El magistrado Rafael Mozo ya es, por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su nuevo presidente sustituto. Un nombramiento inesperado que llega después de que su sucesor, Carlos Lesmes, dimitiera ante el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces y la falta de acuerdo político para solventarlo.
Nacido en 1951 en Salamanca, este vocal progresista ha recibido un gran apoyo de sus compañeros en un CGPJ de mayoría conservadora: Mozo ha conseguido el voto favorable de 16 de los 18 vocales presentes en un pleno extraordinario al que ha llegado como uno más, pero en el que ha acabado presidiendo la mesa.
El Consejo ha decidido este jueves saltarse el guion que Lesmes había dejado escrito antes de su marcha y han optado por la bicefalia dentro del Poder Judicial. En un informe sobre su sucesión, el ya expresidente determinó que quién consideraba que debía ser su sustituto era el vicepresidente del Supremo, Francisco Marín, quien se ha convertido de forma automática en presidente interino.
De la Audiencia Provincial de Madrid a presidente del CGPJ
Pero, en su lugar, los vocales han optado Mozo, que llegó en noviembre de 2013 al CGPJ a propuesta del PSOE. Antes de eso, tuvo varios destinos –ha estado destinado en Sant Feliu de Guixols, Sepúlveda y Leganés– hasta que en 1998 aterrizó en la Audiencia Provincial de Madrid, donde durante dos décadas ha llevado numerosos casos, entre ellos el de Aitor Zabaleta, el seguidor de la Real Sociedad que fue asesinado por el ultra nazi Ricardo Guerra.
Su nombre también resonó en 2012 al rebajar la multa impuesta a una joven que había robado ropa en un establecimiento de El Corte Inglés al alegar que la pena impuesta era excesiva porque estaba en situación de desempleo.
Miembro activo de Jueces y Juezas para la Democracia, la tercera asociación judicial en afiliados y la única progresista, a sus 37 años de currículum profesional suma, además, su plaza como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2018, destino que adquirió cuando ya era vocal del CGPJ y apenas unos meses antes de que venciera el mandato del actual Consejo, por lo que nunca ha ejercido en su actual puesto jurisdiccional.
Los vocales han argumentado su decisión en un artículo del reglamento que establece que en caso de sustitución sea el vocal más antiguo quien ocupe el cargo. Sin embargo, su elección no solo se debe a esto, sino que quienes le conocen destacan de él que es uno de los miembros más respetados del Consejo.
Es, a su vez, uno de los que mejor conoce su funcionamiento, ya que forma parte de la Comisión Permanente desde 2016, órgano en el que reside el control de gobierno de los jueces, lo que implica que ha tenido dedicación exclusiva los últimos seis años en la institución.
Considerado una persona trabajadora y dialogante, su posición dentro del CGPJ le ha convertido también en uno de los tres interlocutores del bloque progresista para negociar con los conservadores los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional, si bien aún no han logrado ponerse de acuerdo.
El reto: un CGPJ en funciones con solo 18 vocales
Mozo llega ahora a un CGPJ bloqueado y mermado con solo 18 de los 20 vocales que habitualmente lo integran, puesto que Rafael Fernández Valverde se jubiló en marzo de 2022 y María Victoria Cinto Lafuente falleció en junio, mientras los partidos políticos continúan las negociaciones sobre su renovación.
Puede que a penas esté un año al frente del Poder Judicial, puesto que se jubilará a sus 72 años en julio de 2023. Durante este tiempo, tendrá funciones limitadas, puesto que al ser suplente no puede tener las mismas capacidades que el presidente titular. Sin embargo, confía en que, cuando llegue su retiro, el futuro Consejo esté desbloqueado y lleve ya unos cuantos meses de recorrido.
De hecho, el nuevo presidente defiende a ultranza la renovación urgente del Consejo y considera que no se ha producido por las excusas y condicionamientos del PP, si bien no comparte todas las posiciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
No sería la primera vez que se muestra reacio a alguna de las decisiones del Gobierno. Cuando el PSOE y Unidas Podemos decidieron modificar en 2021 la ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que un Consejo en funciones hiciera nombramientos, Mozo defendió que el CGPJ debía seguir haciéndolos pese a tener cumplido su mandato.