El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley que reforma el sistema público de pensiones, con los apoyos del Gobierno y sus socios parlamentarios habituales y el rechazo del PP. En concreto, ha salido adelante con 179 votos a favor; 104, en contra y 61 abstenciones.
En concreto, la norma ha sido respaldada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Compromís, PRC, Teruel Existe y Más País, mientras que ha contado con el rechazo del PP, Ciudadanos, Foro Asturias, la CUP y el BNG, y con la abstención de Vox, EH Bildu y Junts.
Una vez convalidado el decreto, también se ha aprobado tramitar la reforma como un proyecto de ley y permitir así a los grupos parlamentarios negociar nuevas modificaciones al texto.
La reforma ha llegado al Congreso con el respaldo de los sindicatos y de Bruselas, y da cumplimiento a unos de los hitos comprometidos para el cuarto desembolso de los fondos europeos asociados al plan de recuperación.
El nuevo sistema eleva los ingresos para hacer frente a las tensiones financieras por la jubilación de los 'baby boomers' en las décadas de los 30 y los 40, da dos vías para calcular la pensión y mejora las pensiones mínimas.
Escrivá asegura que permitirá "abordar el reto demográfico"
En una intervención inicial en la Cámara Baja, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido la que es la segunda pata de la reforma de pensiones, que a su juicio "permite abordar el reto demográfico" a través de un "conjunto de medidas equilibradas" que garantizarán "la suficiencia" del sistema.
Este nuevo sistema, que entraría en vigor el 1 de abril salvo determinados preceptos del mismo, contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.
Además, con la nueva reforma las mutuas colaboradas de la Seguridad Social ya no tendrán posibilidad de dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en caso de que el servicio público de salud desestime su propuesta de alta.