Actualmente existen en España diez millones de pensionistas, la mayoría por jubilación. Según las previsiones, la cifra será un 50 % superior en el año 2050 a cuenta del retiro de la generación del baby boom -que abarca a los españoles nacidos entre 1957 y 1977- y del previsible aumento de la esperanza de vida. Esto dibuja un panorama inquietante para el sistema de pensiones y un reto importante para el conjunto del país, teniendo en cuenta que la generación que les releva es mucho menos numerosa. Ante este contexto, ¿estarán garantizadas las pensiones del futuro?
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 31 % de los españoles pertenece a la generación de los baby boomers, la cual dejará el mercado laboral de aquí a los próximos veinte años. La generación que pagará parte de sus pensiones será la de los millennials, la nacida entre los años 1981 y 1993 y que supone poco más del 16 % de la población. A ello se suma el empeoramiento de las condiciones laborales y el estancamiento de la tasa de natalidad, mientras la esperanza de vida sigue en aumento.
Desde el Ejecutivo insisten en que las costuras del sistema son firmes y todos los pensionistas podrán disfrutar de su pensión en las próximas décadas. En palabras del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, existe “un problema de cálculo” para las dos siguientes décadas porque viene detrás una generación más estrecha, lo que va a obligar a “reforzar” el sistema durante los próximos veinte años. Será en el año 2050 cuando el sistema llegue al punto de tensión máxima, para después revertir a los niveles actuales: “A partir de entonces vuelve a bajar la tensión y el gasto será manejable", puntualizó.
El Ministerio trabaja a contrarreloj para cerrar la reforma
Con este objetivo, el Ministerio trabaja a contrarreloj con los agentes sociales para acordar nuevas fórmulas que aseguren su viabilidad. Entre ellas, se encuentra la modificación del periodo de cálculo de las pensiones, el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas o el fomento de la jubilación parcial y activa, con el fin de compatibilizar trabajo y jubilación y que no solo se focalice en elevar una edad efectiva de retiro que sigue estando por debajo de la legal.
Previamente, el Ejecutivo y los agentes sociales aprobaron vincular las pensiones al IPC y derogaron el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, sustituyéndolo por un nuevo mecanismo de ajuste: el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Su objetivo fundamental es aumentar la recaudación finalista para el pago de jubilaciones a través de un incremento de la cotización del 0,6 % entre 2023 y 2032.
Dicha sobrecotización se incorporará al fondo de reserva de las pensiones y la cantidad total que acumule no se podrá utilizar hasta 2032, cuando se calcula que comenzará a dispararse el gasto. Será entonces cuando se revise y se estudie si es necesario realizar algún nuevo ajuste ya sea por el lado de los ingresos o de los gastos.
De momento, el mecanismo español se ha encontrado con las reticencias de la Comisión Europea, que considera que no prevé una actuación a futuro sobre el aumento de gasto, sino que está condicionado a futuras reformas en el caso de que sean necesarias. Desde Inclusión han quitado hierro a esta discrepancia, si bien el visto bueno final de Bruselas a la reforma es fundamental para recibir una nueva partida de los fondos europeos.
El gasto aumentaría hasta el 15,5 %
A ello se suman las advertencias de algunos organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), quienes alertan de que la evolución del gasto es una seria amenaza de futuro para las cuentas públicas. Y abogan al Ejecutivo a ir un paso más allá para asegurar su sostenibilidad.
También los expertos consultados por RTVE.es dudan de la eficacia de las medidas: “El reto es mayúsculo y, en mi opinión, las reformas que se han adoptado no han cumplido con asumir este reto, intentando combinar las tres cuestiones básicas de un sistema de pensiones: la suficiencia de las prestaciones, la sostenibilidad financiera del sistema y la equidad entre generaciones”, explica el profesor de Economía Aplicada de la URJC e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Miguel Ángel García.
Los recursos que se destinan al pago de las pensiones actualmente implican una tercera parte del total del gasto público, una cantidad que a su vez “está creciendo de una forma casi vertiginosa en los últimos años” y que se multiplicará el próximo tras la revalorización al 8,5 % de todas las pensiones de acuerdo al IPC: “Desde 2019 ha crecido en 1,5 puntos del PIB, por lo que en 2023 ya estaremos en el 13,9 %”, apunta. Según sus cálculos, este repunte supondrá un gasto extra para las arcas del Estado de 15.000 millones de euros; una cifra que, si se pone en contexto, supone más del 20 % del gasto total en sanidad en 2023, casi el 40 % del gasto total en educación y supera el 85 % del gasto total en servicios sociales.
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A esto se suma el retiro de la conocida generación del baby-boom y el aumento de la esperanza de vida. “La previsión es que en el año 2050 hay que pagar un 50 % más de pensiones de las que habrá en el año 2023”, afirma el investigador, quien también advierte de que “se dejan a un lado los criterios de equidad”, pues es el de los pensionistas “el único colectivo que va a tener plena protección” respecto al repunte de la inflación, pese a ser “el que menor margen de personas tiene por debajo del umbral de pobreza relativa", de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el INE. “El porcentaje es un 11 %, mientras que la media poblacional son 18,4 %”, apunta.
