El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, los terceros presentados por el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y los últimos de la legislatura, unas cuentas públicas que incluirán el mayor gasto público e inversión productiva de la historia en un contexto internacional de "alta incertidumbre" por el auge de los precios y la guerra en Ucrania, lo que han llevado al Ejecutivo a rebajar la previsión de crecimiento para el próximo año en seis décimas hasta el 2,1 %. En total, se destinarán seis de cada diez euros a políticas públicas, entre ellas, al refuerzo de la conciliación, a la sanidad y a la dependencia, aunque de nuevo el grueso del gasto irá destinado a las pensiones.
Así lo ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha sido la encargada de presentar las principales claves de la norma tras su aprobación en el Consejo de Ministros: "Son la garantía para la clase media y trabajadora", ha celebrado. Horas antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han formalizado el acuerdo en un encuentro en el Palacio de la Moncloa, que se ha alcanzado a primera hora de este martes tras una noche de intensas negociaciones.
La intención del Ejecutivo era aprobar las nuevas cuentas públicas este mismo martes, si bien el acuerdo ha estado pendiendo de un hilo hasta el último momento debido a las diferencias en materias como la ley de vivienda o la derogación de la conocida como ley mordaza. De hecho, ambos puntos se han quedado finalmente fuera del pacto. "Entiendo que al PSOE le cuesta tener mano dura frente a los especuladores del mercado inmobiliario", ha dicho el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en una entrevista en RNE. Montero, en cambio, ha abogado por que la ley siga su trámite parlamentario, pues ya se incluyó en las cuentas de 2022.
Así, los PGE pasan ahora al Congreso de los Diputados, con el propósito de que antes del 31 de diciembre la Ley de Presupuestos esté aprobada y, por tanto, el 1 de enero entre en vigor. No obstante, aún el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios, por lo que iniciará en las próximas semanas una ronda de contactos con sus socios de investidura.
En este sentido, ERC ya ha avisado de que el proyecto "empieza mal" porque no hay acuerdo sobre la Ley de Vivienda, mientras que el PNV, EH-Bildu y otros socios parlamentarios instan al Ejecutivo a negociar. Por su parte, PP, Vox y Cs han rechazado los Presupuestos, a los que tachan de "antisociales" y de ser los "más gastones de la historia".
PP, Vox y Cs rechazan tachan de "antisociales" los Presupuestos y ERC avisa al Gobierno que no aceptará "presiones"
Seis de cada diez euros irán a gasto social
Las cuentas del próximo año contarán con el mayor gasto social de la historia al destinar 266.719 millones de euros en políticas públicas, el 58,5 % del total sin contar los fondos europeos o, lo que es lo mismo, 6 de cada 10 euros. Uniendo las ayudas desembolsadas por Bruselas, el gasto aumentaría hasta los 274.445 millones, un 11 % más. Desde el Gobierno destacan que el objetivo es "reforzar el Estado de bienestar" y "fortalecer la clase media y trabajadora", en un contexto marcado por la batalla fiscal entre comunidades autónomas y los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición a cuenta de subir impuestos a los que más tienen o bajarlos de forma generalizada.
De hecho, desde el Ejecutivo califican estos Presupuestos como "de la justicia social y la eficiencia económica". "Frente a los agoreros del cuanto peor mejor, estos son los terceros Presupuestos que consolidan ese país mejor que habíamos previsto desde el inicio de la legislatura", ha señalado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido los Propuestos de 2023 acordados este martes frente a los "agoreros" y "los que desean el miedo".
De nuevo, la mayor parte de ese gasto social se destina al pago de las pensiones, con 190.687 millones de euros, un 11,4 % más respecto al pasado año. En esta partida se incluye la revalorización con la media del IPC resultante del periodo de entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. "Los pensionistas tendrán garantizado su nivel adquisitivo con este Gobierno", ha señalado la ministra de Hacienda, que prevé que la subida para el próximo año se sitúe en el 8,5 %. Además, ha anunciado que se dotará el Fondo de Reserva por primera vez en 13 años.
Montero también ha celebrado que las cuentas "mejorarán las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos", en alusión al pacto alcanzado este lunes con los sindicatos UGT y CC.OO. para subir entre un 8 % y un 9,5 % en tres años los salarios de los empleados públicos. Así, el capítulo del gasto de personal se incrementa en 20.502 millones de euros, un 6,6 %. Además, se recuperará el 60 % de la base reguladora desde los seis meses de la prestación por desempleo, frente al 50 % actual que el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió recortar en 2012. Esta medida beneficiará a 300.000 personas.
