El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha advertido este lunes, ante la polémica suscitada en Castilla y León por el nuevo protocolo antiaborto, que "los protocolos clínicos los hacen los clínicos en el marco de un consenso, no los políticos" y ha recordado que no se puede obligar a ningún paciente a hacerse pruebas que no desee.
El protocolo antiaborto es de "obligado cumplimiento" para los médicos, según ha recalcado el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), mientras que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha negado que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas, y ha asegurado que no se obligará "a nada" a médicos o pacientes.
Desde el punto de vista de la profesión médica, el presidente de CGCOM, Tomás Cobo, ha señalado: "Los protocolos clínicos se elaboran por clínicos, en el marco de un consenso que se basa en la evidencia cietífica, no los elaboran los políticos ni las consejerías, en todo caso dentro de la consejería, un comité científico que aplica un protocolo científico".
La relación médico-paciente es "de altísima confidencialidad"
La relación médico paciente es "íntima, de altísima confidencialidad" y "el único objetivo del acto médico es el bienestar físico y psíquico del paciente, y cada paciente, cada ser humano, es único", ha señalado el presidente del CGCOM, Tomás Cobo respecto al protocolo antiaborto impulsado por Vox en Castilla y León.
Además, el presidente del CGCOM ha querido dejar clara una cosa, y es que "en ningún caso y de ninguna manera" se puede obligar a ningún paciente a someterse a una prueba diagnóstica o terapéutica que no desee realizarse, porque contravendría la ley de autonomía del paciente.
"Para cualquier prueba diagnóstica o terapéutica hace falta infomar a los pacientes de cuál es el objetivo de esa prueba o tratamiento y se requiere un consentimiento firmado del paciente, no se puede hacer si no ha informado adecuadamente al paciente", ha señalado Cobo, que recuerda además que los médicos no solo deben cumplir la ley que se aplica con el Código Civil y Penal, sino que están sujetos a un código deontológico que les exige entre otras cosas, una "altísima confidencialidad".
Los sanitarios de Castilla y León no tienen el protocolo
Los médicos de familia, matronas y ginecólogos de la sanidad pública de Castilla y León no disponen por el momento de la orden o la instrucción de la Consejería de Sanidad que el Gobierno autonómico anunció que entraría en vigor este lunes, por lo que siguen aplicando las mismas dinámicas que había hasta ahora.
Fuentes de estos colectivos profesionales consultadas por Efe han coincidido en señalar que a media mañana no han recibido notificación alguna por parte de Sanidad, por lo que han insistido en que a efectos prácticos no hay cambios en lo que deben aplicar.
En concreto, para el caso de las mujeres que quieran abortar, el protocolo consistirá fundamentalmente en realizar una ecografía, pero a los únicos efectos de constatar que se encuentra en plazo para practicar legalmente y de forma libre la interrupción voluntaria del embarazo, antes de las 14 semanas de gestación.
Del mismo modo, esa prueba diagnóstica sirve para saber si puede utilizarse un método farmacológico (hasta la séptima semana de gestación) o quirúrgico para realizar el aborto.
Una matrona que trabaja en un centro de salud de la provincia de Salamanca ha detallado a Efe que ese procedimiento se realiza con un sistema que garantiza el anonimato de la mujer, por lo que se omite su nombre y se sustituye por un código, además de habilitar para la embarazada que quiere abortar una cita a una hora diferente que las realizadas de forma ordinaria para las mujeres que siguen con la gestación.