Los familiares de las víctimas del tren Alvia que descarriló el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela han reclamado este miércoles "verdad, justicia y reparación" en su comparecencia en el juicio para determinar responsabilidades penales y civiles, casi una década después del accidente ferroviario de Angrois que se llevó por delante la vida de 80 personas y en el que otras 145 resultaron heridas.
"Nadie se ha acercado a decir 'perdóneme' por lo que ha pasado", ha manifestado el hermano de uno de los fallecidos a primera hora de esta mañana en la sala judicial habilitada en la Ciudad de la Cultura de la capital gallega.
En su comparecencia, ha añadido que la sensación desde fuera parece ser la de "sacar rédito" de una tragedia como esta. Algo que, sumado al intento de "convencer de que la línea era segura", ha apuntado. Y eso "te hunde", tal y como ha zanjado.
En esa línea, el portavoz de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, ha afirmado que el hecho de "que te pidan perdón y se reconozcan los hechos –en referencia al maquinista que llevaba el tren aquel día– repara a cualquiera".
La magistrada presidenta, María Elena Fernández Currás, ha intervenido para aclarar que dentro de lo “insoportable” de los “términos del proceso judicial” para las víctimas y sus allegados, el “único consuelo” es que, en este caso, lo sucedido “no fue provocado por algo o alguien”.
"Jamás pensé que sería la última vez"
"Cuando me fui a despedir a la estación, jamás pensé que sería la última vez", ha expresado, a continuación, otra de las hermanas del fallecido. Además, ha asegurado que, a raíz del accidente, se “rompió la unidad familiar”.
Prueba de ello, como también ha relatado el padre de la víctima, es que su esposa haya pasado de ser una mujer "muy alegre" a "dejar de cantar" hasta que falleció a causa de una enfermedad.
Un sentir similar al de otra de las familias en la que, como ha detallado el superviviente, su esposa falleció ‘in situ’ y él se enteró veinte días después cuando despertó en la unidad de críticos.
En otros casos, son las propias víctimas que ese día viajaban en el tren quienes exponen los "traumas" generados a partir de aquel 24 de julio de 2013.
"Ahora planeo todo a la perfección antes de viajar", ha expuesto una de ellas, detallando que tal planificación también supone incluir un "cinturón”"en el equipaje por si necesita ejecutar "un torniquete". También se ha referido el desentendimiento de las compañías: "Renfe ni siquiera me envió mis pertenencias".
Las víctimas se alegran de que Adif vaya a activar el ERTMS
La plataforma de víctimas también ha dicho alegrarse de que Adif vaya a poner en servicio en las próximas semanas el sistema de seguridad 'ERTMS' en el eje atlántico y también en el entorno de la estación compostelana, lo que incluye el tramo en el que se produjo el descarrilamiento.
Domínguez ha afirmado que, como ciudadanos, los integrantes de la asociación de afectados se alegran "un montón" del despliegue y activación de este sistema de control y "de que llegue hasta Santiago, hasta A Coruña y hasta donde sea", pero, a renglón seguido, ha avisado: "Que no lo desconecten".
En declaraciones a los medios de comunicación antes de declarar ante la jueza, ha pedido al administrador de infraestructuras ferroviarias, cuyo ex jefe de seguridad está procesado en este juicio, "que antes de desconectarlo hagan los análisis de riesgos pertinentes y tomen las medidas preventivas".
Los peritos se ratifican en sus informes
Por otra parte, los peritos forenses llamados este miércoles a declarar se han ratificado en sus respectivos informes y han tenido que exponer los criterios escogidos para la consideración en la puntuación de las secuelas y perjuicio estético.
Son dos los acusados en esta causa, el maquinista Francisco José Garzón Amo y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea entre Ourense y Santiago, Andrés Cortabitarte.
Ambos, imputados con ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo, y un delito de daños.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras. La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.