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Los papeles secretos de Biden y Trump: claves del escándalo de los documentos clasificados en EE.UU.

  • Tanto el actual mandatario como su predecesor están investigados por el hallazgo de este tipo de archivos

  • En ambos casos, existen diferencias que podrían afectar a las implicaciones legales

MARTA REY
8 min.

El presidente estadounidense, Joe Biden, está en el punto de mira después de que se hayan encontrado numerosos documentos clasificados pertenecientes a su etapa como vicepresidente en su vivienda y en su oficina. El caso, pese a las diferencias entre ambos, recuerda al que llevó al FBI a registrar la residencia de su predecesor, Donald Trump, el pasado verano. Según la ley estadounidense, la divulgación de estos papeles, que deben ser entregados a la autoridad pertinente al finalizar un mandato, podría causar "daños" a la seguridad nacional.

En lo que al actual presidente se refiere, fueron sus propios abogados los que identificaron y entregaron los papeles y la Casa Blanca ha garantizado su colaboración con la investigación en curso. En el caso de Trump, fue necesaria la intervención del Departamento de Justicia, aunque ambos están ahora investigados por la Fiscalía. Pero, ¿qué clase de archivos se han encontrado y qué implicaciones conlleva su hallazgo?

¿Qué tenían en su posesión Biden y Trump?

Según el inventario realizado a raíz del registro del FBI el pasado agosto de la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, donde se encontraron decenas de miles de archivos gubernamentales, el expresidente guardaba centenares de documentos clasificados, algunos de ellos etiquetados como 'Alto secreto', entre libros, revistas y periódicos.

The New York Times informó de que en el registro se encontraron hasta 300 de estos documentos, incluido material de la CIA y el FBI. Según The Washington Post, algunos de los archivos incluían información sobre trabajos de los servicios de inteligencia estadounidenses relacionados con China y, al menos uno de ellos, sobre un programa de misiles en Irán.

En cuanto a Biden, sus abogados informaron a los Archivos Nacionales del descubrimiento de entorno a una docena de archivos clasificados en una de las oficinas del mandatario. Fue justo antes de las elecciones legislativas celebradas en noviembre, aunque la noticia no se dio a conocer hasta este mes de enero.

En registros posteriores, se ha notificado de la existencia de nuevos lotes de archivos, el último, con seis nuevos documentos clasificados, fue hallado por el Departamento de Justicia en la residencia del líder estadounidense. Según un oficial federal citado por la cadena estadounidense CBS, entre los documentos hallados en el Penn Biden Center también había archivos etiquetados como ‘Alto Secreto’, el nivel más alto de clasificación.

¿Qué diferencia a ambos casos?

Ambos hallazgos presentan similitudes, pero también diferencias. Por un lado, los papeles que poseía Trump fueron identificados por el propio Archivo Nacional como desaparecidos y fue a través de una orden de registro, después del reiterado rechazo por parte del expresidente a su entrega, cuando se pudo acceder a todos ellos.

En el caso de Biden, han sido sus propios abogados los que han encontrado la mayoría de archivos y han informado y entregado a las autoridades competentes su hallazgo. Además, al contrario que Trump, la Administración del actual mandatario se ha mostrado dispuesta a “cooperar con la Justicia”.

Por otro lado, la magnitud del hallazgo parece a priori muy distinta. Son cientos los documentos clasificados encontrados en posesión de Trump, mientras que, en lo que a Biden se refiere, al menos por ahora, se estaría hablando de en torno a una veintena de archivos.

Ahora bien, como apunta a RTVE.es el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos, Juan Tovar Ruíz, Biden ha sido muy crítico con el hecho de que su predecesor estuviera en posesión de este tipo de documentos e, inevitablemente, esto plantea una similitud entre ambos y abre un debate político. “El hallazgo deja en muy mal lugar a la Administración de Biden e incluso podría beneficiar a Trump de cara a las primarias de su partido en un momento en el que estaba muy debilitado”, expone.

Además, recuerda, los republicanos tienen ahora la mayoría en la Cámara de Representantes y han amenazado con iniciar una investigación sobre esta y otras cuestiones. "Es algo que probablemente se vaya a producir", dice el internacionalista.

¿Qué implicaciones legales puede tener?

Ni Trump ni Biden estaban autorizados a estar en posesión de archivos clasificados pertenecientes, en ambos casos, a mandatos ya finalizados. Sin embargo, la posesión de estos documentos, puede no constituir un delito, siempre y cuando no se demuestre que fueron ocultados de manera deliberada.

Como expone a RTVE.es la directora del Instituto para la Defensa y Protección Institucional y profesora de derecho de la Universidad de Georgetown, Mary McCord, “no está autorizado tener información clasificada en tu casa, en un cajón o en un libro, pero eso no significa necesariamente que sea un acto criminal. “Si se trata de un error, estaría mal hecho y puedes ser amonestado administrativamente, pero no procesado penalmente”, añade.

