Cinco vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han remitido una carta a la Comisión Europea en la que arremeten duramente contra el Gobierno, al que responsabilizan del bloqueo en la renovación de este órgano y le acusan de haber dado "un paso atrás" en la lucha contra la corrupción.
Dicha carta, a la que ha tenido acceso RTVE, desarrolla a lo largo de cinco páginas, las respuestas complementarias a las enviadas por la Comisión Permanente del CGPJ para su consideración en el informe sobre el Estado de Derecho de 2023 que debe elaborar la UE.
Los cinco vocales conservadores justifican su documento en que las preguntas formuladas por la Comisión no fueron sometidas a la consideración del Pleno del Consejo. Además, señalan que el texto "con el borrador de las respuestas" fue entregado a los vocales que no forman parte de la Comisión Permanente del CGPJ "con un tiempo insuficiente para su análisis, y en todo caso se enviaron a la Comisión Europea sin que tampoco hubiese debate previo en el Pleno sobre las respuestas"
El Poder Judicial ha cumplido cuatro años caducado, inmerso en la batalla política, algo inédito ya que hasta 2018 el Gobierno y la oposición siempre se habían puesto de acuerdo para renovar el CGPJ, que actualmente sigue representando la mayoría conservadora que tenía Mariano Rajoy en 2013 (último año en que se renovó).
Desde 2018, el Partido Popular ha terminado rompiendo las negociaciones con el Ejecutivo para renovar este órgano ante distintas líneas rojas que han variado con los años. La última fue precisamente la reforma de la sedición, que dinamitó en otoño de 2022 unas negociaciones muy avanzadas que habían sido las únicas que se habían dado este 2022.
Señalan las iniciativas de otros grupos, sin citar al PP
En la carta remitida a la Comisión Europea, los cinco vocales conservadores descargan en el Gobierno la responsabilidad del bloqueo en la renovación del Consejo por "su rechazo total a la modificación del modelo de gobierno judicial español para su adaptación a los estándares europeos sobre Estado de derecho" que es la principal controversia que impide la renovación del Consejo.
Sin citar al PP, señalan que otros grupos parlamentarios han presentado iniciativas en el Parlamento para adaptar nuestra legislación a la europea, en las cartas que remiten a la vicepresidenta de la Comisión encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová; y al comisario de Justicia, Didier Reynders.
Precisamente Reynders dejó claro en su visita del pasado octubre a España cuales deben ser las prioridades. Dijo que primero se debe acometer con urgencia la renovación del Consejo e "inmediatamente después" cambiar el modelo de elección de sus miembros.
Cargan contra la reforma del Código Penal
Los vocales recuerdan el último intento del PSOE y PP por pactar la renovación en octubre, pero matizan que la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno, que suprimió la sedición y modificó la malversación, abrió una crisis que frustró una vez más las negociaciones.
Al respecto, alertan de que esa reforma supone "un paso atrás" y "un debilitamiento" en la lucha contra la corrupción porque, además, supondrá la revisión de las condenas de los corruptos en prisión.
Los cinco vocales cargan contra el Ejecutivo por su rechazo a devolver al Consejo las competencias para realizar nombramientos y poner fin a la "crítica" situación del Supremo con casi un 30% de vacantes así como por la forma de tramitar las leyes.
En concreto, los cinco vocales aseguran que el "planteamiento de los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno, ante las dificultades de renovación del CGPJ consistió en aprobar la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo", por el que se le privó, dicen "de sus competencias en varios ámbitos", y "sobre todo, en el relativo a los nombramientos de altos cargos judiciales" y que esto, está "perjudicando gravemente el funcionamiento regular de algunos tribunales, como el Tribunal Supremo, cuyos efectivos no se pueden reponer".
Por todo ello, concluyen que "el incumplimiento de los estándares de Estado de derecho de la UE es intenso y debilita las funciones del CGPJ para la defensa de la independencia del poder judicial".