ERC ha presentado este viernes una enmienda para reformar el delito de malversación en la que propone rebajar la pena de prisión -con entre seis meses y tres años- si no existe enriquecimiento personal o de terceros. Esta enmienda, que aún tiene que negociarse y votarse, afectaría directamente a los condenados por el 'procés', ya que dejaría sin efecto las condenas por malversación a condenados por el procés como Oriol Junqueras. También afectaría a Carles Puigdemont, huido desde 2017, y a unos 40 ex altos cargos de la Generalitat con causas pendientes.
En la propuesta que ha presentado en el Congreso de los Diputados junto a otras enmiendas encaminadas a derogar la sedición, Esquerra aboga por crear un nuevo artículo en el Código Penal -el 432 bis-, según el cual "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años".
En la actualidad, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre dos y seis años de cárcel para "la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público", en el que especifica que "serán punibles (...) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".
Entre dos y ocho años si hay ánimo de lucro
En el caso de que exista ánimo de lucro o se beneficie a un tercero para que se apropie del patrimonio público, la enmienda mantiene las penas de prisión de entre dos y seis años y entre seis y diez de inhabilitación.
Estas penas aumentarían a entre cuatro y ocho años de cárcel y de diez a veinte años de inhabilitación en varios supuestos: si hubiera un daño o entorpecimiento graves al servicio público; si el valor del perjuicio o el patrimonio público apropiado excede de 50.000 euros; o si la malversación afectara a bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o destinados a aliviar una calamidad pública.
Además, si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 250.000 euros, "se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado".
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Con esta propuesta, ERC aboga por volver al escenario previo a la "inadecuada" reforma del Código Penal que llevó a cabo en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy, que suprimió el requisito del enriquecimiento personal para condenar a un cargo público.
De este modo, se volvería a "la estructura planteada en 1995", en la que lo que se considera malversación "son las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro, así como el uso temporal del patrimonio público con fines particulares", aunque con las penas de 2015 en lo referente a las "conductas de apropiación".
La propuesta incorpora también la definición de lo que se entiende por patrimonio público, que es el conjunto de bienes y derechos de contenido económico-patrimonial perteneciente a las administraciones públicas.
La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido este viernes que la enmienda deja "menos margen interpretativo" para penar actos con finalidades políticas y que beneficiaría a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O.
"Puesto que ninguna de las personas ha malversado, en este sentido obviamente se verían beneficiadas", ha asegurado Vilalta en una entrevista en Cataluña Ràdio.
Calviño: "La corrupción es una línea roja"
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado este viernes que la lucha contra la corrupción es "una línea roja" y que no habrá cambios en el Código Penal que puedan "beneficiar" a condenados por este delito. Además, Calviño ha pedido "no especular" hasta no tener el detalle de la reforma.
Por su parte, el portavoz parlamentario del UP, Pablo Echenique, ha manifestado que están "dispuestos a estudiar" la propuesta de ERC "siempre que no beneficie a ningún condenado o imputado por corrupción".
En la misma línea, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, ha asegurado que su formación va a leer "con atención y buena predisposición" la enmienda de Esquerra y ha recordado que ellos ya han manifestado en anteriores ocasiones que la reforma del PP de 2015 fue "una auténtica chapuza que se hizo a medida para perseguir al independentismo, no para perseguir a la corrupción".
De forma paralela a la enmienda de ERC, PSOE y Unidas Podemos han presentado este viernes una propuesta de reforma del Código Penal para introducir un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, que castiga con hasta tres años de prisión a aquellos cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo.
ERC pide suprimir "las ocupaciones pacíficas"
En la enmienda de ERC al Código Penal también se incluye la propuesta de suprimir la ocupación de locales, establecimientos u oficinas cuando se ejecuten de forma pacífica, lo que supondría despenalizar cualquier acción similar a la ejecutada el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, cuando se ocuparon decenas de colegios como sedes de votación del referéndum ilegal.
ERC apuesta por suprimir directamente el apartado relativo a "las ocupaciones pacíficas de locales, establecimientos, oficinas o domicilios" pues asegura que no producen una afectación de la paz pública y por tanto, estas conductas no reúnen el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del Derecho Penal.
Junto a esta petición, ERC quiere retocar también el artículo 557 relativo a los actos violentos que alteren la paz pública, de forma que sean penados con entre seis meses y tres años de cárcel quienes ejecuten estos actos siempre que supongan intimidación grave para las personas, se obstaculice la vía pública ocasionando un peligro para la vida o se invadan instalaciones o edificios poniendo en riesgo la integridad física de las personas.
Con estos matices ERC quiere evitar la "criminalización de los derechos de reunión y manifestación" y dejar más claros los límites entre el derecho penal y el administrativo.