El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) ha solicitado este martes al Tribunal Supremo del país que intervenga en el caso de los documentos oficiales que el FBI incautó en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Los abogados del exmandatario republicano quieren que el Supremo emita una orden de emergencia para que una tercera parte revise el centenar de documentos marcados como clasificados, de los más de 11.000 que el FBI decomisó durante el registro de Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto.
En ese registro, el FBI encontró documentos clasificados y secretos que Trump presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.
En concreto, lo que la defensa de Trump pide a la máxima instancia judicial del país para frenar la investigación es que se levante la orden de la Corte de Apelaciones para el Circuito 11 de Estados Unidos, que permitió al Departamento de Justicia revisar los más de 100 documentos clasificados, de los más de 11.000, que fueron incautados en Mar-a-Lago.
En su escrito, los abogados del exmandatario sostienen que ese tribunal de apelaciones se equivocó al dejar que el Departamento de Justicia apelara una decisión previa que era procedimental por naturaleza.
Acceso a los documentos
Un panel de tres jueces del Circuito 11, con sede en Atlanta (Georgia, EE.UU.), determinó a finales de septiembre que el Departamento de Justicia pudiera acceder a todos los documentos, incluidos los clasificados, lo que supuso un golpe para la jueza federal de Florida que había apoyado la petición de Trump de que un perito especial hiciera la revisión.
Dos de los jueces de ese panel fueron nominados en su día por Trump y el tercero por el entonces presidente demócrata Barack Obama (2009-2017), aunque su decisión de garantizar el acceso de la cartera de Justicia a los documentos fue unánime.
Dado que la solicitud de los abogados de Trump ante el Supremo es de emergencia, los magistrados de la corte podrían resolver esta petición en cuestión de días.
El pasado agosto, el exmandatario pisó a una corte de Florida la supervisión sobre el registro "ilegal e inconstitucional" efectuado el pasado 8 de agosto en su casa de Mar-a-Lago (Florida), que incluía la designación de un "maestro especial" a cargo, un informe más detenido de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial.
Trump tildó el registro de "irrupción innecesaria, injustificada y antiestadounidense" y ha asegurado que "todos" los documentos que se llevó de la Casa Blanca a su residencia habían sido previamente desclasificados.