La Defensoría del Pueblo de Perú ha asegurado este lunes que identificó "afectaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas" durante la intervención policial del sábado pasado en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima.
"En supervisión a la intervención policial en la UNMSM y a la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal), la Dircote (Dirección contra el terrorismo) y la División de Asuntos Sociales se identificaron afectaciones a derechos fundamentales de las personas detenidas", ha señalado la Defensoría en un comunicado.
El organismo ha indicado que entre los arrestados hubo estudiantes, mujeres, dos gestantes, una niña, ancianos, personas con discapacidad y con prescripción médica, así como integrantes de comunidades campesinas e indígenas, que tienen al quechua y aimara como lenguas maternas, "quienes no habrían recibido información alguna sobre las razones de su detención".
Ha agregado que algunas de esas personas denunciaron que tuvieron que orinar "en el lugar de la retención inicial" y que mujeres no pudieron acceder a productos de higiene personal, y sufrieron de cólicos (dolores menstruales) y dolores de cabeza, "afectando su salud integral".
"Además, inicialmente, se advirtió la ausencia de garantías al derecho a la defensa, como la carencia de intérpretes de las diversas lenguas, y se les mantuvo incomunicadas con sus familiares y amistades", ha remarcado.
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Recomendaciones al Gobierno
La Defensoría del Pueblo ha sostenido, en ese sentido, que "es necesario que se garantice a las mujeres detenidas una atención diferenciada y con enfoque de género" y se permita "una atención digna y coherente con el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, sin ningún tipo de discriminación".
Ha urgido, además, a "establecer e incorporar medidas específicas que garanticen el trato digno y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas detenidas" y a "asegurar una atención diferenciada y especializada a niñas, niños y adolescentes" que llegaron a Lima acompañando a sus progenitores o cuidadores detenidos.
La organización ha pedido también que "durante las intervenciones y detenciones policiales a personas indígenas, se respete su dignidad y derechos, acorde a su lengua materna y tradiciones, con un enfoque de interculturalidad".
La Defensoría ha señalado que envió estas recomendaciones al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y al Ministerio del Interior y que "hará seguimiento" a su implementación "a fin de que se garanticen los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad".
El centro universitario denuncia la intervención
Este lunes, el ministro del Interior, Vicente Romero, ha asegurado que el ingreso de la Policía Nacional, con derribo de puertas, a San Marcos se hizo ante un pedido de sus propias autoridades y por la comisión de un delito, en flagrancia, de algunos de los manifestantes antigubernamentales allí alojados.
Sin embargo, este centro universitario denunció el domingo que se cometió un "abuso de autoridad", que en el operativo no hubo presencia de la Fiscalía y rechazó la intervención de la policía antiterrorismo en la residencia universitaria, "que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos".
La PNP echó abajo con una tanqueta la entrada de la universidad e ingresó el sábado al campus para desalojar a cientos de manifestantes venidos de todo Perú para acampar en su interior y participan en protestas antigubernamentales.
El gran operativo acabó con la detención de 193 personas, entre manifestantes y estudiantes, que fueron liberados el domingo por orden de la Fiscalía.