En lo que respecta a los servicios públicos, se reforzarán partidas como la sanidad (un 6,7 % con el refuerzo de la atención primaria, la salud mental y la salud bucodental), la educación (un 6,6 % más hasta los 5.354 millones) o las becas (alcanzando una "partida récord" con 400 millones más). También a la Dependencia se destinará un gasto récord, con un total 3.522 millones tras incrementarse su dotación en 620 millones. Por otro lado, subirá el Ingreso Mínimo Vital; se consolidará el bono alquiler joven con una dotación presupuestaria de 200 millones en 2023 y se pondrá en marcha un plan nuevo de alquileres asequibles dotados con 260 millones de euros.
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos también contempla la puesta en marcha de una ley de familia que, entre otras medidas, impulsará una prestación de crianza de 100 euros al mes para madres con hijos de 0 a 3 años y se asimilarán las familias monomarentales, con 2 hijos, a la actual categoría de familias numerosas.
La recaudación fiscal aumentará un 7,7 %
"Si queremos una España moderna necesitamos apostar por la inversión", ha recalcado Montero, para después anunciar que el gasto en infraestructuras aumentará un 50 % en las cuentas del próximo año hasta los 8.116 millones de euros. Parte de esta cifra estará sufragada por los fondos europeos, de los cuales 7 de cada 10 euros irán destinados a impulsar un cambio en el modelo productivo del país.
Por áreas, hasta un 25 % de los fondos se invertirán en I+D+i y en investigación, casi un 20 % en Industria y en Energía y el 15 % en infraestructuras. Además, en su apuesta por la transformación ecológica, Montero ha anunciado que se mantendrá el abono gratuito y la bonificación para Cercanías, Rodalies y trenes de Media Distancia en 2023.
Por último, la ministra de Hacienda también ha avanzado que el gasto en Defensa aumentará un 25 % en 2023, cifra que permite avanzar hacia el compromiso alcanzado con la OTAN de destinar el 2 % del PIB a esa partida en 2029. En concreto, el próximo año el presupuesto a esta partida aumentará un 6,5 % en 2023, cifra que se incrementa al 8,4 % si se incluyen los fondos europeos y a la que se añadirán 4.900 millones de euros de los programas especiales de modernización, la mayoría destinados a contratos con la industria nacional del sector y que, según la ministra, "contribuirán a crear 22.667 empleos de forma directa o indirecta".
Para sufragar estos gastos, los Presupuestos del próximo año prevén una mejora de la recaudación del 7,7 %, esto es, un total de 18.710 millones de euros más. Subirán los ingresos procedentes de todas las figuras tributarias: se prevé un alza del 7 % de la recaudación tanto del IRPF (hasta los 113.123 millones) como del Impuesto sobre Sociedades (28.519 millones). El IVA, por su parte, recaudará un 5,9 % más, hasta los 86.093 millones, mientras que los impuestos especiales ingresarán un 8,2 % más, hasta los 22.287 millones. Por el contrario, los ingresos no tributarios se reducirán un 2,8 %, hasta los 44.664 millones de euros.
En esta partida se incluye el paquete fiscal anunciado por el Ejecutivo la pasada semana con el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros, la bonificación en el IRPF para las rentas hasta 21.000 euros, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la reducción de los módulos para los autónomos o la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.
Recorte del crecimiento para el próximo año
Los Presupuestos son la ley más importante a la que se enfrenta un Gobierno cada año. Se trata de decidir en qué se va a gastar el dinero de los ciudadanos y hacerlo según unos cálculos previos de cómo va a ir la economía. Este año, las cuentas están elaboradas apostando por un crecimiento de la economía española del 2,1 % el próximo año, un recorte de hasta seis décimas con respecto a la anterior estimación, teniendo en cuenta el frenazo de las economías por el repunte de la inflación y la guerra en Ucrania.
Precisamente el deflactor del consumo privado, un indicador similar al índice de precios de consumo, se ha revisado al alza, del 2,9 % al 4,1 % para el próximo año. Mientras que la tasa de paro se espera que cierre por debajo del 12 % y que el número de ocupados supere los 21 millones, ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Las cuentas se han realizado basadas en el techo de gasto récord que ya se fijó hace unos meses en 198.221 millones, superior en un 1,1 % al de 2022. Este incluye 25.156 millones procedentes de los fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1 % más que el año pasado. El déficit previsto es el que ya se había marcado, en el 3,9 %, mientras que la deuda pública se espera que se reduzca hasta el 112,4 %, tras haberse disparado en los dos años anteriores por los distintos programas económicos de respuesta a la pandemia.
Previsiblemente las cuentas públicas podrían llegar al Congreso de los Diputados la próxima semana. Ese día, el Gobierno presentará el conocido como libro amarillo, en el que se exponen las principales cifras.