El conseller de Empresa y expresidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha defendido en el juicio por presunta desobediencia cuando presidía la Mesa de la Cámara catalana que el Tribunal Constitucional (TC) "no puede prohibir un debate parlamentario entendido como expresión del interés público", ni la Mesa "ejercer censura" sobre las resoluciones, "y menos cuando son opiniones políticas".
En la última sesión del juicio que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) celebra contra él y el resto de miembros independentistas de la Mesa que presidió en el Parlament, ha llegado el turno de los interrogatorios de los acusados. Torrent se ha acogido a su derecho a contestar solo a las preguntas de su abogado y ha rechazado responder a las preguntas del fiscal para "ser consecuente con la inviolabilidad parlamentaria".
La Fiscalía pide para el expresidente del Parlament una pena de 20 meses de inhabilitación por desobediencia, al permitir la tramitación de dos resoluciones independentistas y de reprobación de la Monarquía que el Constitucional había vetado.
Sostiene que en el Parlament no se puede prohibir ningún debate
Torrent ha mostrado su "convencimiento de que en el Parlament no se puede prohibir ningún debate", porque ello, ha defendido, "sería incompatible con el ejercicio del parlamentarismo", y ha asegurado que si algún grupo parlamentario tenía objeciones a admitir alguna propuesta de resolución se tenía en cuenta junto con la opinión de los servicios jurídicos del Parlament.
Según ha mantenido el expresidente de la Cámara, si se aceptó la tramitación de las resoluciones cuestionadas es porque tanto él como la Mesa tenían la obligación de "ejercer un rol de neutralidad política", sin entrar "nunca" en el contenido de las proposiciones planteadas por los grupos más allá de los meros "requisitos formales".
Los únicos límites a esa función son, según el expresidente del Parlament, el respeto a los derechos fundamentales, los principios democráticos que los inspiran y los tratados internacionales.
También ha insistido en que desde su cargo debía "proteger la libertad ideológica y de expresión de los diputados", a la vez que el derecho de representación política y la inviolabilidad de la Cámara y los parlamentarios.
Alega que los servicios jurídicos no recomendaron su paralización
En el caso de las resoluciones que han motivado su enjuiciamiento, ha precisado que los servicios jurídicos de la Cámara advirtieron a la Mesa de anteriores decisiones del Constitucional y "expresaron dudas" de si las iniciativas las contravenían, pero "en ningún caso recomendaron su paralización".
Torrent se ha mostrado convencido de que el TC "no puede prohibir un debate parlamentario entendido como la expresión del interés público" y ha recordado que esa fue la posición del propio Tribunal hasta que en 2014 "cambió de doctrina" al iniciarse el 'procés'.
Hasta ese año, ha añadido, el TC "solo hacía un control constitucional de las normas ya aprobadas por el Parlament", sin entrar a "ejercer censura", por lo que "no puede pretender" que la Mesa lo haga "y menos con una resolución que al final es una expresión de opiniones políticas".
De hecho, ha añadido, antes del 'procés' y desde el año 1989 se habían aprobado en la Cámara catalana resoluciones "sobre la misma temática" y también posteriormente.
Torrent ha considerado que las resoluciones parlamentarias son "fruto de un estado de ánimo u opinión en un momento determinado", pero pueden "ir cambiando su contenido" y acabar aprobándose en un sentido opuesto. "Precisamente por eso no tiene ningún sentido prohibir o paralizar una tramitación", ha remachado.
Además de Torrent, están acusados en el juicio los exmiembros de la Mesa Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado y Josep Costa -que abandonó el juicio después de las cuestiones previas-.
El fiscal acusa a Torrent y su Mesa de creerse impunes
Durante la sesión, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha sostenido que Torrent y su Mesa se creyeron "impunes" y actuaron como una "casta" situada por encima de los tribunales para tramitar resoluciones que no eran "lúdicas" ni "intrascendentes", como tampoco lo fue "la proclamación de la República que duró un minuto". Por ello, ha mantenido su petición inicial de hasta 20 meses de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional.
En su informe, en apenas quince minutos, el fiscal ha recriminado a los acusados que cuando invocan su inviolabilidad parlamentaria "lo que en realidad" están propugnando es un "principio de impunidad", ya que pretenden estar "por encima" del cumplimiento del ordenamiento constitucional y de los requerimientos de los tribunales, "como si fueran una especie de casta".
El fiscal también ha rebatido la tesis exculpatoria de las defensas en el sentido de que las mociones que tramitaron eran meras expresiones de posicionamiento político sin voluntad ejecutiva y ha criticado que hayan intentado hacer ver que eran mociones "sin ninguna trascendencia" y de "carácter lúdico".
El fiscal ha apuntado además que los acusados no han negado en ningún momento los hechos y que lo único que han intentado hacer en este procedimiento es buscar "argumentos exculpatorios", como el de la involabilidad, que ya fueron rechazados por el propio TSJC en el anterior juicio por desobediencia a los miembros soberanistas de la Mesa el Parlament en la etapa de Carme Forcadell.
En este sentido, ha agradecido la "sinceridad" el "acusado ausente", en alusión al exvicepresidente primero del Parlament Josep Costa (de JxCAT), que es abogado y se representaba a sí mismo y que este jueves decidió abandonar el juicio, porque "sin ningún tipo de excusa" ha reconocido que veían al TC como un "tribunal ilegítimo" que no tenía que ser obedecido.
La defensa de Torrent recuerda que eran representantes votados por los ciudadanos
Por su parte, Andreu Van den Eynde, abogado de Roger Torrent, ha rechazado las críticas del fiscal a los acusados al recordar que son representantes de los ciudadanos que han sido "votados" y ejercen su derecho a la libertad de expresión y participación política.
En una intervención trufada de referencias a la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE), el abogado ha recordado a la sala que los derechos "siempre se tienen que expandir" y que es una obligación de los Estados "proteger positivamente los derechos fundamentales".
"Ustedes son Estado, aquí también estamos decidiendo si protegemos la libertad de expresión", ha sostenido el letrado mientras apelaba al tribunal a "integrar el mandato de Estrasburgo" en lo referente a la inviolabilidad parlamentaria y el derecho a libertad de expresión.
Van den Eynde se ha referido al también acusado Josep Costa, exdiputado de JxCat que ayer abandonó el juicio al no reconocer la autoridad del tribunal, y ha reconocido que "a veces, pobre, es un poco pesado, es un Pepito Grillo, pero lo que dice es verdad".
Jordi Pina, abogado de Campdepadrós, ha enmarcado el juicio en la serie de "procedimientos políticos" que se han instaurado en Cataluña desde el año 2017, con los que, en su opinión, el Estado pretende infundir "miedo" y ganar en los tribunales lo que no se puede "ganar en las urnas".
En la línea de su compañero de estrado, Olga Arderiu, abogada de la exdiputada de ERC Adriana Delgado, ha mantenido que no se puede "hacer censura política ni perseguir penalmente a diputados que están amparados por la inviolabilidad" y ha recordado que las resoluciones cuestionadas son solo "un posicionamiento político".