Un presidente en el ejercicio de sus funciones, recuerda, no puede ser procesado, pero si se trata de un exmandatario, la responsabilidad penal dependerá de la intencionalidad. “¿Fue intencional o erróneo que la información clasificada fuera retirada y llevada a sus casas? Y, una vez lo supieron, ¿la retuvieron intencionadamente, incluso cuando sabían que debían devolverla, o la devolvieron?”, plantea la abogada.

En el caso de Trump, explica, hubo mucha menos cooperación y hay más indicios de obstrucción. "La falta de cooperación por sí sola no plantea una obstrucción, pero ir más allá y llegar a tomar medidas para obstaculizar una investigación podría incluir en sí mismo en un delito adicional”.

Documentos clasificados, ¿qué son exactamente?

En Estados Unidos, la orden Ejecutiva 13526 dictada en diciembre de 2009 bajo el mandato de Barack Obama, establece un “sistema uniforme” para, según el texto, clasificar, salvaguardar y desclasificar información de seguridad nacional que marca la manera de actuar para todos los miembros del gobierno. El motivo es la protección de la ciudadanía, de las instituciones y las interacciones con otros países.

En concreto, la información que contengan estos documentos clasificados puede referirse a planes militares, armamento, información sobre gobiernos extranjeros, inteligencia estadounidense, relaciones o actividades exteriores, fuentes confidenciales, instalaciones nucleares o armas de destrucción masiva, entre otros.

“Existen diferentes áreas de la seguridad nacional que podrían ser clasificadas por el daño que crearía a la Ley de Seguridad Nacional si se libera a aquellos que no tienen derecho a mirarlo o recibirlo”, expone McCord.

Como apunta Tovar, estos documentos que maneja el gobierno pueden contener, entre otras cosas, información sobre enemigos o aliados que pueda afectar a la seguridad nacional. “Por ello, está particularmente restringido su acceso y solo se pueden manejar por determinadas personas que participan dentro de ese proceso decisorio”, añade.

La orden estipula, además, que solo pueden clasificar información el presidente y vicepresidente, los jefes de agencias y funcionarios elegidos por el mandatario y funcionarios autorizados que pueden encargarse de información de niveles inferiores.

¿Qué tipos de documentos clasificados existen?

¿Dónde deben almacenarse estos archivos?

Por su contenido, esta información debe ser almacenada en contenedores autorizados y preparados para tal fin, como puede ser una caja fuerte dentro de un SCIF, o Servicio de Información Confidencial, es decir, una instalación “segura” creada para protegerlos e impedir el acceso a ellos de personal no autorizado, incluidos servicios de inteligencia extranjeros o espías corporativos.

Es habitual que tanto el presidente como el vicepresidente tengan en su posesión y trabajen con este tipo de documentos mientras están en el cargo. Ahora bien, la responsabilidad recae sobre la persona que los posea, que debe encargarse de que estén debidamente protegidos y sean devueltos a las autoridades competentes.

Cuando el mandato concluye, no pueden quedarse con ellos. La ley estadounidense contempla que deben ser entregados a los Archivos Nacionales, órgano encargado de su recopilación y almacenamiento.

¿Es una práctica habitual en la Casa Blanca?

Biden y Trump no han sido los únicos mandatarios estadounidenses que no han seguido correctamente los protocolos de seguridad. Sin ir más lejos, hace apenas tres días se supo que el exvicepresidente Mike Pence también había descubierto una docena de documentos clasificados en su vivienda.

El caso también nos recuerda a aquella vez en que el presidente Jim Carter olvidó un documento con códigos de armas nucleares en el bolsillo de su chaqueta, que acabó en una tintorería; o a cuando la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, utilizó un servidor de correo privado para comunicaciones oficiales.

De hecho, el director del FBI, recriminó el jueves a quienes tienen acceso a material confidencial que deberían ser más "conscientes" de las normas establecidas sobre información clasificada y su uso adecuado. Las reglas, defendió Christopher Wray, "están ahí por una razón".

Sin embargo, tal y como menciona McCord, almacenar documentación clasificada una vez abandonado el cargo no es algo que suceda habitualmente. A menudo presidentes y vicepresidentes trabajan desde casa, y cuentan, de hecho, con su propio SCIF mientras desarrollan sus funciones.

"Puede ocurrir que, de vez en cuando, haya un error y uno, dos, tres, cuatro documentos clasificados se entremezclen con otros no clasificados". Por ello, concluye, el volumen de documentación interceptada en un caso u otro puede marcar una notable diferencia.

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