignas”.
Han denunciado la “discriminación” que sufren desde las administraciones respecto a sus compañeros de las policías local y autonómica.
Convocados por la organización por la justicia salarial Jusapol y los sindicatos mayoritarios del sector, Jupol y Jucil, de Policía Nacional y Guardia Civil respectivamente, los manifestantes, 80.000 según los convocantes, se han hecho notar desde la Puerta de Alcalá con silbatos, bocinas y bengalas.
También han entonado cánticos como “justicia salarial” y han portado pancartas con lemas como “defendemos lo nuestro”, en una protesta en la que se han visto decenas de banderas de España y de autonomías como Asturias o Galicia.
Miguel Gómez, presidente de Jusapol, ha demandado la “equiparación real y total para policías nacionales y guardias civiles frente a los policías autonómicos” porque “seguimos sin tener los mismos salarios”, y ha señalado que “lo más grave” es que esas diferencias, que llevan “lastrando” al cuerpo desde hace 30 años, también las sufren cuando se jubilan.
Diferencias de 1.000 euros en las pensiones
“Ellos (los policías autonómicos) se van a poder jubilar seis años antes que nosotros, a los 59 años, sin perder poder adquisitivo, con la jubilación máxima; nosotros, seis años después y perdiendo más de 1.000 euros mensuales. Tenemos motivos de sobra para seguir luchando”, ha resumido en declaraciones a Efe.
Ha asegurado, además, que “no existe ningún tipo de interlocución” con el Gobierno a la hora de poner solución a esta situación.
Por su parte, Aaron Rivero, secretario general de Jupol, ha denunciado que “todos los policías autonómicos tienen reconocida su condición de profesión de riesgo”, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil, realizando el mismo trabajo, "no tenemos ese reconocimiento”.
El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha acusado al Gobierno de enarbolar la bandera de la “discriminación” contra la Guardia Civil, al tiempo que ha tildado el régimen de clases pasivas de “arcaico” y ha reclamado un cambio normativo en ese sentido.
La protesta ha estado respaldada por el sindicato CSIF, que demanda la equiparación salarial del conjunto de trabajadores penitenciarios y el reconocimiento como agentes de autoridad "ante el incremento de episodios violentos en las cárceles".
Y ha explicado que los funcionarios de Prisiones del Estado sufren a día de hoy una diferencia entre 7.908 y 10.112 de euros anuales de media respecto a los dependientes de la Generalitat de Cataluña.