La Comisión Europea ha advertido este miércoles al propietario de Twitter, Elon Musk, que necesita contratar más personal para cumplir con las nuevas normas de la Unión Europea sobre el control de contenidos.
La ley de servicios digitales obliga a las grandes plataformas como Twitter, Google o Amazon a eliminar con rapidez el contenido ilegal, siempre y cuando tengan conocimiento de su existencia, y les exige una mayor transparencia en el diseño de los algoritmos que determinan lo que los usuarios ven en internet.
Según el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, la red social tendrá entonces que implementar políticas transparentes a los usuarios, reforzar "significativamente" la moderación de contenido, proteger la libertad de expresión, abordar la desinformación "con determinación" y limitar la publicidad dirigida.
"Todo esto requiere suficiente IA (inteligencia artificial) y recursos humanos", ha insistido tras una conversación por videoconferencia con Musk.
La advertencia de la Comisión ha llegado a los pocos días de que Twitter cerrase su oficina en Bruselas como parte de los despidos que está llevando a cabo el magnate, lo que ha generado dudas en la capital comunitaria sobre la capacidad de la red social de cumplir con las nuevas exigencias europeas.
Twitter pasará un test a principios de 2023
Por otro lado, Breton y Musk han acordado que la Comisión Europea podrá acceder a la sede central de Twitter para llevar a cabo un test de estrés a principios de 2023 que "permitirá" a la compañía cumplir con la ley de servicios digitales que acaba de entrar en vigor "antes de los plazos" que prevé la norma.
La nueva normativa, que en la práctica no se empezará a aplicar hasta febrero de 2024, también prohibirá a los gigantes de internet mostrar publicidad personalizada a los menores de edad y exigirá a las empresas informar a los usuarios por qué les recomienda determinados contenidos basándose su perfil.
En la misma línea, la norma prohíbe el uso de "patrones oscuros", trucos diseñados para engañar y manipular a los consumidores para que tomen decisiones probablemente contrarias a sus intereses.
Si incumplen estos requisitos, la Comisión Europea les podrá imponer una multa de hasta el 6% de su facturación anual a nivel mundial e incluso les podrá prohibir el acceso a mercado único.