Actualmente el gasto en pensiones alcanza el 12 % del PIB. Pero, si no se toman medidas, se disparará hasta el 15,5 % de la riqueza en 2050, según cálculos del Ministerio de Seguridad Social.
El déficit podría dispararse hasta el 5 %
A las dudas por el aumento del gasto, se unen las del previsible incremento del déficit de la Seguridad Social. En los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el Ejecutivo sitúa este indicador en el 0,5 %, en línea con lo previsto este año. Sin embargo, en él no se incluyen los 39.000 millones de euros en transferencias del Estado para garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.
Estos trasvases suponen ya el 1,4 % del PIB y tienen el efecto de trasladar una porción del déficit real de la Seguridad Social contributiva a las cuentas del Estado, “ofreciendo una imagen no ajustada a la realidad de la salud financiera del sistema contributivo de pensiones”, sostienen desde Fedea.
“Si nosotros calculamos el déficit contributivo, que es el que nos mide en realidad la salud del sistema en cuanto a las cotizaciones que reciben y a las prestaciones contributivas que tiene que hacer frente, estamos en el 2 % del PIB”, explica a RTVE.es el investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y profesor de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, quien asegura que si “esa presión sigue aumentando por la llegada del baby boom o la ampliación de la esperanza de vida”, se podría disparar hasta el 4 o el 5 %.
“¿Eso es sostenible?”, se pregunta. “Bueno, si creemos que es sostenible y lo quitamos de otra parte del estado del bienestar, bien. Pero entonces supondrá una reducción del presupuesto en sanidad, en educación, en dependencia... en otras patas del Estado de bienestar que nosotros creemos que no compensa”, añade.
¿Serán las cotizaciones suficientes?
Lo cierto es que las pensiones conforman la principal partida de gasto de los Presupuestos cada año. En 2022, se llevaron cuatro de cada diez euros de las cuentas públicas. En total, 180.000 millones de euros, casi un 5 % más, lo que pone de relieve el peso del sistema de protección social de la Seguridad Social en el conjunto de la economía española.
Ante este contexto, el investigador de Fedea creen que el sistema se ve abocado a dos alternativas: “o bien asumir este incremento del gasto y buscar ingresos o emitir deuda, o bien optar una distribución más equitativa de los esfuerzos entre quien cobra la pensión, los que las vamos a cobrar en el futuro y quien tiene que pagarlo mediante impuestos o cotizaciones sociales”.
García apuesta por la segunda pues, en su opinión, la posibilidad de incrementar los ingresos “ya está prácticamente agotada” porque España tiene un déficit estructural de 3,5 puntos del PIB y el diferencial de ingresos con la zona euro en términos ponderados está en unos 2,8 puntos por debajo. “Es decir, que aunque utilizáramos todo ese margen, no tendríamos siquiera para pagar el déficit estructural actual, no tendríamos ni un euro más para poder aumentar el gasto en el futuro”, explica.
Con la subida anunciada por el Gobierno en los próximos presupuestos, las pensiones de jubilación estarán entre 743 y 966 euros al mes en 2023.
En lo que respecta a la subida de las cotizaciones sociales, el investigador alerta de que puede tener efectos sobre el empleo agregado de la economía. Y Devesa advierte de que será "insuficiente" pues va a suponer unos ingresos de alrededor de 2.800 millones de euros al año, los cuales a su juicio “no compensan el gasto al que se tiene que hacer frente”. Así, en línea con la Comisión Europea, se posiciona “partidario de que se introduzcan mecanismos de ajuste automático, como era el factor de sostenibilidad”.
“Nadie está conforme” con la reforma del Ministerio
Precisamente, la pelota está ahora en el tejado de la mesa de negociación, compuesta por representantes del Ministerio, de las principales patronales empresariales -CEOE y Cepyme- y de los sindicatos mayoritarios -UGT y CC.OO.-. Tienen hasta el 31 de diciembre para acordar la que será la segunda pata de la reforma de pensiones y los mecanismos que garantizarán su futuro a medio y largo plazo.
El tiempo apremia y, de momento, los actores implicados reconocen que "nadie está muy conforme" con la reforma del Ministerio. Desde UGT incluso admiten su “temor” por el futuro de las pensiones, a cuenta de la falta de acuerdo de los representantes políticos: “El Pacto de Toledo se debe cumplir con lealtad y sinceridad, pero me temo que va a estar al albur del gobierno del momento y, por ello, me genera incertidumbre la sostenibilidad del sistema de pensiones”, lamenta la secretaria de Política Institucional y Territoriales, Cristina Estévez.
El ministro, por su parte, defiende la actual reforma, ya que en su opinión da "certidumbre" a los jubilados y les permite mantener su poder adquisitivo. En un entorno "crecientemente incierto", Escrivá considera que no es momento de "plantear sin evidencia cuestiones sobre pensiones" y hace un llamamiento al consenso: “Tenemos un problema transitorio, pero persistente, que tiene que ver con que a una generación -la mía-, le sigue otra -la de nuestros hijos- mucho más estrecha y eso genera en un sistema de reparto un desequilibrio que va a producir tensión en el sistema. Y por lo tanto tenemos que reforzarlo para esos veinte años. Este es el reto que tenemos de sostenibilidad”, concluye.