Policías y guardias civiles se han manifestado en Madrid bajo el lema "Una España más segura" en contra de la reforma planteada por el Gobierno de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como 'ley mordaza'.
La manifestación, en la que han participado alrededor de 4.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, ha sido convocada por Jusapol, junto al sindicato de la Policía Nacional Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil, mayoritarios en sus respectivos cuerpos, y ha estado apoyada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
En un manifiesto conjunto, policías y guardias han advertido de que "legislar para los delincuentes, los violentos y los sediciosos es una irresponsabilidad con consecuencias fatales".
Acompañados de un estruendo de pitos y silbatos, policías y guardias civiles, arropados por representantes del PP, Vox y Ciudadanos, han rechazado que se les pueda quitar el principio de autoridad, la presunción de veracidad y los medios necesarios para garantizar el orden público y que se les "fiscalice y se les condene" por hacer su trabajo, abriendo la puerta a que se les grabe y se cuelguen sus vídeos en las redes sociales.
Frente a la reforma han reclamado más medios humanos y materiales, que se mantenga la obligatoriedad de comunicar las manifestaciones, que se permitan los cacheos y que no se rebajan las sanciones económicas.
Tras una pancarta en la que podía leerse "Esta ley nos desprotege a todos. No a esta reforma", han partido de la plaza de Neptuno y frente al Congreso de los Diputados han soltado varias pelotas de tenis de mesa para reivindicar que no se restrinja el material antidisturbios.
La reforma fue elevada el 1 de febrero a la Comisión de Interior del Congreso
En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la marcha, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha alertado de que la reforma desprotegerá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los ciudadanos y a las instituciones públicas y ha acusado al Gobierno de "quitar todas las normas que les puedan dificultar que el clima callejero se enrarezca".
"Esta es la ley que prepara Podemos para ocupar la calle si el PP gana las elecciones y lo terrible es que el PSOE lo apoya en un acto de absoluta irresponsabilidad", ha insistido.
"Quieren que nuestra policía y nuestra guardia civil salgan a la calle amordazados y con las manos esposadas en la espalda", ha denunciado por su parte el vicepresidente de Vox, Javier Ortega, quien ha acusado al Gobierno de "traidor" y de "rendir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los intereses de los mayores enemigos de España".
En nombre de Ciudadanos, Edmundo Bal ha mostrado también su rechazo a una reforma que "criminaliza" a los policías y abre además "amplios márgenes de impunidad" a los violentos.
La reforma que impulsan PSOE y Unidas Podemos fue elevada el 1 de febrero a la Comisión de Interior del Congreso gracias al voto favorable de ERC. El Ministerio del Interior confía en el acuerdo, aunque respetando el equilibrio entre los derechos ciudadanos y la defensa de la labor policial.
Los socios de investidura mantienen sus discrepancias, no obstante, sobre eliminar las pelotas de goma como material policial antidisturbios, la desobediencia, las faltas de respeto a los policías y las devoluciones en caliente de migrantes.
El presidente de Jusapol, Miguel Gómez, ha asegurado que se sienten "desamparados" y ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que les defienda ante una reforma que es "es lesiva para los intereses, la vida profesional y la vida personal de los policías y para el día a día de todos los ciudadanos".
En nombre de CSIF, Javier Vilas ha reclamado también una ley nacional que homogeneice las condiciones laborales de los policías locales y que se reconozca como agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones.