La ley del ‘solo sí es sí’ se ha situado en el ojo del huracán después de que varios tribunales hayan revisado a la baja más de una decena de condenas a agresores sexuales, llegando algunos presos a quedar en libertad. El Gobierno ha apelado a la “sensibilidad” de los jueces porque ese no es el “espíritu” de una norma que nació para garantizar una mayor protección a las mujeres y “agravar” las penas, y varios ministros socialistas piden revisar y corregir errores, algo que los expertos ven posible para futuras condenas pero no para las ya revisadas. El Supremo y la Fiscalía trabajan ya precisamente para unificar doctrina al respecto. Mientras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, centra el foco de las críticas y PP, Vox y tres asociaciones judiciales piden su dimisión o cese, aunque ella insiste en que el problema no está en la ley sino en el “machismo” de los jueces.
La Ley de Garantías de Libertad Sexual salió adelante en el Congreso en agosto con los únicos votos en contra de PP y Vox y la abstención de la CUP. ERC, que ya había advertido en el trámite parlamentario de una posible reducción de las condenas, vio sus enmiendas rechazadas. Con todo, la ley entró en vigor el pasado 7 de octubre. La norma unifica los delitos de abuso y agresión sexual sin distinción puesto que pone el consentimiento en el centro: todo acto sexual sin él es agresión. El eje de la cuestión es que la norma modificó el rango de penas contemplado en la anterior ley y rebajó algunas mínimas. Así, la pena mínima del delito de agresión quedó, por ejemplo, en cuatro años frente a los seis contemplados anteriormente en el Código Penal.
Rebaja de penas y excarcelaciones
Este hecho ha provocado que los tribunales hayan recibido múltiples recursos para rebajar condenas de agresores en aplicación de la nueva ley en vigor, algo que ampara el principio general de retroactividad en Derecho. Esta semana se han conocido ya los primeros casos y hay, al menos, once condenas rebajadas y entre ellas, cinco presos excarcelados según contabiliza Europa Press: dos en Baleares, dos en Madrid y otro en Galicia.
Además, la Audiencia de Barcelona dictó una sentencia días antes de la entrada en vigor de esta ley en la que ya aplicaba una pena menor al acusado en previsión de lo que establece la norma. En la Audiencia de La Rioja, en cambio no constan modificaciones de penas de entre las 54 revisadas hasta el momento. Y en Madrid, los presidentes de las quince secciones de la Audiencia Provincial se reunirán el próximo 25 de noviembre para unificar criterio.
Por su parte, el abogado de ‘La Manada’, el caso de la violación grupal en Pamplona que motivó la ley del ‘solo sí es sí’, está ultimando un recurso para que uno de los cinco condenados pueda acogerse a la rebaja de penas en aplicación de la nueva norma. La abogada de la víctima, Teresa Hermida, ha destacado que la situación de la joven es “complicada” al respecto: "A ella se le consideró abanderada de la ley 'solo sí es sí' sin ella solicitarlo. Si se aplica y puede suponerle una rebaja de la pena a algún miembro, ella puede sentirse injustamente tratada".
Irene Montero culpa al “machismo” de los jueces
“Todavía no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer. Es propaganda machista”. Estas palabras las pronunció Irene Montero el 2 de noviembre ante las dudas de algunos diputados durante la Comisión de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Tras las primeras rebajas de condenas, tanto Montero como la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, creen que el problema no está en la norma, sino en el “machismo”de los jueces y su falta de formación en perspectiva de género: “El machismo puede hacer que haya jueces que interpreten erróneamente” la ley, la apliquen “de forma defectuosa" o incluso no la "cumplan", advirtió la ministra ante los medios.
Rosell considera además que modificar la ley sería “jurídicamente una barbaridad”, cree que la norma no tiene brechas y que lo que se han producido son "errores jurídicos" de algunos jueces. Rechaza que la ley precise de una disposición transitoria para aclarar estas cuestiones porque ya existen otras vigentes, y ha insistido en que lo que se debe hacer es comparar la norma vigente con la anterior y con las circunstancias, leyéndose los jueces hechos probados y el Código Penal completo, y decidir "no leyendo solo un artículo" y sin caer en "automatismos".
Desde Podemos han salido en masa a respaldar a Montero y las acusaciones de Igualdad a los jueces, a quienes han llegado a llamar “fachas con toga” (dicho por Javier Sánchez Serna), unas críticas que no han sido compartidas por el PSOE ni por los socios parlamentarios habituales del Gobierno, como ERC, EH Bildu, Más País o el PNV, que incluso ha llegado a pedir a Montero que se “modere” y “no convierta todo en una batalla ideológica”. Tampoco el magistrado Juan Pedro Yllanes, de Podemos y vicepresidente del Gobierno Balear, comparte esta visión de Igualdad: "Puedo garantizar que no hay ni un solo juez ni una sola jueza en España al que le pueda resultar satisfactorio rebajar la condena de un abusador o de un agresor sexual, eso es absolutamente impensable".
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que está enfocada en su proyecto 'Sumar' con el que podría concurrir a las generales, no ha secundado las críticas de Podemos a los jueces, como tampoco los ministros Alberto Garzón ni Joan Subirats. En declaraciones a los medios, Díaz se ha limitado a pedir "prudencia" y "no generar alarma social": "El Gobierno va a proteger a las víctimas y esperemos con tranquilidad a que resuelva el Supremo". Díaz ha recalcado que esta ley "es muy importante para las mujeres y para la protección de las víctimas".
Esta postura de Yolanda Díaz le valió este viernes las críticas de Pablo Iglesias quien, sin nombrar a la vicepresidenta, aseguró en un tuit que "ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido".
El CGPJ defiende a los magistrados frente a los “injustos” ataques
El Consejo General del Poder Judicial no ha ocultado su malestar por las palabras de Igualdad. El CGPJ emitió inmediatamente un comunicado defendiendo a sus magistrados de los “intolerables” ataques. Su presidente, Rafael Mozo, y Montero coincidieron este jueves en la inauguración del nuevo curso del Observatorio contra la violencia de género junto con la presidenta de éste, Ángeles Carmona. La ministra insistió en que había de formar a los jueces para la “correcta” interpretación de la ley ‘solo sí es sí’, mientras que el presidente del Poder Judicial respondió: "Tenemos un plan de formación excelente, particularmente en la materia de violencia de género".
Más tajante fue Carmona, quien dijo después ante los medios que la interpretación de los jueces respecto a la ley estaba siendo “impoluta” y calificó de “absolutamente injusto” que se señale a los jueces de machistas. “Lo tengo que negar de la manera más rotunda. No hay justicia patriarcal ni machista”.
Carmona también contradijo a Montero después de que la ministra asegurara que es un “bulo” y una “mentira” que el CGPJ, en su informe preceptivo a la ley de 2021, hubiera advertido contra rebajar las penas mínimas en la norma de cara a posibles revisiones de condenas asegurando que solo informó de rebajar las máximas. “Avisamos de las máximas y de las mínimas”, desmintió Carmona.
Asociaciones de jueces y la oposición piden la dimisión de Montero
El malestar entre los jueces se ha extendido y tres asociaciones (la Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente y la Asociación Francisco de Vitoria) piden la dimisión de Montero.
También lo hacen PP y Vox, que exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la cese si la ministra no renuncia al cargo. El líder ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de “desproteger” a las mujeres y ha pedido a Sánchez que, "si no puede destituir a una ministra que no ha nombrado" (por ser de Unidas Podemos), puede cesar "al menos" a otros responsables de Justicia "que sí ha nombrado", en referencia a la ministra Pilar Llop, del PSOE.
“Culpan a los jueces de su irresponsabilidad e ignorancia", ha dicho por su parte Santiago Abascal (Vox). Su partido ya ha pedido en el Congreso una reprobación de la ministra. Y Ciudadanos también se ha sumado a las críticas. Su líder, Inés Arrimadas, ha dicho este viernes que “es evidente que esa ley tiene un error y el Gobierno tiene que reconocerlo, trabajar por corregirlo y dejar de atacar a los jueces”. Ha criticado también que la ministra Montero “niega la realidad”.
Sánchez aboga por esperar la jurisprudencia del Supremo
El presidente del Gobierno se pronunció el miércoles por primera vez sobre lo ocurrido con la ley ‘solo sí es sí’. La defendió como una “gran conquista del movimiento feminista”, mostró su confianza en la “sensibilidad” de los jueces a la hora de revisar condenas y abogó por esperar a que los tribunales y Fiscalia unificaran doctrina y, particularmente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Precisamente, fuentes jurídicas señalan que el Alto Tribunal se pronunciará en menos de un mes sobre la ley ‘solo sí es sí’, puesto que ya hay recursos de casación sobre sentencias que no son firmes a las que afecta la nueva ley, si bien no ha recibido recursos contra la revisión de condenas. La Sala de lo Penal del Supremo abordará el 29 de noviembre los recursos de los jugadores del Arandina condenados por agresión sexual que piden disminución del tiempo en prisión.
También la Fiscalía General del Estado prevé emitir una “circular” sobre la ley y ha reclamado a todas las fiscalías superiores que le remitan las resoluciones judiciales y los informes de los fiscales en aquellos casos en los que se hayan producido revisiones a la baja de condenas a delincuentes para hacer "un seguimiento".
Pero varias ministras socialistas llevan días abogando por revisar y corregir los posibles problemas de esta ley. La primera en expresarlo fue la de Hacienda, María Jesús Montero, y a ella le siguieron Pilar Alegría y Margarita Robles. También la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, Carmen Calvo, ha urgido al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a buscar una solución "rápida" al "grave problema". Pero la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insiste en pedir "prudencia" y "respeto" a las actuaciones de la Justicia y de la Fiscalía: "Los jueces son quienes tienen que interpretar las normas". Ha criticado asimismo a las formaciones que "utilizan a las víctimas" de violencias machistas para "atacar al Gobierno". También la ministra Teresa Ribera ha apostado por esperar al criterio de los jueces.
Mientras, el PP ya ha registrado una proposición para modificar la ley por la vía de urgencia y también entre los socios parlamentarios se ha empezado a pedir que se corrija la norma, como el PNV y EH-Bildu. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, cree que “correspondería” revisarla y aseguró en una entrevista en RNE: “Hay que reconocer que ha habido una equivocación por parte del Parlamento al no haber previsto una diposición transitoria que no dejara margen de interpretación a los jueces”.
¿Qué pasará con las rebajas de las penas efectuadas?
La catedrática de Derecho Penal Paz Lloria ha señalado a TVE que a todos los condenados a los que ya se les ha rebajado la pena, ésta “no se puede volver a revisar” al alza en un futuro si la ley se modificara y volviera a agravar las penas mínimas porque el principio de retroactividad solo se aplica cuando las penas son “más leves” y “más favorables”. Además, señala que con la ley del ‘solo sí es sí’ el Tribunal Supremo “no puede decir que no se pueden rebajar las penas”.
Coincide el juez Ignacio González Vega, uno de los magistrados que ha revisado a la baja algunas condenas en los últimos días. Pero va más allá y apunta a que una reforma de la ley “no va a evitar la aplicación” de la ‘ley solo sí es sí’ “a los casos actuales y a los anteriores” que quieran una revisión.
Aún así, recalca que las resoluciones que están rebajando las penas “en modo algunas son definitivas” y “cabe recurso ante el Supremo”, que puede interponer tanto el condenado como la víctima. Destaca además que el objetivo de la ley “se ha conseguido en términos generales”, que es reforzar la protección de las víctimas “y dar respuesta a situaciones que con la ley anterior se producían de forma injusta con penas muy leves”. Apunta a que las condenas revisadas son “casos puntuales” y que “el porcentaje va a ser muy bajo” respecto al total de las condenas.
Respecto a la diferencia de criterio que están teniendo los tribunales a la hora de revisar las condenas, la letrada Lola Rojo explica a RTVE.es que “el magistrado tiene herramientas en el artículo 181 (del Código Penal) para aplicar las agravantes y no rebajar las penas", pero “otra cosa es que haya magistrados más conservadores o más benévolos".
Las Mañanas de RNE - Paz Lloria, experta en violencia de género: "No es momento de cambiar la ley porque acaba de entrar en vigor" - Escuchar ahora
En lo que no hay consenso es sobre si es conveniente modificar o no la norma. Algunos expertos creen que podría haberse solucionado el problema con una disposición transitoria, mientras que otros abogan por dejar la ley como está.