Control 24 horas sobre la actividad de los mataderos. La ganadería española se apoyará en la tecnología para asegurar el bienestar de vacas, cerdos, aves, corderos y demás animales antes de ser sacrificados, con la nueva ley que obliga a instalar cámaras de videovigilancia.
Pero negro sobre blanco, algunos mataderos y animalistas encuentran mejorable el decreto del Ministerio de Consumo. “Pensamos que no dispone de las garantías suficientes con un tema tan sensible como es que se pueda producir un delito de bienestar animal o un delito contra la salud pública”, lamenta la ONG animalista Equalia, que impulsó la propuesta.
Para la organización el principal problema está en el visionado y tratamiento de las imágenes que se graben. “Recae en el personal del matadero y no en el servicio de veterinarios oficiales de la comunidad autónoma, como nosotros pedíamos”, explica su manager de campañas, Julia Elizalde, que cree que la función podría haberse asignado incluso a un ente independiente.
El operario encargado, que deberá estar formado en materia de bienestar animal, realizará un informe en el que registre si se han detectado o no incidencias. Pero cuando hayan pasado 30 días, la grabación podrá borrarse. “En caso de que haya pasado más de un mes desde una posible irregularidad, no tendríamos acceso a las imágenes por cuestión de protección de datos. En el caso de Reino Unido se tiene hasta tres meses”, lamenta.
En este sentido, un empresario del sector también sugiere la que, considera, es la trampa del sistema pautado: donde haya impunidad, puede seguir habiéndola, con o sin cámaras. “El decreto está incompleto y se presta a seguir exactamente igual que estamos”, coincide este, que prefiere no ser identificado.
Así, el cambio es menos tajante de lo que puede parecer. Buena parte del sector hace tiempo que aplica la medida, porque así se lo exigían algunas de las grandes empresas de distribución. “No lo veo como un coste, lo veo como una inversión”, comentan desde el mayorista de carne Grup Viñas, que valora la mejora del control de calidad y de los empleados desde que se instalaron las cámaras en sus instalaciones.
Un coste ¿útil?
La normativa obliga a disponer de cámaras de videovigilancia en zonas de descarga y pasillos de conducción, así como las zonas de aturdimiento y sangrado, sin puntos ciegos y garantizando una buena calidad incluso cuando hay poca luz.
“Se está dando mucha importancia al punto de sacrificio y eso no me preocuparía tanto. Es el punto menos susceptible, porque ahí está ya todo muy mecanizado y protocolarizado”, opina Héctor Palatsi, presidente del Colegio de Veterinarios de Teruel, que apunta a otros ámbitos de mejora, como el transporte desde la explotación al matadero.
Pero el texto se centra únicamente en los mataderos, para los que detalla las exigencias técnicas del sistema de videovigilancia. Deberá estar en funcionamiento, como tarde, dentro de un año, dos años para los “pequeños”, aunque no se especifique qué se entiende como tal.
En cualquier caso, el coste de la instalación de las cámaras no está entre las críticas de la empresa de menor tamaño con la que ha hablado RTVE. Primero, porque quienes se dedican a esta fase de la producción de carne suelen tener ya cierta envergadura. Los controles sanitarios, de calidad y limpieza, ya eran estrictos antes de esta nueva ley y son necesarias buenas instalaciones, veterinarios, etc. para estar en el mercado, nos indican.
Con todo, tampoco descartan un sobrecoste para cumplir al pie de la letra con las exigencias de la ley y los inspectores —esa cámara más arriba, las imágenes más nítidas, más almacenamiento de datos…
Una ayuda al control de calidad... y de los trabajadores
Mientras tanto, el Consejo General de Colegios de Veterinarios acoge con optimismo la videovigilancia en mataderos, que ayudará a hacer más exhaustiva la inspección de salud pública de las explotaciones de carne. Y es que en España, solo en 2021 se sacrificaron hasta 58,3 millones de cerdos.
“Todo ayuda, pero también estoy seguro de que hasta la fecha ya se hacía con la responsabilidad máxima”, puntualiza Palatsi, del Colegio de Veterinarios de Teruel. “La gente se ha concienciado mucho y repetiré mil veces que al último al que le interesa [el maltrato animal] es al propietario del matadero, porque incide mucho en la calidad de la carne”.
El matadero industrial Frimancha nos confirma que la instalación de cámaras ha sido una forma de ganar confianza ante clientes —nacionales e internacionales— desde hace años. “Cuando hacen la visita a las instalaciones, les ensañas que hay cámaras y eso es una garantía de trazabilidad. No nos tenemos que esconder de nada”, afirman, porque a nadie le interesa tener un problema de seguridad alimentaria.
Cuestiones de bienestar animal y control de calidad aparte, las grabaciones tienen otra contrapartida para estas empresas: la vigilancia de los trabajadores. “Nos permite ver a distancia lo que está pasando y tener muchos ojos las 24 horas. Podemos controlar cómo se están haciendo las limpiezas o las descargas de animales, de acuerdo con las instrucciones en referencia al bienestar animal”, apuntan desde Grup Viñas. Y eso tiene un efecto en la plantilla: “si buscamos una analogía, es como un radar de tramo en la carretera. No me están vigilando, pero sí me están vigilando”.
Una iniciativa animalista contra la impunidad
Con este paso, España es ya el primer país de la Unión Europea en exigir las cámaras en mataderos, aunque Inglaterra lo hace desde 2018 y recientemente se ha sumado también Escocia. Equalia se fijó precisamente en el ejemplo inglés para iniciar una campaña que acabó denunciando la “impunidad de los casos de presuntos delitos de maltrato animal y también contra la salud pública”, con seis reportajes publicados antes de 2020.
“Buscábamos reflejar la carencia de regulación en los mataderos que llevaba a que se dieran unas situaciones como operarios cortando patas de vacas aún conscientes y vivas. Operarios entrando lotes de alrededor de 300 corderos sin identificar, con los riesgos de salud pública que ello conlleva por la trazabilidad del consumo…”, explica Elizalde.
Y se pusieron manos a la obra con la propuesta de instalación de cámaras en mataderos, que acabó concitando el acuerdo de grandes operadores como El Pozo o Carrefour, y llegó a los parlamentos autonómicos de Baleares, Navarra, La Rioja, Madrid y Comunidad Valenciana, como proposición no de ley. Por eso es ya una medida "bastante aceptada" por el sector. Pero querían llevarla más lejos.
“Existen muchos problemas de refuerzo y persecución para que la ley actual se cumpla”, razona Elizalde, sobre los motivos detrás de la campaña. “Todas las medidas que conllevar mejores y más inspecciones de forma regular serán beneficiosas tanto para el consumidor, como para las empresas, como para los animales”. Y este, nos dicen, es solo un primer paso.