El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 24 de agosto, la primera pata de la reforma de pensiones que el Ejecutivo tiene previsto realizar antes de que finalice la legislatura, tras meses de negociación por bloqueos en asuntos polémicos como la derogación del factor de sostenibilidad.
La norma, que parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y es fruto del acuerdo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme alcanzado el pasado mes de julio, es la primera parte de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Reforma de las pensiones: los analistas prevén 5.000 millones más de gasto
Se trata de una apuesta completamente distinta a la reforma que el Partido Popular (PP) llevó a cabo en 2013, pues además de la derogación del factor de sostenibilidad, se prevé garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en función del IPC y acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.
¿Qué medidas incluye el acuerdo?
- Fin del factor de sostenibilidad: Se deroga el denominado factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, que penalizaba las pensiones por una mayor esperanza de vida y cuya entrada en vigor estaba suspendida hasta 2023. Para sustituirlo, el Gobierno y los agentes sociales negociarán a lo largo del año un nuevo mecanismo que aún no tiene contenido, pero sí nombre: Mecanismo de Estabilidad Intergeneracional (MEI), cuya puesta en marcha está prevista en 2027. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno regulará a su criterio el citado mecanismo para que quede definido en la nueva ley.
- Las pensiones subirán con el IPC: El anteproyecto de ley fija que las pensiones se subirán en enero con una media de las tasas de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que dicha media resulte negativa, las prestaciones no se reducirían, sino que se mantendrían igual.
- Penalizaciones para las prejubilaciones voluntarias: Los coeficientes reductores pasan a ser mensuales frente al cálculo trimestral actual. Estos porcentajes, que restan sobre la cuantía de pensión a los que decidan jubilarse hasta dos años antes de alcanzar la edad legal, van desde un máximo del 21 % a un mínimo del 2,81 % para los que opten por retirarse un mes antes y tengan cotizados más de 44 años y medio.
- Incentivos para retrasar la edad de jubilación: una subida de la pensión del 4 % por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos.
- Se restringen las cláusulas de jubilación forzosa: los convenios colectivos incluirán la jubilación forzosa, pero solo para mayores de 68 años y con la obligación de contratar de forma indefinida y a tiempo completo a un trabajador de relevo.
Asimismo, se incluye una batería de medidas por la que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado, y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.
¿A quién afecta?
La importancia de esta reforma es que afecta a todo el mundo, ha destacado el periodista económico Rafa Bernardo en La Hora de la 1 de TVE. A los pensionistas actuales se les devuelve la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC, se borra ese 0,25 % que estaba en vigor y se vuelva a la actualización en función de los precios.
También para pensionistas futuros se cambian los mecanismos de acceso a la jubilación a través de las penalizaciones o los incentivos. Pero también al resto de la población, ya que se ha acordado incluir en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado del entorno a de un 2 % del PIB. Esto significa que 22.000 millones anuales que hasta ahora tenía que afrontar la Seguridad Social, lo hará el Estado.
¿Cómo será la reforma de las pensiones?
¿Qué supondrá para las arcas del Estado?
Como los precios están subiendo, en 2022 esta revalorización podría suponer un gasto adicional de más de 3.000 millones de euros si la inflación ronda el 2,5 %, tal como calcula la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). Junto con la paguilla compensatoria que reciben los jubilados en febrero, el coste extra ascendería a unos 5.000 millones. En el caso de que el IPC fuera negativo, la pensión no bajaría.
¿Cuándo se aprobará?
Tras ser aprobada por el Consejo de Ministros, la norma aterrizará en el Congreso de los Diputados en septiembre y se prevé que entre en vigor en enero de 2022.
El Gobierno confía en tener el apoyo suficiente para sacar adelante el texto. La portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el texto se podrá mejorar durante su paso por el Parlamento. Hay que recordar que la oposición fue crítica en un primer momento porque lo consideraba insuficiente.
¿Y el resto de medidas?
Han quedado fuera de este primer paquete de reformas el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas.
Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - El futuro de las pensiones: cómo reformarlas para que sean sostenibles - Escuchar ahora
¿Cuándo se aprobarán?
Estos puntos serán tratados en la segunda parte de la revisión del sistema de pensiones, que está previsto que se apruebe el próximo año. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó que el acuerdo es "consistente" con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el Plan de Recuperación remitido a Bruselas. Además, señaló que se trata de una reforma pensada para que dure 25 años, que se desplegará de "manera gradual", persiguiendo el mantenimiento activo de los trabajadores en el mercado laboral mediante incentivos.