El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planea reunirse este viernes para valorar una posible dimisión en bloque con el objetivo de forzar una renovación del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace cuatro años, ya que, con su renuncia, se pondría en peligro el quorum de 11 vocales que se necesita para que las decisiones del Consejo sean válidas.
Esta decisión llega a propuesta del vocal asturiano Álvaro Cuesta y tras la renuncia de su compañera Concepción Sáez, que aún no ha sido aceptada por el presidente interino de la institución, Rafael Mozo. Sáez, elegida a propuesta de IU, remitió hace unos días una carta comunicando su dimisión al considerar "insostenible" la situación del Poder Judicial en un escenario de "radical, y puede que ya irreversible, degradación de la institución".
De acuerdo al artículo 600.4 de la ley orgánica del Poder Judicial, "para la válida constitución" del pleno del CGPJ es necesaria, "como mínimo, la presencia de diez vocales y el presidente", de modo que si saliesen ocho, actualmente no se conseguiría esa mayoría necesaria.
Según fuentes del Consejo a Europa Press, hay vocales progresistas dispuestos a seguir los pasos de Sáez si es una decisión conjunta, al considerar que un goteo de dimisiones supondría dejar el Consejo en manos del bloque conservador, mientras que una salida de los ocho vocales progresistas podría paralizar el CGPJ.
El mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018 y está en funciones desde entonces. Durante estos cuatro años, el Gobierno ha intentado renovarlo tal y como establece la Constitución, pero no ha llegado nunca a un acuerdo fructífero con el principal partido de la oposición, el PP.
El Consejo, con solo 18 vocales y un presidente en funciones
Actualmente, el Consejo está formado por 18 vocales, ocho progresistas –incluido Mozo– y 10 conservadores, dos menos de los que debería tener porque durante los cuatro años de interinidad del Consejo el vocal Rafael Fernández Valverde se jubiló y Victoria Cinto falleció.
A ello hay que sumar la salida del expresidente Carlos Lesmes, que dimitió ante el bloqueo en la renovación y la ausencia de negociaciones entre PP y PSOE, y fue sustituido por Mozo. Su salida forzó que ambos partidos se volvieran a sentar, pero finalmente, una vez más, las conversaciones fracasaron y ahora el CGPJ está abocado a agotar la legislatura.
Estas salidas se producen sin previsión de sustitución, porque el Congreso no contempla este escenario habida cuenta de que entiende que no son ceses anticipados, por lo que esta situación solo puede empeorar con potenciales salidas por el camino, ya sea por jubilación u otros motivos, ya que a este Consejo aun le queda al menos año y medio hasta su renovación, como vaticinan las fuentes.
Sáez: "Resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá la crisis"
De momento, Mozo tiene sobre la mesa la carta de renuncia que Sáez le envió el 13 de marzo y que tiene previsto abordar en el Pleno ordinario del próximo 30 de marzo para decidir si la acepta o la rechaza.
En la carta, Sáez plantea su renuncia como "ineludible" y explica que, "por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad", ha venido "aguantando el transcurrir de los meses y de los años, no sin inquietud ni incomodidad", pero que "en este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esa larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial".
Además, la vocal señala a "la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano, al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones", algo que dice ha terminado por "agotar" su "paciencia".
"Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución", concluye Sáez.