La Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno al plan presupuestario presentado por el Gobierno español para el ejercicio 2023 al considerar que sigue la recomendación de prudencia en el gasto corriente -mientras siguen suspendidas las reglas fiscales comunes-, si bien ha advertido de la necesidad de centrar las ayudas para hacer frente al incremento de los costes de la energía en los hogares vulnerables.
Así consta en el informe sobre desequilibrios macroeconómicos que el Ejecutivo comunitario ha publicado este martes dentro de su llamado Paquete de Otoño, en el que marca los principales retos de los Estados miembros de cara a un 2023 que, según las previsiones de las autoridades comunitarias, comenzará con dos trimestres de contracción en la eurozona.
Así, la Comisión insta a Bélgica, Francia, Grecia, España y Portugal a garantizar una política fiscal prudente limitando el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial de la producción a medio plazo, pues teme que una prolongación de las mismas puede contribuir a un aumento del déficit y la deuda públicos previstos para 2023. Por ello, ha instado a acotar estas medidas en los hogares más vulnerables y en las empresas expuestas, para preservar los incentivos a la reducción de la demanda y para ser retiradas cuando las presiones de los precios disminuyan.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado como una "magnífica noticia" que la Comisión Europea haya avalado el proyecto presupuestario. "Eso significa que está dentro de la horquilla de previsiones que Bruselas maneja para España este año y para el próximo y pone el acento en que la política fiscal que se está desarrollando por parte del Gobierno es compatible y responsable, al tiempo que recoge recomendaciones que la propia CE había trasladado", ha destacado.
Precisamente este martes EH Bildu ha confirmado el apoyo de sus cinco diputados a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y, con ello, el Gobierno se garantiza su aprobación, puesto que ya alcanza 174 votos que necesita para que las cuentas públicas sean convalidadas por mayoría simple en el Congreso este jueves antes de su paso al Senado.
Alerta de que el déficit y la deuda siguen siendo elevados
En particular, Bruselas señala en el documento de que persisten los "riesgos para la sostenibilidad fiscal" de España a medio y largo plazo "en parte debido a los costes del envejecimiento de la población" y a pesar de que tanto la deuda como el déficit públicos se encuentran en una senda a la baja que la institución proyecta también a lo largo de 2022 y 2023. Además, apunta a que la tasa de desempleo ya está por debajo de los niveles anteriores a la crisis, aunque sigue siendo alta, y se espera que se mantenga estable el próximo año. Dentro de este capítulo, Bruselas pone el acento en el paro juvenil y de larga duración.
El Ejecutivo comunitario también ha constatado que la economía española siguió expandiéndose en 2022 a pesar de las crecientes perturbaciones provocadas por la agresión de Rusia a Ucrania, pero se espera una rápida desaceleración en 2023 en medio de una elevada incertidumbre con riesgos inclinados a la baja.
Sí que genera más preocupación la posición neta de inversión internacional de la economía española, que sigue siendo negativa (-71,5 % del PIB en 2021) aunque ha mejorado "sustancialmente" debido a "fuertes efectos positivos de valor y un elevado crecimiento del PIB nominal". En esta línea, el Ejecutivo comunitario destaca que la balanza por cuenta corriente sigue aguantando el superávit (un 1,2 % del PIB en 2021), pero prevé que se reduzca levemente, con el sector servicios compensando de manera parcial el deterioro comercial de bienes, servicios y energía.
Mientras, el sector bancario se ha mantenido resistente, ya que los posibles efectos de los precipicios tras la expiración de las medidas de apoyo público desplegadas durante el período de la pandemia no se han materializado, pero Bruselas indica que los efectos secundarios derivados del aumento de los precios de la energía y de los tipos de interés justifican una estrecha vigilancia. Para limitar su efecto sobre los consumidores, el Ejecutivo ha aprobado este martes un protocolo de ayudas para aliviar el pago de la hipoteca a más de un millón de hogares.
Mecanismo de alerta
Es por ello que el Informe del Mecanismo de Alerta de este año concluye que están justificadas las revisiones en profundidad tanto de España como de otros nueve Estados miembro que fueron objeto de un examen exhaustivo en el anterior ciclo anual de vigilancia del procedimiento de desequilibrio macroeconómico, así como Chequia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania Luxemburgo y Eslovaquia, que no fueron objeto de una revisión en profundidad en 2021-2022.
Por otro lado, los informes de supervisión posteriores al programa para, Chipre, España, Grecia, Irlanda y Portugal concluyen que los cinco Estados miembro conservan la capacidad de reembolso de su deuda.
Además, la recomendación pide a los países de la eurozona que tomen medidas individualizadas incluyendo la aplicación de sus Planes de Recuperación y Resiliencia, y también colectivas en el marco del Eurogrupo, en el período 2023-2024, para garantizar una política fiscal común y coordinada, mantener la inversión pública, supervisar las políticas salariales y sociales, mejorar el entorno empresarial y preservar la estabilidad macrofinanciera.
Siguientes pasos
La Comisión Europea presentará su propuesta de recomendación sobre la zona del euro en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) del 6 de diciembre. Se espera que la propuesta sea debatida por el Eurogrupo el próximo mes de enero, que el Consejo la apruebe en marzo de 2023 y, más adelante, la adopción formal por parte del Ecofin.
Los Estados miembro deberán tomar medidas basadas en la recomendación tanto a nivel individual como colectivo dentro del Eurogrupo para aplicar la recomendación de la zona del euro en el período 2023-2024.