La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, que ha sido condenada este jueves a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, ha asegurado que no ha tenido un juicio justo ha llamado a no “normalizar" lo que ha considerado un "atropello democrático" y una "aberración judicial" de un tribunal "politizado" que trabajaba por la unidad de España.
Borràs ha hecho estas declaraciones en Barcelona tras conocer el fallo de la sentencia que le ha condenado por adjudicar a dedo, cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas, contratos fraccionados a su amigo, Isaías Herrero, que también ha sido condenado junto con el empresario Andreu Pujol. Borràs ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación.
"He tenido que demostrar y he podido demostrar mi inocencia, pero para el Estado español ni eso ha sido suficiente para impedir esta aberración judicial, que también es una aberración democrática", ha afirmado, y ha insistido en que no ha cometido los delitos que se le imputaban y por los que ha sido condenada.
"Seguiré trabajando por alcanzar la independencia"
Además, ha asegurado que en este caso la justicia la ha condenado por ser quien es y representar lo que representa porque busca "destruir el movimiento independentista", y ha asegurado que ella se "rebela" contra la "injusticia".
La presidenta de JxCat ha advertido en este sentido de que la sentencia no hará que deje de luchar por la independencia: "Esta sentencia ni es firme ni es justa, y no me impedirá seguir trabajando por el único objetivo por el que entré en política, que es alcanzar la independencia de Cataluña".
"No me paro en la lucha por defender mi honradez, en mi lucha por defender y reclamar una absolución que, con toda seguridad, otro tribunal proclamará", ha asegurado en una declaración institucional a las puertas del Parlament.
Desde el Govern, sin embargo, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), ha considerado que la sentencia contra Laura Borràs ha acreditado "malas praxis" que "no tienen cabida en las instituciones catalanas", aunque ha emplazado a esperar a cómo finalizará el procedimiento, dado que "los mismos jueces se han autoenmendado". Y es que el TSJC ha pedido al Gobierno el indulto parcial para dejar la pena de prisión en un máximo de dos años y no tener que ir así a la cárcel.
Junts advierte: no negociarán "el futuro del país" a cambio de favores
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha advertido de que el partido no va a negociar "el futuro del país para solucionar situaciones personales" ni a cambio de "favores". En una rueda de prensa, ha querido "dejar claro" la posición de la formación ante posibles indultos. No obstante, ha aclarado que no ha habido ni contactos ni ofertas al respecto.
Por otro lado, ha criticado la "arbitrariedad de la Justicia española". "Ha sido un proceso judicial lleno de irregularidades desde el principio hasta el final. La mayor injusticia es la justicia simulada", ha afirmado. "No nos vamos a doblegar y tomaremos la decisión que sea más beneficiosa para el proyecto, el país y el independentismo", ha dicho el secretario general, quien ha remarcado que "la Justicia española no puede marcar la vida política catalana".
Aragonès insta a "tomar decisiones" para "defender la dignidad" del Parlament
El 'president' catalán, Pere Argonès, ha instado a tomar "las mejores decisiones" que permitan "defender la dignidad y honorabilidad" de las instituciones. "Esta sentencia afecta de manera clara al Parlament y a su presidenta. Deseo que los grupos encuentren pronto fórmulas para que el Parlamento de Cataluña funcione en todos sus ámbitos de responsabilidad", ha dicho en una breve comparecencia. "Las instituciones están por encima de las personas", ha añadido.
Aragonès, que ha considerado que los "hechos probados son de una gravedad muy signficativa", ha remarcado que el contenido de la sentencia no tiene relación con el independentismo o el referéndum del 1-O.
"Una defensa personal y legítima no puede intentar que el conjunto de una causa política como el independenisto, un movimiento que quiere construir un país libre de corrupción, sirva para eximir la responsabilidades derivadas de los hechos probados", ha aseverado.
Por su parte, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que si Borràs "fuera de ERC", ya habría dimitido, aunque ha avalado esperar a que la sentencia que la condena por prevaricación y falsedad documental sea firme antes de abordar cambios en la Presidencia del Parlament.
Preguntada por si piden la dimisión de Borràs, Vilalta ha contestado que es lo que ERC cree que debería hacer cualquiera en su situación por "coherencia", si bien ha matizado que el Reglamento prevé que los diputados conserven su escaño hasta la sentencia firme y que su grupo defiende esa postura aunque genere contradicciones, en sus palabras.