El Defensor del Pueblo exige revisar el modelo de residencias de mayores y más inversión en el sistema sanitario (en especial en atención primaria), para evitar otra "tragedia" como la ocurrida con la pandemia del coronavirus.
En su informe anual correspondiente a 2020, y presentado este jueves en las Cortes, Francisco Fernández Marugán recoge las conclusiones de la institución en un año marcado por la pandemia. Propone también establecer precios máximos para las pruebas PCR en clínicas privadas y alerta de que la crisis sanitaria ha lastrado la labor de "ascensor social" de la educación.
Revisar el modelo de residencias
El Defensor del Pueblo cree que durante la pandemia ha fallado el sistema de residencias de ancianos, que vivió un "colapso" tanto por la falta de atención sanitaria como por la propia organización de estos centros, "sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas y con infraestructuras y recursos materiales básicos y en muchos casos insuficientes".
Para evitar otra situación similar, recomienda centros más pequeños y domésticos y urge a las comunidades a reforzar los servicios de inspección, dado que más del 72 % de las plazas son de titularidad privada, elevar las ratios obligatorias de personal de atención directa y a regular la presencia de profesionales sanitarios.
Igualmente, reclama protocolos de derivación a los hospitales basados en criterios clínicos e individualizados y no en restricciones genéricas, como ocurrió en Madrid; y garantizar la atención en la propia residencia a los pacientes más frágiles. "Es lo ético y exigible", añade.
"Debilidades crónicas" del sistema sanitario
Para el Defensor, la pandemia no ha hecho más que acentuar las carencias y fragilidades del Sistema Nacional de Salud, de las que todas las administraciones eran conscientes desde "hace mucho tiempo", si bien "ninguna afrontó con la previsión, planificación e inversión suficientes".
“La próxima emergencia sanitaria, o situación de catástrofe, no puede llegar sin haber diseñado y puesto en marcha un sistema de prevención y respuesta más eficaz“
"La próxima emergencia sanitaria, o situación de catástrofe, no puede llegar sin haber diseñado y puesto en marcha un sistema de prevención y respuesta más eficaz, coordinado y jurídicamente adecuado", advierte Fernández Marugán.
Además de aumentar la inversión general en medios, sin necesidad de construir "estructuras espectaculares", propone crear una Agencia Estatal de Salud Pública que lidere la respuesta ante las emergencias, con decisiones rápidas, coordinadas y fundamentadas científicamente y "al margen de las expectativas y preferencias coyunturales de política general".
Quejas por atención primaria
En especial, el Defensor pide mejorar la atención primaria, uno de los principales motivos de queja de los ciudadanos "desde hace años".
"Desde hace años el Defensor del Pueblo viene recibiendo quejas sobre la insuficiencia en la dotación de recursos humanos en el nivel de la atención primaria, en el que se han denunciado condiciones de precariedad laboral y escasez de profesionales ya antes de la pandemia", reza el informe. Desde el verano, han aumentado las quejas por la demora para recibir asistencia y la presión asistencial.
La atención primaria, en saturación permanente a causa de la pandemia
El Defensor insiste en ampliar la capacidad de respuesta y ha pedido informes sobre la situación de las plantillas y volumen de actividad de un total de 47 centros de atención primaria en nueve comunidades autónomas.
Precios máximos a las PCR
En su informe anual, Fernández Marugán también propone que el Ministerio de Sanidad establezca un precio máximo para las pruebas diagnósticas del coronavirus en laboratorios privados, que tienen un coste de entre 100 y 130 euros de media.
Los tests PCR son, según el Defensor, "fundamentales para controlar la pandemia", pero muchas personas no pueden acceder "con los riesgos consiguientes" que supone en contactos estrechos, convivientes, empresas y actividades de riesgos o en caso de viaje.
El Informe califica de "insuficiente" que el Ministerio de Sanidad alegue que no puede fijar un precio máximo para los kits de pruebas de PCR por no ser "productos de venta al público, sino estar dirigidos a profesionales", al entender que "no responde al planteamiento amplio realizado por la Institución".
La pandemia lastra la función de "ascensor social" de la educación
Otro de los aspectos de los que se ocupa el informe es el estado de la educación, que ha provocado más de 2.500 quejas en 2020, el número más alto tras inmigración, justicia y empleo.
"La pandemia ha mostrado un estancamiento de la función de ascensor social (...) poniendo al descubierto el carácter limitador con el que actúa - lamenta el informe - Es el caso que padecen muchas familias al no disponer de recursos suficientes para obtener los medios que permitan a sus hijos acceder en igualdad de condiciones con otros de distinto nivel de renta".
La institución pide a las administraciones que den los recursos y medios digitales necesarios y sugiere la transmisión o grabación de clases por el profesorado.
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