La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, los últimos de la legislatura y los terceros pactados entre el PSOE y Unidos Podemos. Es el primer paso para la tramitación parlamentaria de unas cuentas públicas históricas en términos de gasto y recaudación, que están encaminadas a contrarrestar los efectos de la inflación y de la invasión rusa en Ucrania en las familias y las empresas.
La tramitación de las cuentas públicas llega en un contexto de elevada incertidumbre. Esto ha provocado que el Gobierno haya rebajado hasta el 2,1 % el crecimiento para el próximo año, una visión que se antoja optimista para algunos organismos económicos, entre ellos el Banco de España o la OCDE, que recortan hasta alrededor del 1,5 % el repunte del Producto Interior Bruto (PIB) y posponen a 2024 la recuperación de los niveles previos a la pandemia. "Son unas estimaciones prudentes y realistas en un contexto volátil, donde algunos organismos pronostican que algún socio europeo entre en recesión", ha destacado la ministra. España, en cambio, será la economía que más crezca entre las grandes europeas, según sostienen las previsiones.
Montero ha entregado a primera hora de la mañana a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el conocido como "libro amarillo", que contiene los ejes fundamentales de las cuentas públicas. En su opinión, las cuentas “dan seguridad y estabilidad en un contexto internacional de alta incertidumbre" y son, a su vez, el "principal antídoto contra la inestabilidad, la pobreza, la desigualdad y la desesperanza" que, ha dicho la ministra, son "caldo de cultivo del populismo".
Con su llegada a la Cámara Baja, el siguiente paso es convencer a sus socios de investidura de que estos Presupuestos deben ser convalidados, como ya lo hicieran los dos anteriores. De momento, la mayoría de los apoyos parlamentarios del Ejecutivo se han mostrado satisfechos por el aumento en el gasto social y también por los nuevos impuestos que contemplan, como el dirigido a los grandes patrimonios, aunque muestran reticencias a la subida de la inversión en Defensa.
No obstante, todo está abierto. El objetivo del Gobierno es que haya cuentas del Estado a finales de diciembre y que entren en vigor el 1 de enero. "Esperamos que el diálogo sea franco, constructivo, que prime el sentido de Estado y la igualdad entre compatriotas por encima de otra consideración", ha apostillado Montero. En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho ese llamamiento a los grupos parlamentarios para que se permita su tramitación con el fin de tener un horizonte de estabilidad.
Un techo de gasto récord
Las cuentas se han realizado basadas en el techo de gasto récord que ya se fijó hace unos meses en 198.221 millones, superior en un 1,1 % al de 2022. Este contempla una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1 % más que el año pasado, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.
En esta partida se incluye la actualización de las pensiones con el IPC, que se situará en el entorno del 8,5 % -al igual que el ingreso mínimo-; el aumento del salario de los funcionarios de entre un 8 % y un 9,5 % en tres años; el refuerzo de los servicios públicos como la sanidad (+6,7 %) y la educación (+6,6 %); una nueva partida de 600 millones para dependencia o la mejora en la prestación de desempleo, que supondrá unos 100 euros más al mes para sus beneficiarios. En total, se destinarán seis de cada diez euros a gasto social y, de ellos, la mitad irá destinado a pagar las pensiones, el paro y los intereses de la deuda.
Además, el PSOE y Unidas Podemos han acordado el despliegue de una Ley de familias que incluirá nuevos permisos de conciliación, el impulso de una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años y se asimilarán las familias monomarentales, con dos hijos, a la actual categoría de familias numerosas. Asimismo, se mantendrá como una política estructural la gratuidad de los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia y se extenderá a 2023 el conocido como bono joven del alquiler.
También aumentarán las inversiones. En concreto, la subida para las conocidas como inversiones reales será del 33 %, siendo "la partida que más crece de todo el Presupuesto", ha dicho Montero. Destacan las infraestructuras, con un 6,7 % más hasta los 11.794 millones, un gasto que será sufragado al 64 % por el presupuesto nacional y el restante 36 % con cargo a los fondos europeos: la partida más mayoritaria será la construcción de infraestructuras de ferrocarril, con más de 5.400 millones de euros.
Respecto a los fondos europeos, las cuentas de este año prevén una dotación de 25.156 millones procedente de las ayudas de la Comisión Europea, que se sumarán a las inyecciones de este año y el anterior que todavía no se han ejecutado. Según Montero, España sigue siendo la economía "más avanzada" en cuanto a la recepción de fondos. "Ahora tenemos que acelerar", ha dicho en referencia a su ejecución.
La mayor recaudación de la historia
Para sufragar estos gastos, los Presupuestos del próximo año prevén una mejora de la recaudación tributaria del 7,7 %, esto es, 18.710 millones de euros más que el año pasado, alcanzando los 262.781 millones en ingresos. Esto permitirá al Ejecutivo apuntalar el gasto público para hacer frente a los golpes de la inflación y a un menor crecimiento.
Subirán los ingresos procedentes de todas las figuras tributarias: la recaudación por impuestos directos alcanzará los 145.972 millones de euros, un 8,4 % más que en 2022, mientras que los ingresos por impuestos indirectos crecerán un 6,7 %, hasta los 114.756 millones de euros. Así, se prevé un alza del 7 % de la recaudación tanto del IRPF (hasta los 113.123 millones) como del Impuesto sobre Sociedades (28.519 millones). El IVA, por su parte, recaudará un 5,9 % más, hasta los 86.093 millones, mientras que los impuestos especiales ingresarán un 8,2 % más, hasta los 22.287 millones. Por el contrario, los ingresos no tributarios se reducirán un 2,8 %, hasta los 44.664 millones de euros.
En esta partida se incluye el paquete fiscal anunciado recientemente por el Ejecutivo, que contempla el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros o la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.
Por su parte, los ingresos por cotizaciones sociales ascenderán un 11,5 % hasta los 152.075 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo, teniendo en cuenta que el próximo año se alcanzará la cifra récord de 21 millones de ocupados y una tasa de paro inferior al 12 %. En este sentido, el Ejecutivo también gana algo de margen con la caída del 5 % en el gasto de prestaciones debido a la mejora en el empleo, hasta los 21.000 millones. Además, la previsión de gasto por los intereses de la deuda apenas sube un 3 % hasta los 31.000 millones, en pleno endurecimiento de la política fiscal.
Con todo, el déficit previsto es el que ya se había marcado, en el 3,9 %, mientras que la deuda pública se espera que se reduzca hasta el 112,4 %, tras haberse disparado en los dos años anteriores por los distintos programas económicos de respuesta a la pandemia.
El Gobierno no tiene garantizados los apoyos
La idea del Ejecutivo es que antes del 31 de diciembre la Ley de Presupuestos para 2022 esté publicada en el BOE y, por tanto, puedan entrar en vigor el 1 de enero, si bien el Gobierno aún no tiene amarrados los 176 'síes' necesarios para que las cuentas públicas salgan adelante.
PP, Vox y Ciudadanos ya han avanzado su negativa a convalidar las cuentas públicas y los tachan de "antisociales" y de ser los "más gastones de la historia". No obstante, el objetivo del Gobierno es contar con el apoyo de al menos los mismos grupos que en las cuentas de 2022. Su primer examen será el próximo 27 de octubre, cuando se debatan las enmiendas a la totalidad.