Las quejas recibidas en el Defensor del Pueblo por demoras en Atención Primaria de "varios días y hasta semanas" para recibir atención en consulta con personal médico o de enfermería por falta de sanitarios se siguen acumulando, particularmente en grandes ciudades y zonas metropolitanas, según denuncia el informe anual correspondiente a 2022, registrado este lunes en el Parlamento por Ángel Gabilondo.
También se han seguido incrementando "de forma notable" las quejas recibidas por las listas de espera para consultas externas y pruebas diagnósticas en 2022, según consta en el informe del Defensor del Pueblo. Además, denuncia una "dilación" de tal envergadura en la valoración de la discapacidad que "no ha permitido gozar en vida de las ayudas que a la persona afectada le hubieran podido corresponder".
El informe entregado por Ángel Gabilondo denuncia demoras de hasta 30 meses en la unidad del dolor del hospital universitario Ramón y Cajal, en Madrid, y reseña también los 22 meses de espera para la reprogramación de una consulta de traumatología en el centro médico de especialidades Inocencio Jiménez, en Zaragoza, o los 17 meses para consulta en la unidad del dolor del hospital nacional de Parapléjicos, de Toledo, lo que unido a otra docena de casos, han requerido su actuación.
Pese a las quejas recibidas por los problemas de la Atención Primaria o de las listas de espera, el informe del Defensor del Pueblo constata un descenso del número de reclamaciones relacionadas con Sanidad: unas 1.700 este año frente a casi 2.400 en 2021.
En cualquier caso, en esta edición la entidad liderada por Gabilondo ha dedicado un apartado especial a la Atención Primaria, que, desde antes de la pandemia de COVID-19, "se enfrenta a una crisis que queda reflejada en la pérdida de capacidad para atender adecuadamente la demanda asistencial, por varios factores, aunque muy especialmente por la insuficiencia de profesionales sanitarios".
"Menor presupuesto" e "insuficiente número de profesionales"
Una de las razones del empeoramiento de la situación en la Atención Primaria es, según el Defensor, es la "menor proporción de presupuesto que destinan a ella las administraciones autonómicas" frente a la Atención Especializada. Otro de los motivos es "el insuficiente número de profesionales sanitarios disponibles".
"Todas las administraciones citadas conocen esta circunstancia desde hace años, sin que parezca que los acuerdos y medidas que se adoptan eviten el proceso de adelgazamiento y envejecimiento de las plantillas de personal", esgrimen al respecto. Por todo ello, piden un "acuerdo estable" en toda España y una "coordinación reforzada" para paliar "la deriva en que se encuentra el sistema, por lo que se refiere a las especialidades médicas más deficitarias". De entre todas,destaca la Medicina Familiar y Comunitaria, la "columna vertebral de la Atención Primaria".
Según recoge el informe, "cuantitativamente destacan las quejas referidas a la Comunidad de Madrid, en más de 60 centros sanitarios, entre centros de salud, consultorios y de urgencias extrahospitalarias". Es por ello que ha dirigido a la Comunidad madrileña, presidida por Isabel Díaz Ayuso, la mayoría de las recomendaciones para una correcta atención "urgente y presencial".
En verano de 2022, el Defensor pidió a la Comunidad de Madrid que reanudara "cuanto antes" la atención en los centros de urgencias extrahospitalarios, cerrados desde marzo de 2020. La Consejería abrió los centros pero modificando la denominación y composición de la plantilla por lo que el Defensor ha solicitado ahora "más información" sobre estos cambios.
También han llegado a esta institución quejas por la lista de espera quirúrgica por lo que ha pedido explicaciones a los servicios de traumatología del hospital universitario central de Asturias (HUCA) y del hospital universitario de Guadalajara, y a los servicios de cirugía general y digestivo de este último.
La institución ha recibido quejas por presión asistencial y demoras para consulta en catorce centros de salud de Andalucía y diez centros de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha. El menor número de centros objeto de supervisión se concentran en comunidades como Galicia, Cataluña, Aragón y Murcia. No obstante, el Defensor recuerda que en las comunidades que disponen de la figura del defensor del pueblo autonómico las quejas se canalizan a través de esa institución.
"Gran preocupación" de los profesionales sanitarios
En el texto, informa de que muchas de las quejas son presentadas por personal sanitario, médicos y enfermeras que manifiestan su desacuerdo y su "gran preocupación" por la carga de trabajo que soportan, como consecuencia del alto número de pacientes que les corresponde atender cada día.
En este sentido, el Defensor ha hecho una recomendación para que se aumente el número de profesionales y a las administraciones les pide que adopten "decisiones ágiles" que equilibren el esfuerzo del sistema en el nivel de la Atención Primaria. Entiende que los profesionales de Atención Primaria necesitan tiempo para "realizar en condiciones óptimas" su labor y para aplicar métodos innovadores que hagan más resolutiva la atención que prestan.
El informe también detecta quejas por la insuficiencia de plazas para la atención continuada de personas con enfermedad mental, particularmente la patología dual y una insuficiente dotación de plazas de psiquiatras en determinados centros asistenciales.
Además, el Defensor constata actuaciones por ausencia o insuficiencia de centros de carácter público para atender a personas con trastornos de conducta alimentaria, anorexia y bulimia.
Valora el informe como un "importante acierto" la implementación de la línea 024 de atención a la conducta suicida.
"Dilación" en la valoración de la discapacidad
También constata en su último informe anual que la "dilación" en la valoración de la discapacidad es de tal envergadura que "no ha permitido gozar en vida de las ayudas que a la persona afectada le hubieran podido corresponder".
En su informe anual se exponen las "numerosas queja"” que los ciudadanos le dirigen "preocupados por la demora en la valoración de la discapacidad y las consecuencias que ello apareja en la percepción de otro tipo de ayudas y prestaciones".
En algunos casos, deplora el Defensor del Pueblo, “la dilación es tal que no ha permitido gozar en vida de las ayudas que a la persona afectada le hubieran podido corresponder”.
En el caso de las prestaciones por hijo a cargo con discapacidad, “la dilación en la revisión de los grados de discapacidad ha supuesto que el Instituto Nacional de la Seguridad Social suspenda o dé de baja por caducidad dicha prestación, aun a pesar de que los interesados hayan presentado el resguardo de presentación de dicha revisión en el organismo competente de cada comunidad autónoma”.
Pide mejorar la valoración del riesgo de mujeres maltratadas e hijos
El Defensor del Pueblo ha urgido a mejorar el sistema policial de valoración de riesgo de las mujeres víctimas de violencia machista y ha pedido que se adapte el sistema VioGén a la "idiosincrasia y especificidad" de los menores, incluyendo informes de los servicios sociales o gabinetes psicológicos.
El informe incluye un capítulo sobre violencia machista en el que señala que en el ámbito policial han de "perfeccionarse permanentemente" los criterios de valoración del riesgo que sufre cada mujer y proporcionar un "entorno empático" para la acogida de las denuncias.
También recomienda mejorar el sistema policial de detección y valoración de riesgo (VioGén) para adaptarlo a los menores y pide que se incorporen otras fuentes de información y alerta que ayuden a completar los perfiles de los niños que sufren maltrato. Se refiere concretamente a informes de los servicios sociales, de los puntos de encuentro familiar, de los gabinetes psicológicos de los colegios, o de los propios forenses cuando intervienen en los informes de idoneidad en procesos de familia.
En materia de asistencia jurídica, el Defensor pide al Ministerio de Justicia una reforma de la ley contra la violencia de género para reconocer expresamente a todas las víctimas su derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en los procesos de familia, de separación o divorcio.
En otro apartado, el informe del Defensor del Pueblo destaca también las "cuantiosas" quejas recibidas el año pasado por "la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES)".